La crisis deja de propina más precariedad

Empleos precarios. Más de cien mil cántabros se encuentran en situación de precariedad, muchos de ellos en la hostelería.

Son momentos de crisis económica en que ciertos sectores se ven afectados más que otros, véase el caso de la construcción o el sector inmobiliario. El sector de la hostelería, por el momento, parece aguantar el tirón. En lo que se refiere al norte de España, sólo en el País Vasco la ocupación hotelera fue mayor que en Cantabria, que se sitúa por delante de Asturias y Galicia. Peros son los bares, cafeterías y restaurantes los que más han sufrido la crisis.

En Cantabria, con una población activa de 276.700 personas, hay 210.800 asalariados, que comprenden a los trabajadores de los sectores público y privado. De ellos, alrededor de 79.500, un 38%, no posee un contrato estable, y otros 20.000 se encuentran en paro.El número de trabajadores en situación de precariedad –es decir, aquellos que tienen contratos eventuales más los que están buscando empleo– se acerca a los 100.000. Las mujeres, los jóvenes y los inmigrantes son los sectores de la población que más sufren la precariedad.

Para gran parte de estos trabajadores la hostelería es el último recurso. La explicación la podemos encontrar en la mala consideración que se tiene de este sector y en las condiciones laborales en que se encuentran los trabajadores en la mayoría de estas empresas, donde el cumplimiento del convenio de hostelería brilla por su ausencia. Los horarios son eternos, muy por encima de las ocho horas estipuladas, con la consiguiente incompatibilidad de la vida personal con la laboral, y los salarios bajos.

En Cantabria se da la circunstancia de que, por una insistente tendencia a fomentar el turismo, este tipo de negocios han crecido de manera exponencial, de manera que nos encontramos con gran número de trabajadores cuyos derechos no suelen respetados por los empresarios. Se mantiene la practica generalizada de la imposición de unas condiciones laborales previas a la contratación, en un "lo tomas o lo dejas", claramente por debajo de las condiciones establecidas en el convenio de hostelería de Cantabria.

Certificación de calidad

Con este proceder, los empresarios no solo vulneran los derechos de los trabajadores, sino que perjudican también a su propio sector, al que se supone que deberían proteger y dar prestigio. Más aún cuando un total de 154 empresas turísticas de Cantabria están tramitando la certificación de calidad "Q", que concede el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) y que en la actualidad ostentan solamente dos establecimientos de la región. Una certificación que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos sobre gestión de calidad, prestación de servicios e instalaciones y equipamientos. Pero parece ser que las prisas por ganar dinero consiguen hacer olvidar que la mejora de las condiciones laborales revierte a su vez en la calidad del servicio prestado.

Aunque algunos prefieren obviarlo, el caso es que el convenio ha sido pactado por los empresarios mano a mano con los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO. Y es por esto, que deberíamos preguntarnos qué sucede para que ni unos ni otros parezcan tener interés en que se cumpla de manera efectiva.

La mayoría de los negocios de hostelería son pequeños y, por lo tanto, los trabajadores de este sector están dispersos, con lo que su organización y concienciación es harto complicada, por no hablar de la conquista de su afiliación sindical. Así que los sindicatos mayoritarios, al depender económicamente del numero de afiliados a la hora de reclamar fondos del Estado –reciben de él anualmente más de 32.000 millones de pesetas, sin contar las subvenciones destinadas a formación–, prefieren centrar sus esfuerzos en sectores laborales donde existe una mayor concentración de trabajadores, una mayor presión social en caso de conflictos y, en consecuencia, una mayor rentabilidad para dichos sindicatos con el menor esfuerzo.

Cláusula de revisión

La asociación de hostelería y los sindicatos UGT y CCOO firmaron el actual convenio colectivo de Cantabria, que afecta a cerca de 15.000 trabajadores, con una vigencia de cuatro años (2007-2010) y un incremento salarial con clausula de revisión del IPC más un 0,2% en 2007 y 2008 y un 0,4% en 2009 y 2010.

Recientemente, el Juzgado de lo Social número 1 de Santander ha estimado una demanda de conflicto colectivo interpuesta por los sindicatos firmantes del convenio y ha confirmado que la subida salarial de este ejercicio debe ser del 2,4%. Los sindicatos defendían que el IPC previsto que se debía tomar como base para el cálculo era del 2%, pero la patronal tomaba como referencia un 1,4%, seis décimas menos, en coincidencia con la inflación con la que se cerró el año 2008. El Juzgado da, de esta manera, la razón a los dos sindicatos.

"Los acuerdos están para cumplirse, no para que una de las partes negociadoras los modifique a su antojo cuando le interesa, y menos cuando los sindicatos siempre hemos respetado las reglas del juego, en la actual crisis y en épocas de bonanza económica, donde los aumentos salariales estaban muy por debajo de las ganancias empresariales", señala el responsable regional de Acción Sindical de la federación de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT, José Giráldez. "La sentencia hace justicia con unos trabajadores que en general tienen un sueldo bastante modesto y que no tienen culpa alguna de la actual crisis económica, aunque la patronal les haya querido convertir en víctimas y paganos”, agregó.