Desde 2003 en México, los alumnos de las Escuelas Normales Rurales (donde se forman maestros para las zonas más alejadas de las grandes ciudades) han visto cómo se ha reducido el número de plazas para docentes en un 50%. Una situación enclavada dentro del proceso tendente a la privatización de la educación y en contra de los postulados laicos, públicos y gratuitos reconocidos en la Constitución mexicana. En las últimas semanas el conflicto se agudizó en el Estado de Guerrero, que ha visto reducido el número de escuelas a la mitad, de 38 han pasado a 16. Un conflicto que ha tenido especial incidencia en la escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Entre sus demandas más concretas se encuentran la asignación de plazas a los licenciados, la continuidad de la Licenciatura en Educación Primaria y la permanencia del sistema de internado en la institución, según denuncian la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero.

Desde un principio la única respuesta del gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, ha sido el desdén y el rechazo, según dichas organizaciones. Esta actitud ha sido respondida en la calle con manifestaciones, bloqueos y tomas de carreteras. Acciones reprimidas duramente, como el pasado 14 de noviembre cuando se desalojó a más de 800 estudiantes del Congreso del Estado que buscaban la intermediación de los legisladores, resultando heridas varias personas, incluidos periodistas.

Pero el punto más álgido del conflicto ocurrió el 30 de noviembre cuando los estudiantes se manifestaban en la Autopista del Sol y fueron reprimidos por la Policía Federal Preventiva con el resultado de un herido por atropello y 56 detenidos, que han sido liberados en los últimos días. Aunque se han tenido reuniones con el Gobierno del Estado, hasta el momento no hay una solución a la vista; a pesar de que se les han asignado 90 plazas, éstas son insuficientes para los licenciados.