Por un “defecto burocrático”
Otro retraso en la causa contra el Franquismo

La declaración de las víctimas, previa a las imputaciones, se pospone entre dos semanas y un mes.

, Madrid
07/05/13 · 14:39
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Madrid, 2011, concentración contra la impunidad de los crímenes franquistas. En el centro, Darío Rivas, uno de los querellantes. / Álvaro Minguito

Es la última oportunidad de las víctimas del Franquismo para ver satisfechas sus demandas ante la justicia, pero el proceso aún tiene que salvar algunos escollos. El último, un defecto “burocrático” que ha impedido la celebración de la prueba testimonial con la que doce víctimas iban a prestar declaración ante la jueza argentina María Servini, encargada de la querella interpuesta en Buenos Aires el 14 de abril 2010. La justicia argentina, gracias al principio de justicia universal que contempla la constitución del país, tiene competencia para abrir una causa judicial contra los responsables de delitos de lesa humanidad. En el caso de las víctimas del Franquismo, el juzgado federal número 1 de la capital argentina investiga los crímenes contra la humanidad cometidos por autoridades de la dictadura desde el 17 de julio de 1936 hasta el 15 de junio de 1977. El último paso de este proceso judicial consiste en la toma de declaración de un grupo de querellantes: familiares de fusilados, de víctimas de desapariciones forzadas, trabajo esclavo, torturas y niños robados.

“confirmamos la asistencia de las víctimas, pero cuando fuimos al consulado nos dijeron que no tenían noticia alguna de ese trámite” La escucha de los testimonios por parte de la jueza Servini constituye el paso previo a las posibles imputaciones de responsables y a la posterior emisión de órdenes internacionales de arresto contra los mismos en caso de que la jueza decida imputarlos. Pero de momento, la querella se ha estancado en el paso de las videoconferencias –método escogido para prestar declaración desde Madrid– debido a la demora de un trámite administrativo, según intuyen los abogados del caso. “Sabemos que la jueza solicitó las videoconferencias al Consejo Superior de la Magistratura de Buenos Aires, y se hicieron todos los trámites”, señala Ana Messuti, abogada argentina que lleva el caso desde España. Servini fijó el 25 de abril como fecha en que debían testimoniar los tres primeros testigos. A partir de ahí, la notificación debía pasar del juzgado al Consejo Superior de la Magistratura y, posteriormente, al Ministerio argentino de Exteriores para que notificara el trámite de las videoconferencias al consulado argentino en Madrid, el lugar donde debían realizarse. “Noso­tros confirmamos la asistencia de las víctimas, pero cuando fuimos al consulado nos dijeron que no tenían noticia alguna de ese trámite”, añade. Por tanto, las víctimas no pudieron dar su testimonio el pasado jueves y, ahora, todo el proceso se pospone entre 15 días y un mes. A pesar de los contratiempos, Messuti tiene claro que este paso se va a realizar: “No se puede contradecir la orden de un juez federal, conllevaría un conflicto”.

Para la primera ronda de declaraciones estaban propuestos tres testigos: Pablo Mayoral Rueda, condenado a 30 años en la misma causa que dictó pena de muerte a los cinco últimos fusilados del Franquismo, ejecutados el 27 de septiembre de 1975; Merçona Puig Antich, hermana de Salvador, asesinado a garrote vil en la cárcel modelo de Barcelona el 2 marzo de 1974, y Fausto Canales, hijo de un fusilado en Pajares de Adaja, Ávila, cuyos restos fueron trasladados en 1959 al Valle de los Caídos sin el consentimiento familiar. En total, son doce las víctimas que a lo largo de cuatro sesiones relatarán su calvario ante la jueza argentina. La interrupción del proceso ha hecho mella en su paciencia, ya que esperan desde hace décadas verse delante de un tribunal que escuche sus demandas. “Somos un colectivo de víctimas que estamos olvidados”, denunció Fausto Canales, querellante, en la rueda de prensa que explicó el estado de la querella la semana pasada. Para visibilizar su lucha, Canales anunció la puesta en marcha de una Iniciativa Legis­lativa Popular (ILP) con la que buscarán apoyos por diferentes lugares. “Iremos por todo el país, que es donde están los desaparecidos en fosas y cunetas”. “Espera­mos que los diputados nos apoyen”, sugirió en referencia a los parlamentarios que les acompañaron en la rueda de prensa, entre los que estaban Gaspar Llamaza­res, de IU, y Joan Tardà, de ERC.

Intervención del querellante Fausto Canales durante la rueda de prensa de Redaqua del 23 de abril de 2013

Imputaciones

El último viaje a Buenos Aires de los abogados Carlos Slepoy y Ana Messuti, del equipo de juristas que integran la querella, sirvió para solicitar la internacionalización de la causa. “Pedimos a la jueza que solicite a los consulados argentinos de todo el mundo que acepten las denuncias que les presenten las víctimas del Franquismo”, explica Messuti. “Sabemos que hay víctimas en otros lugares”, añade y, de este modo, se les facilitarían los trámites para sumarse a un proceso judicial que ya reúne a 150 querellantes –víctimas directas o familiares– y más de 5.000 apoyos entre denunciantes y adherentes –particulares e instituciones públicas, como ayuntamientos, y entidades privadas que dan su apoyo a la querella por tratarse de una investigación de crímenes contra la humanidad–. Asimismo, los abogados presentaron un escrito con el que solicitan las imputaciones de exministros franquistas miembros de los Consejos de Gobierno donde se confirmaban las penas de muerte, guardias civiles y policías de la brigada político social. Entre los nombres que los querellantes, reunidos en la red ciudadana Aqua, solicitan para su imputación están los de los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, suegro del actual ministro de Jus­ticia, Alberto Ruiz Gallardón, y miembro de la fundación Francisco Franco, y Juan Antonio González Pacheco, ‘Billy el niño’, miembro de la brigada político social, entre otros.

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