sentencia pionera
Delegación de Gobierno, condenada por sancionar a un manifestante

El derecho fundamental a la presunción de inocencia es la clave de la condena a Delegación de Gobierno en Madrid por identificaciones indiscriminadas durante una concentración.

, Redacción Web
26/06/13 · 14:00
Identificación policial en Madrid. / Olmo Calvo

Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha condenado a Delegación de Gobierno de Madrid a cubrir las costas del juicio por vulnerar los derechos fundamentales en el transcurso de una manifestación. El juzgado ha valorado los testimonios presentados por J.L.S.G. y se ha amparado en la presunción de inocencia para dictar la primera sentencia que cuestiona la práctica de identificaciones indiscriminadas que ha impulsado la oficina que encabeza Cristina Cifuentes (PP).

"Lo que está reconociendo el tribunal es que la versión de los hechos del demandante tiene más credibilidad que la presentada por Delegación, se ve que hubo una identificación indiscriminada", ha explicado a DIAGONAL, la abogada de la Comisión Legal Sol. El demandante considera que ha quedado acreditado que se han vulnerado sus derechos fundamentales por parte de Delegación, y cree que esta resolución puede ser útil en dos sentidos: por un lado "esto tiene que animar a la gente a saber que está en su legítimo derecho a manifestarse en el espacio público", por otro, "tiene que ser un punto de inflexión para que cese la represión administrativa impulsada por Cifuentes, que ha supuesto que más de mil personas hayan sido multadas desde el 15M". En tercer lugar, el demandante también ha querido reconocer la "labor titánica de la comisión legal de Sol" que ha dado como resultado esta sentencia pionera. La comisión Legal Sol junto con la Asociación Libre de Abogados (ALA) tienen actualmente en curso más de 50 procedimientos en defensa de los derechos fundamentales.

En este proceso, se juzgaban las identificaciones durante una concentración de apoyo a los acusados de detener el metro usando los frenos de emergencia como reivindicación contra la subida del transporte en abril de 2012. Al grito de "Yo también tiré de la palanca", un centenar de personas se concentraron en una zona peatonal de la Puerta del Sol. Durante los primeros minutos de la convocatoria, varios agentes de la Policía Nacional identificaron a los concentrados, lo que posteriormente se tradujo para muchas personas en peticiones de multa. La sentencia explicita, en base a la presunción de inocencia, que los cuerpos de seguridad del Estado se excedieron en el ejercicio de su actividad y que la orden dada por Delegación vulneró un derecho fundamental de J.L.S.G.

Sentencia del Juzgado Contencioso-administrativo nº 20 de Madrid por la que se estima la demanda formulada por Legal Sol.

