España se sitúa como el Estado con mayor desigualdad salarial de la Unión Europea
La devaluación salarial reabre el debate sobre la renta básica

Las propuestas de un salario mínimo europeo o de una renta básica incondicional buscan atajar la caída de salarios provocada por la crisis.

, Almería
14/10/13 · 8:00
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El primer ministro francés, Jean-Marc Ayrault, promovió en septiembre la creación de un salario mínimo europeo en el contexto de las elec­ciones federales de Ale­mania, donde el SPD proponía crear una paga mínima de 8,5 euros/hora frente a la oposición del CDU/CSU de imponer un salario mínimo universal.

La instauración de un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) europeo “es, a día hoy, con el ordenamiento jurídico existente, imposible”, según Adoración Guamán, profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia, ya que el ámbito salarial queda excluido de las competencias de la UE y “sería necesaria una acción intergubernamental para adoptarlo”. En su opinión, sería la opción idónea para evitar el dumping social –definido como una “fijación predatoria de precios y salarios”– pero no parece viable en este
momento. José Luis Carretero, miembro del Instituto de Ciencias Eco­nómicas y de la Autogestión (ICEA), destaca que la política encaminada por Alemania no va a en esa dirección aunque a medio-largo plazo llevará a crear un SMI “debido al estado de desigualdad que está generando”.

El Fondo Monetario Internacio­nal (FMI) ha publicado en septiembre un informe en el que apela a alcanzar una mayor integración fiscal en la zona euro, incluyendo la creación de una prestación común por desempleo y “cierto grado de armonización en la fiscalidad del empleo y potencialmente en las pensiones”, así como los beneficios que tendría en la economía mundial una participación igualitaria de hombres y mujeres en el mercado laboral, que tendrá como consecuencias el crecimiento del PIB y compensar la caída de población activa en las sociedades envejecidas. Además, la institución dirigida por la francesa Christine Lagarde propone medidas para que el Es­tado se haga cargo de los cuidados.

Para Guamán, la propuesta es “interesada e imposible” ya que no tiene sentido sin un SMI mínimo. Destaca que, cuando en el ámbito europeo se habla de “armonizar” en material social, siempre se opta por el “mínimo común” y “ya sabemos cuál ha sido la propuesta respecto a las pensiones en el Estado español”. En su opinión, las últimas reformas laborales van en la “línea contraria respecto a la igualdad sexual en el trabajo” ya que vuelve a discriminar indirectamente a la mujer en el acceso y mantenimiento del trabajo.

En el año 2011, el ingreso anual neto más frecuente en el Estado español fue de 9.500 euros frente a los 23.500 de Suecia o los 2.000 de Bulgaria y Rumanía. El ratio 95%/5% –fracción entre los salarios que están por encima del 95% de los demás dividido entre el que está sólo por encima de un 5%– es el más alto de toda la Unión Euro­pea, ya que los ingresos netos del 5% más alto son más de 11 veces superiores al 5% más bajo. Esto sitúa a España como el Estado con mayor desigualdad salarial de la Unión Europea, por encima de Lituania y Rumanía, con una tasa superior a 9. Islandia y Países Bajos son el Estado europeo y el Estado miembro respectivamente con menor desigualdad salarial. Esta desigualdad ha aumentado desde el 7 que marcaba España en el año 2008.

En 2012, las rentas empresariales superaron por primera vez a las salariales en el Estado español en el reparto del PIB, y los costes laborales seguirán descendiendo en 2014, como el Gobierno reconoció en los presupuestos generales presentados a finales de septiembre. Unos presupuestos en los que se admite que el paro no bajará del 25% de la población a lo largo del año que viene.

En relación a las propuesta de la CEOE y Angela Merkel de ligar los salarios a la productividad, José Luis Carretero considera curioso que nunca propongan una fórmula concreta para hacerlo y que lo que está detrás es “que el empresario decida unilateralemente lo que paga al trabajador, dinamitando los convenios colectivos”. Guamán se muestra igualmente beligerante respecto a la propuesta, ya que busca “trasladar los riesgos al trabajador, que se ve así doblemente explotado, en el momento de la prestación laboral y posteriormente, cuando tenga que hacerse cargo de una mala gestión de la empresa”.

¿Y la renta básica?

Una semana antes de que Merkel reeditase su victoria electoral en las legislativas alemanas, era el secretario general del sindicato Comisiones Obreras quien proponía la implantación de una Renta Mínima Garan­tizada en todo el Estado. Comisiones Obreras ha propuesto una RMI indefinida de 425 euros mensuales para toda persona sin trabajo remunerado ni prestación de desempleo. El sindicato cifra en mil millones de euros anuales el coste presupuestario de esta medida.

El 24 de septiembre, Ignacio Fernández Toxo expresaba el objetivo de establecer un sistema de rentas mínimas garantizadas con “carácter de derecho subjetivo”, al estilo de la Renta Básica extremeña, aprobada en mayo y que ya han solicitado alrededor de 5.000 hogares. La Junta empezará a otorgar estas ayudas en noviembre, e incluyen la novedad de que es compatible con recibir un salario menor a la cuantía de esta renta, que sólo llegará a un 5% de la población desempleada. Se trata, en ambos casos de medidas de carácter temporal y condicional, lo que hace que no se consideren equivalentes al concepto de “renta básica” establecido por los colectivos que trabajan este tema.

La Renta Básica se define como un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad para que cubra sus necesidades vitales, experiencia que ya se ha consolidado en lugares tan dispares como Alaska y Namibia. En septiembre, la Iniciativa Ciuda­dana Europea por una Renta Básica ha comenzado a recoger firmas para alcanzar el millón necesario para que la Comisión Europea estudie la viabilidad y posible implementación de la Renta Básica Incondicional a nivel europeo. Dicha iniciativa lleva recogidas más de 90.000 firmas a comienzos de octubre, sin embargo el objetivo, que pasa por lograr un millón de firmas de personas de al menos 15 Estados miembros de la UE, parece lejano.

En Catalunya el 5 de octubre acabó el plazo de recogida de las 50.000 firmas necesarias –se han recogido 64.000– para que la Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Garantizada de Ciuda­danía (RGP) sea debatida en el Parlamento autonómico. Esta iniciativa, promovida desde distintos movimientos sociales catalanes, busca dotar a las personas en situación de pobreza de una paga mensual de 664 euros sin obligación de participar en acciones de inserción social ni un tiempo máximo de prestación.

645 euros, el salario mínimo español

21 de los 28 Estados de la UE cuentan con un salario mínimo, que oscila entre los 159 euros de Bulgaria y los 1.874 de Luxemburgo. En España se sitúa en 645 euros mensuales. Alemania, Austria, Italia y los Estados nórdicos no tienen un mínimo legal.

2.500 francos al mes, es la propuesta suiza

Un comité popular ha conseguido las cien mil firmas necesarias para que el Parlamento suizo tramite un referéndum sobre la fijación de una renta básica incondicional e independientemente de si se trabaja o no. La renta que se discute es de 2.030 euros/mes.

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