BALANCE // LAS LEYES QUE REGULAN LOS CIERRES DE PÁGINAS WEB PERMITEN INTERPRETACIONES AMBIGUAS
7 años de leyes sobre/contra internet

Pese a las dos leyes que
regularían los cierres de
páginas, el marco de
intervención judicial de
las web está definido de
forma muy ambigua.

05/06/09 · 0:00
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NEUTRALIDAD DE LA RED. Imagen de la manifestación del 24 de mayo en Madrid. Julio Jurado

Hay aniversarios, por insulsos
que sean, que no
nos pueden dejar indiferentes.
Hace siete años
entraba en vigor la Ley de Servicios
de la Sociedad de la Información
(LSSI) y hace uno y medio la Ley
de Impulso de la Sociedad de la
Información (LISI), que la amplía y
enmienda. Las dos leyes que regulan
la publicación de contenidos en
la red en el Estado español y motivo
de desesperación de los proveedores
de servicios.

¿Quién puede cerrar una web?

Bienvenidos al proceloso mundo
de la indefinición. Dos leyes y ningún
acuerdo sobre quiénes deberán
ser quienes intervengan en la
clausura e intervención de las páginas
alojadas.

La LSSI dice que tendrá que ser
“el órgano competente”, que es definido
en los anexos de la ley como
“todo órgano jurisdiccional o administrativo,
ya sea de la Administración
General del Estado, de las
Administraciones autonómicas, de
las entidades locales o de sus respectivos
organismos o entes públicos
dependientes, que actúe en el
ejercicio de competencias legalmente
atribuidas”. Entonces cualquier
administración pública o juzgado,
si actúan conforme a la ley...
¿a la LSSI? Primer círculo vicioso.
Sin embargo, de su aplicación cotidiana
se deriva con frecuencia que
es el poder judicial el que procede a
investigar denuncias.

La LISI, por su parte, vuelve a insistir
en la participación de las entidades
administrativas en el bloqueo
de contenidos en la red, siempre que
no se vulnere la libertad de expresión
al ejercer acciones represivas.
Pero ¿quién decide cuándo sucede
esto? Un juez. Si un Ayuntamiento
cerrara la web, y después de que el
afectado alegue que se vulneran derechos
fundamentales, intervendría
el poder judicial. Ante semejante disparate
quizás sólo queda revisar los
avisos legales, acogerse al artículo
20 y rezar para que nadie se lo tome
en serio. Pero podría haber sido
peor, con la aprobación de la enmienda
17 bis, que confería estas facultades
a entidades como la SGAE.

El delirio continúa

Una vez ¿aclarado? quién puede
intervenirte una web, el delirio sigue.
La LSSI establece la obligación
de los proveedores de retener
datos (logs) durante un año, que
luego resultarán ser seis meses
(¿en qué quedamos?), y, a la vez,
el “deber de los proveedores de colaborar”.
Pero, ¿quién puede pedir
los logs? ¿Sólo un juez?, ¿la policía
judicial?, ¿un Ayuntamiento?
Si alguien lo averigua, agradeceremos
la aclaración.

Pero la realidad se impone.
¿Cuál es el procedimiento más frecuente?
Pongamos que nos mantenemos
estrictos y apegados al protocolo
de lo jurídico: “Sólo atendemos
a solicitudes mediadas por orden
judicial”. ¿Qué cree que hará
la policía? ¿Mandarla? No. Llamará
por teléfono. Como Pedro
por su casa: “Que si me pueden
dar los datos de fulana de tal”. La
familiaridad te lleva a pensar que
en los proveedores gratuitos les
conocen por el nombre de pila. Si
insistes, tal vez te manden un fax,
y sólo cuando te cabreas, llega el
burofax. A veces, éste último te cita
ante la propia policía judicial,
que a veces pide lo que no debe,
que a veces no sabe lo que pide, y
que se suele enfadar si te niegas a
comparecer. Finalmente, acabas
en manos de un juez. Da gracias
si te pone sobre la mesa el colmo
del absurdo y la ambigüedad que
son la LSSI y LISI, y no te aplica
la ley de prensa; si sabe lo que es
un proveedor de servicios y no te
confunde con la página alojada;
si sabe algo de lo que te pregunta.
A día de hoy, con estas dos leyes
en la mano, la mayoría de los
cierres cautelares de webs (pocos,
pese a todo: predomina la
muerte del proyecto por asfixiamulta)
han estado relacionadas
con demandas por delitos contra
el honor y pederastia.

Eso sí, seamos positivos, todavía
podría llegar una tercera ley que
añada más confusión.


¿TODO APOYO ES VÁLIDO?

R. FERNÁNDEZ (MADRID)

Te asusta el futuro de
internet. Temes que el
último espacio social con
libertad casi plena acabe
en manos de intereses
privados. Así que te
manifiestas. Y, de sopetón,
la aritmética partidista
te enreda un lío moral
desconcertante. Ahí,
delante del Ministerio de
Cultura, en la manifestación
del 24 de mayo, hay
un señor de Nuevas
Generaciones. Si la derecha
española ataca a la
SGAE, ¿deberías defenderla
tú? Tranquila. Tranquilo.
No te abandones a
la esquizofrenia. Sólo
eres testigo de un fenómeno
habitual en las
luchas sociales. No siempre
los enemigos de tus
enemigos van a ser tus
amigos. ¿O creías criticar
a González-Sinde sin la
admiración de la derecha
social? Una polémica en
la que se han visto colectivos
como el Hamlab del
Patio Maravillas (Madrid)
o la eXgae por el apoyo a
este acto

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