6 de diciembre, fiesta “nacional” en conmemoración del referéndum de 1978. La pregunta de entonces se resumió lacónicamente: «¿Aprueba el Proyecto de Constitución?». En el paquete iban nada menos que 169 artículos. La respuesta: un sí por casi el 90 %, pero con un 41 % de abstención. Hubo mayoría pero no abrumadora.

Si la redacción de la Constitución respondió a algo parecido a un proceso constituyente es todavía difícil saberlo. El primer borrador fue negociado por siete hombres maduros que se pasaron entre el verano de 1977 y el siguiente invierno viéndose a solas y a puerta cerrada. Los 'padres de la Constitución' trabajaron en representación de los principales partidos de la época: UCD, PSOE, AP, PCE y los catalanes de Convergència. Sobre el debate parlamentario que le siguió, apenas se puede decir que tuviera más impacto social que las polémicas en torno a los agravios de los viejos poderes. La Iglesia reclamó sus privilegios en materia de educación, finalmente recogidos en la llamada libertad de elección de los padres. Y la patronal se mostró indignada ante los desvíos comunistizantes de algunos artículos, finalmente dejados en el barbecho del capítulo III sobre los Principios Rectores de la política social y económica. Para que el debate social no fuera a mayores, aquella primavera del 78, Abril Martorell y Alfonso Guerra pasaron largas noches de restaurante “consensuando” por todos (¡qué loable trabajo!), los aspectos más escabrosos del texto.

¿Fue la Constitución de 1978 el llamado “pacto político” de todos los españoles? Quizás en la imaginación de algunos, seguro en la imaginería del régimen. Que el resultado es extremadamente pobre en términos democráticos, al menos dentro de la larga historia del constitucionalismo europeo, se puede corroborar cotejando nuestro texto con el primer artículo de la coetánea Constitución portuguesa de 1976: “Portugal es una República soberana, basada en la dignidad de la persona humana y en la voluntad popular y empeñada en la transformación en una sociedad sin clases”. Tal cual.

Resulta curioso que hoy, pasado ya lo “peor” del 15M, enfilado el nuevo reparto parlamentario, establecido (casi) el nuevo sistema de partidos, se nos repita la necesidad de un nuevo pacto, de una Segunda Transición. Según parece, bastaría con dar unos retoques al texto y volver al espíritu del 78. A corroborar el frame (o el “marco”, por hablar menos pijamente), ha venido Podemos, siempre atento a los giros y contra-giros de la hegemonía. Y alegres, como jóvenes hombres de Estado que se pretenden y son, nos dicen estar dispuestos a asumir su participación en la nueva reforma constitucional. Cinco propuestas y un nuevo pacto en el que todos los españoles recuperemos la concordia y las ganas de ser y hacer país. ¡Cuánto recuerda todo esto a Carrillo y a su posición de asumida y sacrificada subalternidad tras los resultados electorales de 1977! Y eso que todavía no hemos pasado el rubicón del 20D.

Por no entretenernos, dos cuestiones. El año que viene nos han prometido un baño de reforma constitucional. En ello están Ciudadanos, el PSOE y progresivamente también el PP. El contenido de la reforma no va a ir más allá de tres puntos: reforma fiscal y reconocimiento nacional de Cataluña, cuatro declaraciones sobre transparencia y democracia y una leve reforma de la judicatura. No obstante, los otros dos “ejes” propuestos por Podemos (derechos sociales y reforma electoral) también son fácilmente asumibles en términos retóricos (formales) para la mayoría del arco parlamentario. Al fin y al cabo, una constitución es sólo papel mojado si no actúan aquellas fuerzas sociales (y no sólo políticas) capaces de sostener su articulado. Se trata de la vieja distinción entre constitución formal y constitución material. Sobra decir, que es esta última lo único que importa y lo que nos remite inevitablemente a nuestro problema: la construcción de esas mismas fuerzas materiales capaces de imponer la “constitución” en términos progresivos. Cuando se trata de normas de orden superior y de la propia estructura del Estado, el margen para la “reinterpretación” y la “resignificación” (así como de todos los jueguecitos del discurso) es escaso.

Segundo, la reforma constitucional (precisamente por ser reforma) sólo es y sólo puede ser una vía de regeneración del régimen transicional de 1978, con su partidocracia, sus estrechísimos márgenes a las vías directas y semidirectas de participación, su escaso reconocimiento de los municipios como instancias de autogobierno, su rigidez a los cambios constituyentes, etc. La propuesta de proceso constituyente iba en el sentido de romper estos corsés y abrir un proceso amplio, social y abierto de discusión sobre lo que es y no es democracia. Sin constituyente, la Segunda Transición será, con seguridad, una reproducción paródica y aun más inestable que la primera.

Concluyendo... El 6D nos ha devuelto a un debate que se sostiene desde el 15M y que todavía seguimos sin resolver. Se trata de algo tan sencillo cómo pensar los tiempos políticos y las posibilidades que ha abierto nuestra época. En forma de disyuntiva: o bien estamos en un ciclo corto, lo que supone elecciones, recambio de actores, nuevos pactos y la vuelta a una presunta normalidad; o bien estamos en un ciclo largo, lo que nos plantea la necesidad de construir un sujeto político nuevo y de ruptura. El debate sobre la Constitución refleja esta bifurcación con todo su dramatismo (y también comicidad).

Si se asume el marco de reforma, no tardaremos en ver a Podemos al igual que antes veíamos al PCE: “hacedor” de grandes pactos, estabilizador de la democracia y enterrador de un potente ciclo de movilización; sólo que ahora en medio de una tormenta que viene empujada por el neoliberalismo financiero, la descomposición de Europa y la crisis terminal de sus clases medias, esto es, sin estabilización posible. De ahí, el inevitable patetismo que rezuman todas las “declas” sobre el sentido y la responsabilidad de Estado.

Si, por el contrario, se rechaza el marco de reforma, nos enfrentamos a un reto más interesante. Nos vemos obligados a pensar un proyecto político a medio plazo, a tomarnos en serio la palabra democracia y a esforzarnos en construir organizaciones fuertes y consistentes, en otras palabras, a hacer política a la altura de nuestra época. Si este es el caso, habremos de decir muy bien a las elecciones del 20D, pero ¿reforma constitucional? Ni medio minuto para tomárnosla en serio.