CATALUNYA
600 euros de multa por maltratar a un detenido

Los golpes y patadas que cuatro mossos
d´Esquadra propinaron a un
detenido en una comisaría han merecido
sólo una multa de 600 euros
para tres de ellos y la absolución de
un mando, el cuarto agresor. Es la
sentencia de la primera instancia judicial
que ha juzgado estos malos
tratos, recogidos en una grabación
de vídeo y cuya filtración a los medios
de comunicación, en marzo de
2006, provocó un escándalo.

25/06/09 · 0:00
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Los golpes y patadas que cuatro mossos
d´Esquadra propinaron a un
detenido en una comisaría han merecido
sólo una multa de 600 euros
para tres de ellos y la absolución de
un mando, el cuarto agresor. Es la
sentencia de la primera instancia judicial
que ha juzgado estos malos
tratos, recogidos en una grabación
de vídeo y cuya filtración a los medios
de comunicación, en marzo de
2006, provocó un escándalo.

La Sección Séptima de la Audiencia
Provincial de Barcelona, presidida
por la magistrada Ana Ingelmo,
considera que no ha habido delito y
les condena por una falta de lesiones
y por excederse en el uso de la
fuerza. Además, impone una indemnización
solidaria de 1.610 euros para
el detenido. Y eso que la sentencia
constata que la reducción del detenido
no se ajustó a derecho y que
fue desproporcionada la violencia
utilizada para sujetar a Rubén Pérez.
A los tres agentes condenados –Cristian Brieto Ferrer, Adrián López
Pujol y Víctor Areste Barrachina–
se les observaba en el vídeo abalanzándose
sobre el detenido y propinándole
diversos golpes y patadas
hasta reducirlo. El agredido afirmó
en la vista oral, celebrada el pasado
mayo, que perdió la conciencia y se
defecó encima. Se da la circunstancia
de que los agentes fueron denunciados
por la propia Conselleria de
Interior, que había instalado cámaras
ocultas tras el elevado número
de denuncias por maltrato que se registraban
en la comisaría barcelonesa
de Les Corts. Tras recoger el fallo,
los agentes, abogados y allegados
brindaron con cava en un bar
próximo a la Audiencia Provincial.

Los abogados de la acusación popular,
integrada por Acción de los
Cristianos por la Abolición de la Tortura
y la Associació Catalana per a
la Defensa dels Drets Humans, ya
han anunciado que recurrirán la
sentencia que estiman injusta. Tanto
la acusación particular como popular,
así como la propia fiscal, habían
exigido penas de prisión por delitos
contra la integridad moral y falsedad
documental.

Los sindicatos policiales han intentado
convertir la condena leve –a
pesar de que la sentencia es taxativa
respecto al uso desmedido de la
fuerza– en prácticamente una absolución,
solicitando la dimisión de
Joan Saura, máximo responsable de
Interior. El próximo julio finalizará
la instalación de las más de 2.000 cámaras
en las zonas de custodia de
las comisarías catalanas.

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