Dos miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han elaborado un borrador de un informe previo sobre el anteproyecto de Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana que pone en entredicho la constitucionalidad del anteproyecto. El texto, que se votará dentro de un mes en el pleno del Consejo, plantea la supresión o una nueva redacción del proyecto de ley.

La abogada Alicia Gárate, que presta asesoría legal en el centro social Patio Maravillas, destaca que el CGPJ "es un órgano definido por la constitución como el encargado de velar por la independencia de jueces y magistrados, si bien, también cuenta con potestad para elaborar informes acerca de proyectos de ley. No se puede olvidar que se trata de un órgano independiente pero con la paradoja de ser elegido por el poder político, congreso y senado. A pesar de ello, como juristas y magistrados demuestran con este informe que el PP se ha excedido de sus competencias, violando múltiples principios constitucionales así como principios rectores del derecho penal".

Cacheos y manifestaciones

Respecto a algunas de la cuestiones concretas que aborda el borrador del informe, Gárate comenta que "el derecho penal es la vía más dura con la que un Estado cuenta para sancionar las conductas que considera fuera de la ley, de este modo el derecho penal se rige por el principio de intervención mínima del derecho, es decir, sólo debe operar cuando no existan otros medios alternativos para la sanción. Así, en los casos de cacheos preventivos, el bien jurídico que el Estado español pretende proteger es la seguridad (desde un punto de vista general), mientras que el bien jurídico contra el que atenta es la integridad y dignidad de la persona, que además de derechos constitucionales son Derechos Humanos. Además, violentar de esa manera los derechos fundamentales de las personas, carece aún más si cabe de sentido cuando se pretende realizar como control preventivo".

Respecto a la cuestión de las manifestaciones concluye que "la responsabilidad ante un delito es un principio que afecta de manera especial al derecho penal, sólo aquellas personas que han cometido un delito pueden responder de su comisión y nunca lo podrán hacer terceras personas. Si entendemos que el derecho penal es la última vía a la que el Estado debe recurrir para restaurar un bien jurídico, sólo cuando no existan otras vías para hacerlo, carece de sentido y viola los principios constitucionales el hecho que sea una tercera persona, en este caso la organización de una manifestación o concentración, quien asuma la responsabilidad ante un delito penal".

Líneas rojas

Eduardo Gomez Cuadrado, del despacho Red Jurídica, explica que "al parecer en el borrador, del cual desconocemos de momento su texto exacto, el gobierno de los jueces le dice al ejecutivo que ha traspasado ciertas 'líneas rojas', que está invadiendo sus competencias, que no deberían cuestionarse en un estado democrático y de derecho, tales como dotar de más poder y discrecionalidad a la policía en detrimento de determinados derechos y libertades de los ciudadanos, casi todos relacionados con el derecho de reunión y manifestación, lo cual supone una perdida de garantía democráticas".

"Que la reforma que plantea el gobierno es contraria al núcleo fundamental de la constitución española es algo que probablemente saben hasta los propios redactores del anteproyecto"Respecto al enfrentamiento entre Gobierno y jueces Cuadrado afirma que "el Gobierno está buscando desde hace tiempo "criminalizar" las acciones pacíficas de protesta ciudadana, pero como los jueces no están estimando que escraches, concentraciones no comunicadas o ocupaciones temporales de sucursales bancarias, por ejemplo, sean consideradas delito, y ni tan siquiera falta, el ejecutivo ha decidido arrogarse la facultad de juzgar y sancionar dichas conductas, cosa que no parece que haga mucha gracia a los magistrados".

Para concluir el letrado de Red Juridica entra en la cuestión de la constitucionalidad del proyecto de ley siendo tajante a este respecto: "que la reforma que plantea el Gobierno es contraria al núcleo fundamental de la Constitución española es algo que probablemente saben hasta los propios redactores del anteproyecto, pero no debemos olvidar que el gobierno siempre que afronta reformas de este tipo, lanza un "globo sonda" de máximos para luego rebajar el alcance de la norma a lo largo el proceso de aprobación de la misma. Todo parece indicar, o así debería ser, que la reforma de la Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana no se aprobará en los términos que plantea el ejecutivo, puesto que cuenta con enmiendas, de momento, tanto de la Fiscalía como del CGPJ, e incluso el Comisario Europeo de Derechos Humanos ha mostrado su preocupación por el contenido de la reforma propuesta. Lo que está por ver es cómo de profundos y acordes con los derechos fundamentales son esos cambios”.