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comentarios

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    06/07/2014 - 12:26pm
    <span data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" data-reactid=".3j.1:3:1:$comment1416273425306436_1441651816101930:0.0.$right.0.$left.0.0.1:$comment-body"><span class="UFICommentBody" data-reactid=".3j.1:3:1:$comment1416273425306436_1441651816101930:0.0.$right.0.$left.0.0.1:$comment-body.0"><span data-reactid=".3j.1:3:1:$comment1416273425306436_1441651816101930:0.0.$right.0.$left.0.0.1:$comment-body.0.$text1:0:$0:0">La PRESUNCION DE INOCENCIA está resucitando en España</span> <span data-reactid=".3j.1:3:1:$comment1416273425306436_1441651816101930:0.0.$right.0.$left.0.0.1:$comment-body.0.$text2:0:$2:0">El derecho fundamental a la PRESUNCION DE INOCENCIA es la CLAVE de la condena a Delegación de Gobierno en Madrid por identificaciones indiscriminadas durante una concentración. &quot;&nbsp; </span><a class="profileLink" data-reactid=".3j.1:3:1:$comment1416273425306436_1441651816101930:0.0.$right.0.$left.0.0.1:$comment-body.0.$range2:0" dir="ltr" href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=630574460329004&amp;set=a.129874877065634.40141.100001293676806&amp;type=1" target="_blank">https://www.facebook.com/photo.php?fbid=630574460329004&amp;set=a.129874877065634.40141.100001293676806&amp;type=3&amp;theater</a></span></span>
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    Ernesto
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    01/07/2013 - 2:08pm
    Bien,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; desconozco si las organizaciones defensoras de los DD.HH. -juntas mejor que separadas- han denunciado al ministerio del Interior -varios titulares del mismo- por las violaciones de los contenidos de los acuerdos internacionales de los cuales España es signataria. Las identificaciones a extranjeros -racismo social, legal y económico en aplicación- junto a otros como la cobertura policial a los desahucios. El delito cometido por los bancos o la legislación contraria a la defensa de los DD.HH. se completa, en uno y otro caso, con la participación de las fuerzas represoras, dirigidas políticamente por los gobiernos de turno.<br />Ningún titular y menos funcionarios de los gobiernos, como tampoco los parlamentos y parlamentarios integrados en partidos políticos, han denunciado con la consecuencia y la perseverancia a ellos exigible, la comisión de tales irregularidades. La fuerza pública está precisamente, para lo contrario en esos dos casos, pero hay mucho más como todos sabemos.<br />&nbsp;Es importante iniciar a estas alturas, esas acciones que convoquen a otros colectivos a la movilización por temas que hacen a las necesidades más inmediatas de las personas. Sólo sugiero una posibilidad.<br />Un besoabrazo.&nbsp;<br />
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    Ernesto
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    01/07/2013 - 1:35pm
    No tengo información sobre el hecho consecuente: si las organizaciones defensoras de los DD.HH. juntas o por separado -sería mejor lo primero- han denunciado al ministerio del Interior -varios titulares del mismo- por estas acciones que violan el contenido de tratados internacionales que España como país ha firmado. Entiendo que las consecuencias serían mediáticas&nbsp;-cosa estimable- pero demás, abriría un camino a acciones más generales contra esas situaciones. También depende del ministerio del Interior el cumplimiento de los fallos judiciales que permiten los desahucios, en función del ordenamiento jurídico que permite la comisión de delitos tan graves como el de Conjura bancaria contra la población. Digo yo. Un besoabarzo de oso. APC.&nbsp;
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    jmaguilar
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    27/06/2013 - 9:43am
    El comentario 5 es algo erróneo.<br />Efectivamente, la anulación de la multa se debe a la falta de prueba legal de la misma. Pero eso no implica que si la policía no hubiese cometido el error que comete la sanción habría sido ratificada por el Juzgado. El juez ha de revisar todo el procedimiento del caso, y en el momento que descubre un punto en el que procede anular el procedimiento sancionador, dicta sentencia y punto. Si ese error no se hubiese producido, el juez habría seguido investigando el resto del proceso y podría haber ratificado la sanción pero también podría encontrar alguna otra cuestión que invalidase la sanción, con lo que también tendríamos una nueva estimación de la demanda. Hay que tener en cuenta que se trata de derechos fundamentales, y este tipo de derechos tiene una especial importancia en el ordenamiento jurídico.<br />
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    Emilio Esteban
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    26/06/2013 - 9:10pm
    Eso significa que podemos romper y tirar cualquier petición de multa que nos da la policía. Bien, ningún problema.
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    26/06/2013 - 8:29pm
    <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 10.909090995788574px; line-height: 12.727272033691406px; background-color: rgb(237, 239, 244);">que sancionen a quien sea directamente responsable, que sera seguramente Cifuenntes,,y que page de su bolsillo</span>
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    Abogada Indignada
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    26/06/2013 - 7:21pm
