La magistrada titular del juzgado de instrucción número 4 de Sabadell ha denegado la mañana del jueves  la petición de la fiscalía de desalojar a las once familias que viven en el tercer bloque ocupado por la PAHC (Plataforma de Afectados por las Hipotecas y la Crisis) en Sabadell. El edificio propiedad del SAREB, la sociedad pública conocida como 'banco malo' porque se creó para comprar con dinero público los activos tóxicos de las entidades financieras, fue recuperado por la PAHC hace tres semanas y, a día de hoy, acoge once familias sabadellenses que no han podido encontrar ninguna solución a su problema habitacional a través de la administración pública.

En el auto, la jueza arguye que el derecho a la propiedad privada está limitado por su función social según el artículo 33.2 de la Constitución Española, y añade que los intereses individuales no son los únicos que rigen la definición de la propiedad privada, sino que ésta se ha de compaginar con los intereses de la colectividad. En este sentido, continúa afirmando que la SAREB ha desistido de la función social ya que no ha realizado ninguna actividad para dar uso al edificio, no ha efectuado acciones para la conservación del bloque tal como le obliga la Ley de Urbanismo y, además, ni siquiera ha hecho nada para recuperar la posesión del bloque, más allá de presentar la denuncia. La contundencia aún va más allá, y la magistrada afirma que la ocupación no comporta ningún perjuicio para el 'banco malo', mientras que desalojar a las familias significaría dejarlas en la calle, más aún cuando la presentada como parte al caso ha acreditado con un informe de los servicios sociales que no tiene ningún ingreso.

Gracias a la presión

La contundencia de la jueza no se entiende sin la campaña de presión que la PAHC ha sacado adelante para proteger el tercer bloque que esta plataforma ha recuperado en Sabadell para su uso social. 70 entidades -entre partidos nacionales y locales, asociaciones de vecinos y organizaciones sociales y políticas de todo tipo- se habían adherido a la petición, trasladada el lunes al Juzgado, de no hacer efectivo el desalojo. La mañana del jueves una rueda de prensa masiva donde han visualizado estos soportes y han denunciado que una entidad participada con el 45% de dinero público como el banco malo se dedique también a "desahuciar familias que ya han sido desahuciadas en lugar de poner a disposición de las familias pisos en régimen de alquiler social 'en el que han calificado como un' despropósito criminal sin precedentes ".

Los portavoces de la PAHC de Sabadell han recordado que el empleo se ha sacado adelante para que las familias que viven "puedan ejercer su derecho humano y constitucional a la vivienda" que han considerado que está siendo vulnerado "por una clase política incapaz de incorporar las demandas de mínimos de la PAH y por una banca criminal que está siendo rescatada por enésima vez con la constitución del SAREB". Incluso el Gobierno local, a través de su concejala Marta Farrés, ha reconocido no tener recursos para poder hacer frente a "la emergencia habitacional en la que nos encontramos" y ha invitado a la SAREB a sentarse con la PAHC y negociar alquileres sociales para las familias que viven en el bloque.