Se suceden las efemérides. El 14 de abril se cumple el 75 aniversario de la proclamación de la II República. Y 70 años después de la Guerra Civil, el 18 de julio se recordará el aplastamiento de ese mismo proyecto democrático. En 2005 los recuerdos fueron otros. Los 30 años transcurridos desde la muerte de Franco y la subida al trono de su sucesor, Juan Carlos I, gozaron de un importante tratamiento informativo. Pero fueron pocas las voces que señalaron el vínculo entre la vuelta de la monarquía y la represión durante cuatro décadas de cualquier planteamiento republicano.
Desde su llegada a la jefatura del Estado, Juan Carlos de Borbón no ha desaprovechado el tiempo. Según publicó en abril de 2003 la revista Forbes, la fortuna del rey se encuentra entre las cuatro mayores del Estado. Una hacienda imposible de explicar en exclusiva por las partidas presupuestarias de la casa real, que además no son objeto de control por parte de ninguna institución. Las amistades del rey, entre quienes se incluyen no pocos empresarios acusados por delitos de corrupción, contrastan con la impunidad del monarca, fijada en el artículo 56.3 de la Constitución. Se trata de un privilegio que obliga a preguntarse por los restos del anterior régimen. El peso de la Iglesia en la educación o la falta de reconocimiento de las víctimas del franquismo son otros dos ejemplos de una Transición que se dio por cerrada demasiado pronto.
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