Claire Rodier
Jurista y miembro de la Red por la Libertad de Movimiento Migreurop
24 millones para detener a 53.000 personas

Empresas como Indra, EADS o Siemens tienen un nicho de mercado en el desarrollo de tecnologías para el control fronterizo. La autora de ‘El negocio de la xenofobia’ explica cómo encaja ese gasto con los discursos y políticas europeas sobre inmigración.

09/07/13 · 8:00
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Uno de los cuatro centros de internamiento de extranjeros de Malta. / Olmo Calvo

'El negocio de la xenofobia' (Clave Intelectual, 2013) parte de un hecho: en los presupuestos europeos de 2014 a 2020, marcados por las políticas llamadas de austeridad, las partidas para vigilancia de fronteras crece. La autora, la jurista francesa Claire Rodier, ha investigado en este libro los principales contratos que la Unión Europea o EE UU firman con compañías de alta tecnología para el control de los flujos migratorios. Rodier, fundadora de la red Migreurop, explica en esta entrevista cómo se relacionan estos desarrollos tecnológicos con las políticas de externalización de fronteras organizadas por los distintos gobiernos europeos.

¿Qué papel juega en esta gestión público/privada la agencia Frontex? ¿Por qué el Frontex es lucrativo en el plano económico?

La agencia europea Frontex, que se encarga de coordinar la cooperación operativa entre los Estados miembros para la vigilancia de las fronteras exteriores de la UE, es el núcleo de un sistema que asocia a los industriales del sector de la seguridad con la administración europea. Financiada con fondos públicos, la agencia necesita materiales sofisticados para llevar a cabo sus operaciones fronterizas (aviones, helicópteros, barcos, equipamientos diversos), y desde 2011 tiene la capacidad de comprar sus propios equipamientos. Su presupuesto ha experimentado un crecimiento exponencial, pasando de seis millones de euros en 2005 a 130 millones de euros seis años después. En 2008, la Comisión informó de que gracias a Frontex se había evitado la entrada de 53.000 personas con un coste de 24 millones de euros. Ese mismo año, al menos dos millones de inmigrantes entraron en la UE, según la OCDE.

Frontex ocupa un lugar estratégico en los recintos donde se tejen los lazos entre los proveedores de fondos y las empresas privadas que fabrican el material que necesita (especialmente, la industria armamentística y la de tecnología punta). A dichas industrias les interesa sobremanera su desarrollo y autonomía, y por tanto la intensificación de los controles fronterizos. Se trata de poderosos lobbies con influencia en la definición de las políticas migratorias de Europa, cada vez más represivas y que representan para esas empresas una fuente de ingresos.

¿Cuáles son las principales empresas en este negocio? ¿Cómo combinan el afán de lucro y la ideología?

En Europa, se puede citar por ejemplo a la francesa Thalès, la italiana Finmeccanica, la española Indra, la alemana Siemens, la francoalemana EADS y la sueca Eriksson. Dichas empresas sufren una dura competencia de la industria estadounidense (especialmente Boeing) e israelí, ambas punteras en tecnologías de la vigilancia. Por ese motivo los europeos se han organizado para plantar cara a la situación: a finales de 2010 se lanzó el proyecto OPARUS, que reúne a Sagem, BAE Systems, Thalès, EADS, Dassault Aviation y algunos otros en la elaboración de una estrategia común de explotación de los drones (aviones teledirigidos) para vigilancia de fronteras terrestres y marítimas.

"La industria europea quiere hacer frente a la competencia de EE UU o israelí con el uso de drones en las fronteras" Al invertir en el mercado de la seguridad migratoria, esas empresas gozan de un clima ideológico que desde principios de los años 2000 se ha infiltrado en los discursos de la mayoría de los gobiernos de la UE y de las instituciones europeas, y que consiste en convertir al inmigrante en una amenaza frente a la que es importante protegerse.

En el Estado español se han conocido recientemente las estadísticas sobre tortura y hay un capítulo aparte para los Centros de Interna­miento de Extranjeros (CIE). A nivel general, ¿cómo funcionan estos centros en Europa?

