Las últimas declaraciones del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, anunciando que el actual sistema de plazos de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, en vigor desde 2010, será sustituido por un “sistema de indicaciones”, han sublevado tanto a asociaciones feministas, como a profesionales en salud sexual y reproductiva, y a personas expertas en políticas de igualdad, que acusan al Gobierno de doblegarse ante los dictados de la Conferencia Epis­copal. Para Soledad Murillo, profesora de la Universidad de Sala­manca y miembro del Comité de la Cedaw (Convención de la ONU sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las Mujeres), es “impresentable e indecente” que el único punto del programa electoral que vaya a cumplir el Gobierno es el de “controlar el cuerpo de las mujeres”. Desde que es titular de Justicia, Gallardón ha adelantado posibles modificaciones y distintas fechas de presentación de su reforma que no han llegado a cumplirse. Según Murillo, “tenía congelado el proyecto hasta que la Conferencia Episcopal le ha llamado al orden”.

Gallardón “tenía congelado el proyecto hasta que la Conferencia Episcopal le ha llamado al orden

En este sentido, la feminista Empar Pineda, portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Emba­razo (ACAI) en Madrid, sostiene que “la Iglesia está en el Gobierno y sólo se preocupa de dar la razón a la Conferencia Episcopal, a la Iglesia y al Papa, claramente antiabortista”, y lamenta que no escuche a los grupos cristianos de base ni a las mujeres católicas que están a favor del derecho a decidir. En su opinión, la ultraderecha no soporta que se reconozca el derecho de las mujeres a decidir, aunque sea en las primeras 14 semanas y “se lo van a poner muy difícil a las menores que necesiten abortar y no puedan decírselo a sus padres porque tendrán que hacerlo en malas condiciones y recurrir al aborto clandestino”, agrega.

Por su parte, la escritora, feminista y activista por la igualdad Beatriz Gimeno asegura que, tras la sentencia favorable del Tribunal Constitucional al matrimonio homosexual, “tienen que dar algo a la extrema derecha y a la Conferencia Episcopal ya que el PP asumió el matrimonio igualitario como irreversible”. Gimeno explica que el aborto se ha convertido en el “punto nodal” de dos visiones completamente opuestas del mundo y los conservadores no cejan porque lo que está en juego va mucho más allá del aborto. No tiene que ver con el embrión –aclara la escritora–, sino con la autonomía y la situación de las mujeres, con las relaciones entre mujeres y hombres. En su opinión, con la “contrarreforma” habrá que pagar más dinero para abortar e incluso viajar al extranjero, y ve posible que aparezcan clínicas clandestinas en donde se abortará de manera mucho más peligrosa y precaria. “Cuando una mujer decide abortar, aborta, y más en una sociedad como la actual donde la mayoría de la gente tiene la información necesaria como para saber que cruzando a Francia o a Inglaterra, con vuelos a 20 euros, puede hacerse”, asevera Gimeno.

Vuelta al Franquismo

Soledad Murillo recuerda que el aborto es uno de los derechos humanos de las mujeres reconocido por la ONU en el marco del derecho a la Salud. Asegura que la ley actual no es permisiva y que la reforma de Gallardón nos igualaría con países fundamentalistas, ya sean islámicos o católicos, porque “tenemos un solo partido que aglutina a todas las posiciones de la derecha y de la ultraderecha. Tenemos una ley severa que no permite hacer apología del terrorismo y, del mismo modo, no podemos permitir hacer apología de la misoginia.” Esta experta en igualdad encuentra similar el retroceso que vive el Estado español con el de Italia con la derecha en el poder y “la desvirtualización” de la imagen de las mujeres. “Nuestro primer declive fue quitar el Ministerio de Igualdad, confundiendo instituciones con personas, porque es un error considerar la igualdad dentro de una relación de tráfico de favores”, explica Muri­llo. En su opinión, así empezó “la falta de discurso y se fue perdiendo autoridad moral”, después la derecha se encargó de “intoxicar el discurso y aparecieron los ataques con términos como femi­nazi, y, ahora mismo, hemos pasado de ser un país pionero en políticas de igualdad a tener una pésima imagen en el exterior”. Un retroceso así, según Soledad Murillo, sólo se da en lugares donde ha habido una catástrofe natural o en lugares de conflicto.

Malformación del feto

Por otro lado, la profesora Murillo cree que este Gobierno no está a la altura de la ciudadanía, que, en general, prefiere la Ley actual. Asimismo, resalta que la mayoría de las votantes del PP están de acuerdo con permitir abortar en caso de malformación del feto, “cuando se sabe que el bebé no prospera y va a tener una vida limitada”. Algo que puede haber influido en los titubeos que aparentemente acechan al partido en el Gobierno sobre el alcance de la reforma. El lunes 13 el presidente Rajoy evitaba referirse al asunto, seis días después de que el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, admitiera la existencia de "distintas voces" dentro del partido.

Sin embargo, expertas en igualdad y feministas temen que el debate sobre el supuesto de malformación sea una mera estrategia para desviar el verdadero centro de atención porque, según Beatriz Gimeno, “el aborto tiene que ver con la igualdad de género, con la libertad sexual, con el disfrute del propio cuerpo" e incluso con el papel de los gobiernos en las vidas de los ciudadanos.

Acerca de la malformación, Murillo subraya que “lo grave es que no hay servicios públicos para cuidar a estos niños en este breve periodo de tiempo”. Sobre este supuesto, que estaba reconocido en la regulación de 1985, anterior a la ley actual, Beatriz Gimeno se manifiesta en contra: “Yo soy una persona con discapacidad y pienso que usar la discapacidad para dar permiso al aborto manda un mensaje terrible a la sociedad: el de que las personas con discapacidad valemos menos”, declara. Para Gimeno, la manera de acabar con este supuesto es que las mujeres puedan legal y libremente decidir si quieren o no abortar porque los motivos que la llevan a esta determinación sólo le incumben a ella. Por su parte, Empar Pineda acusa a Gallardón de insinuar que las mujeres que abortan por motivos de salud no aportan certificación médica “y manifiesta el temor de las clínicas ante posibles ataques de la derecha porque asegura que el Gobierno está alentando a los grupos antielección a acosar a las mujeres. “Nos estamos preparando para que vuelvan los escraches, que parece que se han inventado ahora, pero a las mujeres las han acosado e insultado a las puertas de las clínicas, incluso lanzando piedras a las instalaciones”.