Acusados de delitos contra las instituciones
“La protección de los políticos es igual que la de una vaca sagrada”

La Audiencia Nacional juzga a 20 personas los días 31 de marzo y 1, 2, 3 y 4 de abril por el bloqueo al Parlamento catalán del 15 de junio de 2011.

, Redacción
24/03/14 · 8:00
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Concentración frente al Parlament de Catalunya el 15 de junio de 2011. / Juanfra Álvarez

Exactamente un mes después del inicio del ciclo de movilizaciones del 15M con el establecimiento de acampadas en las plazas de las  principales ciudades del Estado español, se vivía en las calles de Bar­celona una acción de desobediencia civil masiva la cual, de manera novedosa y simbólica, pretendía expresar la desaprobación ante el Go­vern, una acción que suponía un salto cualitativo a la hora de expresar el conflicto social que emanaba de las plazas no sólo catalanas, sino de todo el Estado español.

En las zonas aledañas al Parque de la Ciutadella de Barcelona, el 15 de junio de 2011 a las seis y media de la mañana, efectivos del cuerpo antidisturbios de los Mossos d’ Esquadra comenzaron a actuar contra las aproximadamente 4.000 personas concentradas en la zona. Bajo el lema “Aturem el Parla­ment” (“Paremos el Parlamento”), permanecían desde la noche anterior para protestar contra el pleno del Parlament catalán en que se aprobarían los nuevos presupuestos con importantes recortes. El repertorio de acción colectiva elegido para la ocasión fue el de rodear de forma pacífica y masiva la sede del Parla­ment con la intención de evitar la entrada de las y los parlamentarios, lo que provocó duros enfrentamientos con la policía. Durante el desarrollo de la acción, varios parlamentarios resultaron increpados, y el punto culminante se alcanzó cuando el president de la Generalitat decidió trasladarse al Parlament en un helicóptero de los Mossos d’Esquadra.

Durante los enfrentamientos que se produjeron esa mañana, la policía autonómica catalana realizó seis detenciones que se vieron complementadas tres meses después con el arresto de varias decenas de personas de diferentes ámbitos políticos del área metropolitana de  Barcelona.

En un principio, la Audiencia Na­cio­nal abrió diligencias previas contra 22 personas, y tras tomarles declaración, el número final de personas imputadas se redujo a 20. Casi tres años después de aquellos acontecimientos, estas 20 personas serán juzgadas en la Audiencia Nacional, acusadas de delito de atentado contra altas instituciones del Estado.

Charlamos con Ángela Bergillos y Jordi Raymond, dos de las personas imputadas, que explican que la acción se desarrolló en un “ambiente pacífico”, a la vez que se respiraba “una determinación sorprendente”, algo que en su opinión se debía “al espíritu de indignación ante las votaciones y los recortes masivos que se iban a realizar”. Respecto a la composición de las personas que estaban tomando parte en la acción, añaden que “había gente de todo tipo; nos sentíamos legitimados”.

Ante la Audiencia Nacional

“Para nada nos esperábamos algo así. A medida que se fue desarrollando la campaña de criminalización posterior, todo se convirtió en desproporcionado”, afirman. También destacan el papel que jugaron los medios de comunicación, que en su opinión “inflaron la mentira basándose en imágenes descontextualizadas para decir que los manifestantes eran quienes habían provocado los altercados violentos, aunque no se registraron ni lesiones ni destrozos. En cambio, se ocultó la violencia indiscriminada que ejercieron los mossos sobre la protesta”.

Es necesario recordar que un juicio como éste por delitos contra las altas instituciones del Estado tiene pocos precedentes en el Estado español. Ante la sensación de que estamos frente a un proceso que pretende ser ejemplarizante, comentan: “En cierta medida somos los conejillos de indias de un experimento con el que se pretende laminar, ir desmantelando poco a poco las grietas que nos quedan para ejercer acciones de resistencia, protesta y/o castigo simbólico o no a las instituciones políticas desde la sociedad civil organizada”.

