Representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y juristas han asegurado la mañana del viernes en rueda de prensa que el Real Decreto aprobado por el Gobierno para regular algunos procedimientos de desahucio "no supondrá ninguna mejora sobre la situación actual e incluso la empeora", según ha asegurado Ada Colau, portavoz de la PAH. En palabras de José María Fernández Seijo, magistrado del juzgado de lo mercantil de Barcelona, "antes los jueces podían dudar sobre si paralizaban un procedimiento de desahucio, ahora pueden decir que al haber ya una norma no pueden ir más allá de lo que ésta dicta".

El Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el jueves y publicado la mañana del viernes en el Boletín oficial del Estado ha abierto un periodo de dos años de moratoria en el procedimiento de ejecución hipotecaria con una serie de condiciones-que, en opinión de la PAH, “excluyen a la mayoría de la gente afectada”. Martì Batllori, presidente de la comisión de defensa del Colegio de Abogados de Girona, ha calificado en la rueda de prensa de “incompleta y vergonzosa desde el punto de vista jurídico” la nueva normativa, a la que identifica como “una segunda parte del decreto de Guindos”, en referencia al código de buenas prácticas que el Gobierno ofreció firmar a las entidades bancarias y que ha resuelto hasta la fecha 150 casos.

Colau ha asegurado que el Gobierno “ha desaprovechado la oportunidad” de regular de forma conveniente un parque de viviendas en alquiler social y ha juzgado como “incomprensible” que presente el Real Decreto a la vez que se crea el llamado “banco malo” por el que el Estado pasa a ser copropietario de una parte de los activos inmobiliarios en manos de las entidades financieras.

La  PAH ha querido insistir en la alternativa ya presentada a través de la Iniciativa Legislativa Popular que ha recogido más de 600.000 firmas para regular la dación en pago retroactiva, el alquiler social y la moratoria en los procedimientos de ejecución de hipotecas. “Una economía no sale de la crisis si la población no sale de la crisis”, ha concluido Colau, que destaca cómo unas plataformas “sin recursos ni infraestructuras y criminalizadas” han liderado la respuesta social a la realidad de los desahucios.

Este lunes las plataformas presentarán de forma masiva un escrito en el que se solicita la suspensión de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria de viviendas habituales que se encuentren actualmente en los juzgados. El escrito, que ha sido elaborado junto con el Consejo General de la Abogacía Española, será distribuido entre los abogados colegiados para difundirlo también más allá de los afectados que ya se han organizado en la PAH.