Los gobiernos de Felipe González se apoderaron de RTVE violando el Estatuto de la Radio y la Televisión: secuestraron la información, arruinaron el sistema de financiación y desprestigiaron a TVE y RNE para que los ciudadanos no sintonizaran con un servicio público tan decisivo en la calidad de la democracia como la sanidad y la educación.
En la política de González está el origen de lo que Zapatero va a consumar: convertir RTVE en un bonsai como los que Felipe cultivaba en la Moncloa.
Lo lógico era que la derecha quisiera jibarizar RTVE para dejar la información en manos del mercado y que los negocios ocuparan el imprescindible espacio del servicio público. Pero que lo hicieran los gobiernos del PSOE parecía el suicidio de su supuesta política socialdemócrata.
No es un suicidio. Es que no hay política socialdemócrata. Cancelan la alianza con los ciudadanos y prefieren el pacto con los grandes grupos audiovisuales. Es la ejecución de una barbaridad política, económica y social que incluso va en contra de la retórica de la UE, que sólo mantiene con palabras la evidente necesidad de una buena radiotelevisión pública con suficiente presencia como para garantizar la calidad de la democracia mediante el acceso universal y gratuito a una información sin trampas.
Reducir la plantilla de RTVE y aumentar los contratos basura significa convertir a la radiotelevisión pública estatal en un bonsai condenado a consumirse por inanición. Argumentan (el Gobierno, el PP y las empresas que quieren capturar la audiencia y la publicidad) que RTVE está en quiebra por su endeudamiento, que no es rentable y que acumula demasiados trabajadores.
Todos mienten. La deuda es del Estado y no de RTVE. Los gobiernos de González (y después los de Aznar) impusieron un sistema de financiación que violaba el Estatuto de la Radio y la Televisión: préstamos bancarios en lugar de la aplicación de los Presupuestos Generales del Estado. Si a un trabajador no le paga su empresa y le obliga a recibir su salario con créditos cuya devolución la misma empresa garantiza, ¿de quien es la deuda? ¿Del trabajador o de la empresa? ¿Saben los ciudadanos que el sistema de financiación impuesto por González ha aumentado en 300.000 millones de pesetas la carga para los impuestos de la factura de RTVE como consecuencia de los intereses pagados a los bancos, que han hecho así uno de sus mejores negocios?
Mienten también sobre la rentabilidad y la plantilla. La rentabilidad de RTVE debe ser su rentabilidad social: el servicio público, universal y gratuito, que garantice con buena información la vitalidad de la democracia. Y mienten sobre el supuesto exceso de plantilla porque RTVE es la radiotelevisión pública con menos trabajadores, menos presupuesto y más productividad de la Unión Europea. ¿Aceptaría la Directora General un debate con los sindicatos en TVE para aclarar la situación actual y el futuro de RTVE?
El Gobierno de Zapatero añade a las mentiras la barbaridad de una reforma con la que va a hacer lo contrario de lo prometido: en vez de esperar a la aprobación de la nueva ley en el Parlamento que establezca las funciones de RTVE y determine el presupuesto y los trabajadores necesarios, lo que anuncian es el bonsai de financiación y plantilla que impondrá un modelo testimonial de radiotelevisión pública.
González arruinó la credibilidad y la financiación de RTVE. Zapatero va a liquidar la radiotelevisión pública estatal. Y sólo la estatal porque no se enreda con las radiotelevisiones de las comunidades autónomas para facilitar los acuerdos con los nacionalistas. Añadir ahora una petición puede parecer el colmo de la ingenuidad. Pero si ya han decidido jibarizar TVE en beneficio de la televisión comercial, que dejen por lo menos un bonsai moderno: servicio público de información, universal y gratuito, a través del Canal 24 Horas y una TVE Internacional (fundamentalmente informativa) que compita con la CNN mediante una política de Estado basada en la influencia latinoamericana de nuestro idioma.
Carta de la sección sindical de CGT en RTVE
La sección sindical de CGT, para convocar a la manifestación del pasado sábado 17 de diciembre en Madrid, envió una carta a sus afiliados y a diversos medios de comunicación explicando los motivos de dicha convocatoria. La carta denunciaba que todos los gobiernos que ha habido, independientemente de su signo, han incumplido la obligación legal de financiar RTVE, siendo así la única televisión europea sin subvención directa. Del mismo modo, todos esos gobiernos autorizaron año a año un endeudamiento con cargo al Estado que se ha convertido en monstruoso. Para reducirlo, el ministro de Hacienda, el presidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales y la Directora General de RTVE han decidido promover un plan de saneamiento a través de un proyecto de ley -que CGT cree que ya tienen elaborado- y que supone crear una Corporación RTVE más pequeña -de nuevo según CGT, “divulgadora de valores consumistas y alienantes”- y que obligaría a conseguir el 60% del presupuesto vendiendo espacios de la programación a los anunciantes; con menos plantilla fija, menos derechos y peores condiciones laborales. La CGT comenta que si ahora existe realmente la posibilidad de crear una nueva RTVE debe hacerse para toda la comunidad y basada en criterios de rentabilidad social. Pero, más bien, el objetivo de reducir el tamaño de la radiotelevisión publica es para que ocupen su lugar en el mercado audiovisual las televisiones privadas; en particular, las del grupo PRISA. El sindicato exige, además, que la negociación no sea en secreto.
A la manifestación acudieron cerca de 8.000 trabajadores del ente público que vinieron de todas las delegaciones territoriales del Estado. Hace apenas un mes los trabajadores de Telemadrid también salieron a la calle a reivindicar sus derechos laborales y a denunciar la manipulación de los contenidos.
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