No hay homogeneidad en el funcionamiento ni en la gestión de los centros de detención administrativa de migrantes en Europa, que dependen de las legislaciones nacionales. La duración legal de la detención varía mucho de un país a otro, y no existen unas normas mínimas relativas a las condiciones de la detención. El único marco que fija la directiva europea de retorno de 2008 se refiere a la duración máxima de la detención –18 meses– y a la posibilidad de los extranjeros detenidos de apelar a asociaciones competentes, cosa que de hecho no se respeta en todos los Estados miembros.
En un informe de 2008, el grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria destacaba que ciertos países permiten la detención de solicitantes de asilo y de inmigrantes al margen de un contexto penal o de seguridad nacional con el fin de establecer la identidad de los inmigrantes clandestinos y de los solicitantes de asilo cuya demanda haya sido denegada para permitir su expulsión hacia sus países de origen. En otros Estados, la detención es obligatoria y en ocasiones incluso es empleada para desanimar a futuros refugiados o migrantes. Algunos exigen que la detención sea ordenada por un juez, pero la mayoría de ellos recurren a la detención administrativa.

La frontera de Europa ya no está en territorio europeo sino que son otros países los que ejercen esta labor. ¿Qué consecuencia tiene este cambio?

La externalización de los controles migratorios que caracteriza a la política europea de inmigración y asilo consiste en hacer que terceros Estados se hagan cargo de la gestión de los migrantes que supuestamente quieren llegar a Europa de manera irregular. Esto aumenta los riesgos de violación de los derechos fundamentales de los migrantes: por una parte porque aleja de la mirada de la opinión pública europea actos como el sabotaje de barcos llenos de balseros realizados por los guardacostas en alta mar, o las expulsiones masivas llevadas a cabo en la frontera argelino-marroquí. Y por otra parte, esta subcontratación de los controles migratorios a funcionarios de Estados que no se ciñen a las mismas obligaciones evita a la UE tener que responder por el incumplimiento de esos derechos protegidos por convenciones internacionales. Por ejemplo, la violencia que ejercieron los guardias fronterizos marroquíes durante los asaltos de migrantes contra las fronteras de Ceuta y Melilla en 2005, que provocaron varios fallecidos, no dieron lugar jamás a investigación judicial.

¿Cómo influyen los acuerdos de readmisión en las relaciones entre la UE y los países de origen o de tránsito?

En 1999, los Estados miembros de la UE integraron la lucha contra la inmigración ilegal en sus relaciones con los países de la cuenca mediterránea, pero también con los nuevos Estados independientes de Europa central, de los Balcanes y de Asia central. Esos acuerdos obligan a los países asociados a Europa a “readmitir” no sólo a sus ciudadanos en situación irregular, sino también a todos los migrantes sin papeles que hayan transitado por su suelo. Por tanto les incitan a reforzar la vigilancia de sus propias fronteras.

Para obtener tal colaboración, la UE emplea como moneda, según los casos, la simplificación de los trámites de pasaportes, las ayudas económicas al desarrollo u otras contrapartidas diplomáticas o económicas. Al hacerlo, está perpetuando una relación de dominación cuyos costes pagan los migrantes y los solicitantes de asilo. Hasta la fecha, Marruecos se ha negado a firmar un acuerdo de readmisión con la UE: tal resistencia es un poderoso resorte en las relaciones entre ambos, convirtiendo a los migrantes casi en un recurso nacional, al igual que ocurría en Libia en los tiempos de Gaddafi, que se servía de ellos como moneda de cambio. "El discurso de que el inmigrante es una amenaza ha creado un clima ideológico que interesa a las empresas de seguridad"

Habla de una retórica del miedo en torno al negocio de la xenofobia. ¿Cómo funciona esta retórica? ¿Quiénes favorecen el crecimiento de estos discursos?

Después del 11S, la legislación relativa a los migrantes cobraría un cariz cada vez más restrictivo, alimentando el fantasma del enemigo venido de fuera para amenazar la integridad europea, sin que por ello se registrase una disminución notable del número de entradas de migrantes irregulares en Europa.

En el libro trato de enseñar las funciones ideológicas de los controles migratorios, es decir la manera en que se presentan como una respuesta a las supuestas preocupaciones de la opinión pública. Aquí volvemos a encontrar la lógica, que conocemos bien, del chivo expiatorio: en el contexto de la crisis económica y social que está marcando el principio de este siglo, la “manipulación de la incertidumbre” (la expresión es de Zygmunt Bauman) permite al poder, incapaz de aportar soluciones a los problemas de la población, asentar su autoridad.

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