    Con respecto al comentario 5, apuntar que lo que se estaba ejerciendo es una tutela de derecho fundamental entre los que se encuentra el que dice el Juzgado ha sido vulnerado.<br />La noticia expone fielmente lo que dice la sentencia; no asi el comentario 5&ordm; realizado pues no es una cuestión de mera formalidad, sino que tratándose de afectación a derechos fundamentales que se ven sancionados se le debe exigir a la Administración la prueba de los mismos, cuestión ésta que no hace ni en sede administrativa, ni posteriormente en via judicial.&nbsp;<br />El pretender ahora contaminar con este comentario 5&ordm; el exito conseguido y manifestar que en caso de que hubiera habido ratificación de los funcionarios actuantes hubiera sido otro si que es una interpretación absolutamente perniciosa y malintencionada, basada en el desconocimiento del procedimiento cuya tutela se pretende y que tal y como dice de manera clara el Juez se ha visto vulnerado.<br />Por tanto, Diagonal en mi opinión y como conclusión, expone de una manera transparente acorde a la realidad y fiel en su noticia la sentencia dictada; pues teniendo cabida en el procedimiento - como he dicho - la posibilidad de poder acreditar lo que manifestaban los funcionarios, no lo hace.<br />No podemos dejar de ver esto sino como un triunfo de lo que se viene denunciando - incluso por su propio sindicato - las identificaciones arbitrarias ordenadas por la Delegacion de Gobierno y aqui&nbsp;dejo para muestra un botón..<br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=-zcxF0mKnc0">https://www.youtube.com/watch?v=-zcxF0mKnc0</a><br />Salud , animo y sigamos luchando por la defensa y el ejercicio de los derechos fundamentales!!!<br /><br />
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    Perico palote
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    26/06/2013 - 6:43pm
    lo siguiente es el cese de la delegada del gobierno y la apertura de expedientes sancionadores a los policías
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    alias
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    26/06/2013 - 6:26pm
    La sentencia está aquí, https://docs.google.com/file/d/0B4La3dl2v3HEeUREYVkzc3ZVdTQ/edit y se parece a la noticia de Diagonal&nbsp; como un huevo a una castaña. La anulación de la multa por desobediencia (que no condena a la Delegación del Gobierno) se debe únicamente a que no consta que los policías que se ratificaron fueron los mismos que identificaron al denunciado, por lo que prevalece la presunción de inocencia, así que si la Policía hubiese cuidado un poco la parte formal de sus actuaciones, la multa seguiría vigente.<br /><br /><i>Se ha de coincidir con el Ministerio Fiscal en que la ratificación ha de ser efectuada por los agentes que personal y directamente identificaron y requirieron a1 actor para que abandonara el lugar y en e1 presente caso 10 que se manifiesta es que el interesado fue identificado por efectivos dependientes del Puma 60, desconociéndose quienes fueran tales agentes concretamente y si coinciden o no con los titulares de los carnets 87.524 y 28,180 que formularon 1a ratíñcación. En tales Circunstancias y exigiendo expresamente e1 art. 37 de la LO 1/1992, de 21 de<br />febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, si se negaran los hechos, lo que en este caso ha acaecido tanto en sede administrativa como jurisdiccional por los interesado-s y por testigos, 1a ratificación de los agentes que hubieran presenciado los hechos y no producida esta en términos fehacientes conforme a 10 expuesto, no ha quedado desvirtuada la presunción de inocencia del recurrente y 1a demanda debe ser estimada por tal motivo.</i>
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    Ya_he_vuelto
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    26/06/2013 - 5:48pm
    Buena noticia, pero deberían multar a su jefe, la que ha dado las órdenes (los policías no se inventan las órdenes). En este caso Cristina Cifuentes. &iexcl;Que la multen!
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    MJ
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    26/06/2013 - 4:50pm
    Me alegra esta sentencia, pero:<br />- &iquest;cuál es la consecuencia de ésto?&iquest;algún responsable dimitirá?&iquest;esto es motivo de destitución, inhabilitación o sanción al responsable?<br /><br />Si al final, los costes del juicio lo pagamos con dinero público, les ha salido gratis...<br /><br /><br />
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    pakito
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    26/06/2013 - 3:45pm
    Supongo que esto ya lo tendrían &quot;presupuestado&quot;. Es decir, la Delegación misma contaría con que lo que estaban haciendo sería tumbado en alguna ocasión porque eran acciones demasiado injustificados incluso para un sistema judicial tan &quot;sometido a presiones&quot;. No obstante, la táctica ha funcionado hasta ahora, meter miedo a la gente de la manera m&#39;as f&#39;acil, multando. A ver si con esta sentencia la gente e mpieza a perder el miedo...
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    Yuck
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    26/06/2013 - 3:27pm
    Qué bien, Delegación de Gobierno, órgano público, condenado a pagar, con el dinero de nuestros impuestos, las costas de un juicio. Cifuentes dicta lo que le apetece y las consecuencias las pagamos todos. En lugar de condenar a pagar las costaas a la delegación de gobierno deberían condenar a pagar las costas a quien dio esa orden.
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