Matar las protestas

Desde una perspectiva más amplia podría incluso afirmarse que el juicio contra estas 20 personas se enmarca dentro de una campaña más amplia en la que podríamos incluir reformas como la del Código Penal o la Ley de Seguridad Ciudada­na que está planteando el Gobierno. A este respecto, Ángela es clara al afirmar que “el objetivo es limitar a la mínima expresión las acciones de protesta en la calle, convertirlas en algo inocuo”. Y Jordi concluye que “no puede ser que no podamos expresar nuestra disconformidad con un político mediante una protesta ante sede gubernamental porque el nivel de protección jurídica de éstos ante la realidad diaria sea igual que el de una vaca sagrada en India”.

El día después de la manifestación, el sindicato derechista Manos Lim­pias presentaba ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional una denuncia por delitos de sedición, delitos contra las instituciones y amenazas a los diputados del Parlament catalán. A esta acu­sación particular se sumaron poste­riormente la Gene­ralitat de Catalu­nya y el Parlament. Todo esto se traduce en unas peticiones de entre cuatro y ocho años de cárcel y 7.500 euros de multa para cada una de las 20 personas imputadas. Pero, pese a lo elevado de la petición, Ángela mantiene firme su posición y no duda en contestar que  “nosotras luchamos por la absolución, ya que vemos que esta acusación y las condenas que persigue no se aguantan por ningún lado”. Jordi considera que, “de condenarnos, el Estado español estaría pisando líneas rojas en lo que a la libertad de expresión y al derecho a manifestación se refiere. Aunque todos sabemos que el Esta­do español es una máquina generando injusticias de mierda”.

En el auto, Eloy Velasco, el juez de la Audiencia Nacional encargado del caso, habla de “intimidación ambiental”. “Es un concepto que se han inventado para criminalizar la protesta, intentando ocultar que la manifestación era masiva, pero creo que no lo consigue. Tenemos que tener en cuenta que la violencia que existió durante aquella jornada tan sólo vino de manos de la policía, que castigó el ejercicio de la protesta pacífica ante sede parlamentaria”, afirman. “Dándole la vuelta a su discurso, podríamos decir que han tratado de generar un precedente, el de “intimidación ambiental institucional”, de cara a futuras manifestaciones ante sede gubernamental, es decir, ‘si protestas delante del Parlament pillarás cacho’, eso es lo que nos quieren transmitir”.

Respecto a lo que supuso un acontecimiento como el 15M para la cultura política dentro del Estado español, comentan que “fue como una escuela de formación política para mucha gente, la cual salió a la calle para participar en asambleas y manifestaciones y de este modo implicarse en lo que estaba sucediendo y que aún sucede”. No obstante, preguntados por los discursos que apuntan a definir el 15M como un clima, como un proceso con fluctuaciones, más que como un acontecimiento, los entrevistados afirman que “sin duda el 15M supuso la generalización de las protestas contra la crisis e inauguró nuevas vías de intervención social por parte de la sociedad civil. Uno de los grandes ejemplos a este respecto es la PAH . El 15M planteó una duda más allá, que tiene que ver con la función y funcionalidad de las instituciones. En definitiva, podemos afirmar que supone un antes y un después en tanto en cuanto rompió con la dinámica política post transición”.

Concentraciones en la Audiencia Nacional

Durante los días que dure el juicio se van a convocar concentraciones solidarias con las personas encausadas en la puerta de los juzgados de la Audiencia Nacional, situados en San Fernando de Henares. Estas instalaciones, inauguradas en 2009, supusieron un desembolso para las arcas del Estado de 11 millones de euros. Recientemente se celebró en ellas el juicio contra los acusados de lanzar tartas a la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, que finalizó con la condena de los tres acusados a dos años de prisión y 900 euros de multa, y de una cuarta persona a un año de cárcel y otros 900 euros.

Charlas y concentraciones de apoyo en Madrid
 

 
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