Foto: Edu León

Si te detienen y te presentan ante un
juez acusado de haber cometido un
delito, éste tiene que decidir, en espera
del juicio, qué hace contigo.
Para ello la ley prevé un abanico de
medidas cautelares que van desde
la prisión preventiva, que es la medida
más dura, hasta la menos lesiva,
la libertad provisional.

La Constitución española dice que
todas las personas tienen derecho a
ser consideradas inocentes hasta
que no se pruebe lo contrario. Es decir,
hasta el día del juicio, y hasta que
se considere probada la acusación
eres inocente y tienes derecho a ser
tratado como tal. Pero, si el juez ha
decidido que permanezcas en la cárcel,
el día del juicio podría demorarse
hasta cuatro años: la prisión provisional
puede alargarse hasta dos
años ampliables en otros dos. Y
mientras tanto, en la mayoría de los
casos, la realidad es que estarás esperando
tu turno tras las rejas a no
ser que consigas una libertad provisional
bajo fianza, que en el caso de
los extranjeros, casi nunca se concede
dado el alto riesgo de fuga que,
consideran, se da en estos casos.

El Estado español, que es el país
de Europa con más presos por cada
cien mil habitantes –pese a tener
una de las tasas de criminalidad más
bajas– cuenta con una quinta parte
de la población reclusa en situación
de prisión provisional. Es decir que
de las más de 76.000 personas que
se encuentran presas, en torno a
16.000 están pendientes de una condena
firme. Por comunidades autónomas,
Canarias se encuentra a la
cabeza, con un 56,5% de presos preventivos
a fecha de enero de 2010,
según datos ofrecidos en su página
web por el sindicato de funcionarios
de prisiones ACAIP. Le siguen Madrid,
con un 50,2%, Cataluña, con un
26%, y Andalucía, con un 21,6% de
presos preventivos.

Según ha manifestado recientemente
en la prensa el abogado y magistrado
excedente Javier Gómez de
Liaño, uno de los principales profesionales
que viene denunciando esta
situación desde hace tres décadas,
“algo falla en la justicia española, y
algo de ese algo quizás sea la escasa
prudencia y la no menos mesura de
algunos jueces en el uso de la prisión
provisional… la superficialidad con
que se decreta y mantiene de modo
incondicional, es decir, sin posibilidad
de eludirla mediante otras medidas
cautelares alternativas”. No hay
que olvidar que los presos preventivos
habitualmente padecen más
intensamente el encarcelamiento
que los culpables penados, ya que los
centros de preventivos suelen ser los
de peores condiciones, más viejos y
masificados, con menos actividades
de reinserción social, laborales o culturales.

Además, su encarcelamiento
es total, sin permisos de salida, sin
actividades exteriores, y sin ningún
otro beneficio penitenciario [ver recuadro].
Los preventivos, según estudios
realizados, tienen un índice de
suicidio más elevado que el resto.
En un momento en que el hacinamiento
de los presos –en algunos
centros concebidos para mil reclusos
rozan los 2.000– se ha convertido
en uno de los principales argumentos
para justificar, por parte del funcionariado
penitenciario, que en las
cárceles españolas no se cumpla la
Ley Penitenciaria, se olvidan otras
medidas alternativas a la cárcel. En
el Estado español, donde no existe
un equivalente a un control de calidad
de las resoluciones que dictan
los jueces, se está abusando de la prisión
preventiva desde hace años, resultado
de la alarma social y del populismo
punitivo. Según denuncia
Gómez de Liaño existen “juzgados
de Instrucción con más de cien y hasta
200 presos preventivos”.

Criterios arbitrarios

En este caso, el argumento económico
también pesa a favor de utilizar
más las alternativas al encarcelamiento
preventivo: mantener a una
persona presa en el Estado español
cuesta de media 54,79 euros al día.
El presupuesto global para prisiones
en 2010 es de casi 1.250 millones de
euros. Las medidas alternativas a la
prisión, entre ellas, el arresto domiciliario,
el control electrónico, el confinamiento
en un territorio, las órdenes
de alejamiento o la comparecencia
periódica ante las autoridades,
tan sólo supondrían tres euros por
persona y día aproximadamente.
Hace unos meses, un informe galardonado
con el II Premio de Investigación
en Derechos Humanos que
otorga la Generalitat, obra del abogado
Eduard Ibáñez [ver entrevista],
estimaba, basándose en diferentes
estudios parciales y en la comparación
de ciertas estadísticas, que “entre
el 20% y el 50% de las personas
que son encarceladas provisionalmente
en España son exoneradas o
absueltas. En el caso de las personas
que son detenidas policialmente, la
cifra podría rondar también el 50%”.
El informe concluía afirmando que
la ley española sobre la materia está
lejos de respetar las garantías penales
y procesales propias de un estado
de derecho y da pie a su aplicación
en base a “criterios arbitrarios” por
parte de los jueces.

Según denuncia la asociación de
familiares de presos, Afaprema,
“un caso puede terminar con una
sentencia muy diferente según el
juez que te toque, o incluso puede
variar el que una persona pueda
empezar o no en la cárcel".