organizaciones civiles presentan informes sobre la violación de derechos humanos en Colombia
La Corte Penal acumula pruebas contra Uribe

La Corte Penal Internacional analiza las denuncias de varias organizaciones por los crímenes cometidos en Colombia que presuntamente implicarían al expresidente Álvaro Uribe.

, Valencia
14/04/13 · 17:04
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ÁLVARO URIBE. Narcotraficantes, paramilitares y Fuerzas del Estado han ejercido violencia sistemática contra la población siguiendo órdenes del expresidente, denuncian diversas organizaciones. / Juan Carlos Rojas

La actuación del expresidente de Colombia Álvaro Uribe en diferentes instituciones del Estado durante los últimos 30 años ha estado marcada por la comisión de graves violaciones de derechos fundamentales, algunas de las cuales constituyen crímenes contra la humanidad, según han documentado organizaciones colombianas e internacionales de defensa de los derechos humanos. Narcotraficantes, paramilitares y las Fuerzas de Seguridad del Estado han ejercido la violencia generalizada y sistemática contra la población civil. Numerosos testigos afirman que Uribe ha mantenido estrechas relaciones con estos grupos y que fue el “hombre de atrás” que dirigió algunos de sus crímenes más atroces. Sin embargo, la inmunidad de la que goza en Colombia por haber sido presidente y la presión a los testigos ha bloqueado la acción judicial. Por eso, las víctimas han acudido a la justicia internacional.
 

El expresidente de Colombia ha mantenido estrechas relaciones con grupos paramilitares

Actualmente, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está realizando un examen preliminar de la situación de Colombia para decidir si abre una investigación sobre más de un centenar de denuncias. Entre ellas figuran las acusaciones a Uribe por crímenes contra la humanidad cometidos durante su mandato presidencial (2002-2010), como la ejecución de más de 3.000 civiles a manos del Ejército para hacerlos pasar por guerrilleros –casos conocidos como falsos positivos– y la persecución con fines políticos de opositores –defensores de derechos humanos, jueces, periodistas, y líderes sociales, entre otros– a través del Departamento Adminis­trativo de Seguridad (DAS), los servicios de inteligencia adscritos a la Presidencia. Pero las implicaciones de Uribe en este tipo de crímenes se remontan a sus inicios en la actividad política, según se constata a través de abundantes testimonios.

Con el cartel de Medellín

Como director de Aeronáutica Civil (1980-1982), Uribe autorizó docenas de pistas de aterrizaje y aeronaves del cartel de Medellín, hasta el punto de que Pablo Escobar lo consideraba su “muchacho bendito”, afirma la examante del capo, Virginia Vallejo, en Amando a Pablo. Odiando a Escobar. En este libro y en varias investigaciones periodísticas –como Los jinetes de la cocaína, de Fabio Castillo, y Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez, de Joseph Contreras– se detallan los vínculos familiares del expresidente con el narcotráfico y el apoyo que recibió en su carrera política: “¡Sin él, Pablo no sería archimillonario; y sin Pablo, Alvarito no sería senador!”, le explicó un amigo a Virginia Vallejo. Estas relaciones debieron ser la causa de que el Departamento de Defensa de Estados Unidos incluyera a Uribe en 1991 en la lista de 106 nombres de “los más importantes narcoterroristas colombianos contratados por los carteles de las drogas colombianos para la seguridad, transporte, distribución, cobro y ejecución de las operaciones de narcotráfico tanto en Estados Unidos como en Colombia”, según el informe divulgado por National Security Archive. Estas implicaciones lo involucrarían en los 5.000 asesinatos que cometió el cartel de Medellín, de forma masiva y planificada, para tratar de evitar la extradición de los capos a Estados Unidos. En los años siguientes, numerosos testigos dan cuenta de que Uribe se implicó en la alianza que los narcotraficantes hicieron con los grupos paramilitares financiados por el mismo tráfico de cocaína y por terratenientes y ganaderos.

Siendo gobernador de Antioquia, Uribe creó varios escuadrones de la muerte, según aseguran paramilitares

Excomandantes paramilitares han confesado que el propio Uribe, siendo gobernador de Antioquia, constituyó varios de estos escuadrones de la muerte, los protegió e incluso planificó masacres como la de El Aro, en la que fueron asesinadas 17 personas tras ser torturadas. El exjefe paramilitar Francisco Villalba declaró ante la justicia que Uribe participó en la reunión preparatoria de la matanza y, una vez ejecutada, “nos felicitó y todo”, según recoge la periodista Olga Behar en El clan de los Doce Apóstoles. Villalba fue asesinado poco después de su confesión.

Declaraciones de la policía

Los Doce Apóstoles fue un grupo paramilitar al que se atribuye medio centenar de crímenes, creado por Santiago Uribe –hermano del expresidente– y protegido por el entonces gobernador Álvaro Uribe, según reconoció el mayor de la Policía Juan Carlos Meneses, quien formó parte de la banda de asesinos. Meneses se ha visto obligado a exiliarse de Colombia.

Por eso, los mismos líderes de los paramilitares han explicado cómo invirtieron dinero y realizaron proselitismo armado para que fuera elegido presidente en 2002 y 2006 porque era “un amigo de la organización”, aseguró el comandante Hernán Giraldo.

Estas denuncias sobre hechos anteriores a su período presidencial podrían ser investigadas por la justicia colombiana, pero la extradición de los principales jefes paramilitares
y la presión -incluido el asesinato- contra quienes acusan a Uribe han impedido que prosperen.

“Una paz sin las víctimas es una desmovilización”

Tras casi cuatro meses de conversaciones de paz en Cuba, mientras prosigue la guerra en Colombia, el Gobierno y las FARC han alcanzado un acuerdo parcial sobre desarrollo rural: entregar a campesinos 1,5 millones de hectáreas incautadas a narcos y usurpadores; actualizar el catastro y limitar la frontera agrícola. La importancia de este avance reside en que se ha llegado a consensos sobre un tema que está en el origen del conflicto: la concentración de la tierra.

Sin embargo, restan por abordar cuestiones tan complejas como los derechos de las víctimas ya que “una paz que no tenga la voz de las víctimas es una paz sin futuro, sería más la desmovilización de un grupo armado ilegal que el anhelo de los colombianos de vivir sin violencia”, asegura el jesuita Javier Giraldo.

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