“Mi marido lleva en la cárcel más
de 5 meses y aún no sabemos si tendrá
que estar uno o dos años más.
La última vez que le vi fue de lejos,
en el juicio. No me dejan visitarle
porque me consideran peligrosa,
tan solo puede viajar mi hija pequeña
una vez al mes como mucho”.
Así relataba a DIAGONAL, Moyasser,
el caso de su marido acusado
por las fuerzas de ocupación israelíes
de organizar manifestaciones
ante los asentamientos de colonos
de Nablús. Mossayer no sabe por
qué la consideran peligrosa.

El 17 de abril se celebró el Día
internacional de la solidaridad con
los presos y presas políticos de
Palestina. Miles de personas se
reunieron en las principales ciudades
de los territorios ocupados
para reivindicar la libertad de los y
las encerradas: “Mientras haya
ocupación habrá prisioneros políticos”
se afirmaba en la concentración
de Nablús.

Aunque las cifras oscilan a diario,
según la organización Addammer
y Defence for Children International
más de 7.000 presos y
presas políticos palestinos están
encerrados en prisiones israelíes,
entre ellos 63 mujeres, 340 niños y
una niña. Se estima que en los últimos
42 años de ocupación unos
700.000 palestinos y palestinas
han sido detenidos. Tribunales
militares, detenciones administrativas
indefinidas (sin cargos, ni
juicios), abusos, torturas y coacciones
son los métodos habituales
que las fuerzas de ocupación emplean
con los y las arrestadas sin
distinción de sexo o edad. De hecho,
según la organización israelí
de derechos humanos B’Tselem,
más del 85% son torturados.

Las familias también padecen las
fuertes restricciones del sistema de
visitas. Así lo confirman las declaraciones
para DIAGONAL del Comité
Internacional de la Cruz Roja
de Nablús, que se encarga de gestionar
permisos para los familiares.
“La autoridad israelí decide si la visita
puede ser mensual o trimestral
en función del grado de seguridad
que impongan”. Las gestiones de
estos permisos, sin embargo, pueden
ser prolongadas durante meses.
A lo que hay que sumar la dificultad
de cruzar los controles militares
israelíes (check point), que
son arbitrarios o pueden estar cerrados,
y que los familares de segundo
grado, como tíos o tías no
tienen derecho a visitas.

En los hogares palestinos miles
de mujeres se han quedado solas al
frente de la economía familiar. Así
lo cuenta Moyasser: “Tengo cuatro
hijas y un hijo. Estoy sufriendo mucho.
Mi marido está en la cárcel y
además tengo que encargarme yo
sola de la casa y de la educación de
mis hijas. La vida es muy cara, me
mantengo con un pequeño trabajo
que no me da mucho dinero”.

solidaridad con los presos políticos

El 17 de abril se celebro
el Día Internacional de
solidaridad con las presas
y presos políticos. En
Palestina muchas de las
exigencias giraron en
torno al derecho de visita
de los familiares, que son
sometidos a continuas
humillaciones y controles.
En Gaza desde hace
cuatro años el acceso a
las prisiones israelíes en
régimen de visita está
prohibido, una restricción
que se extiende a
muchos ciudadanos y
ciudadanas de Jerusalén
este y Cisjordania. Según
la organización DCI, cada
año 9000 palestinos y
palestinas son procesados
en dos tribunales
militares israelíes ubicados
en Cisjordania, entre
ellos hay 700 menores la
mayoría acusados de lanzar
piedras. La pena
máxima en estos casos,
es de 20 años de prisión.
La fianza casi siempre es
denegada.