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La Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) figura como asociación civil en los registros oficiales pero, según vienen denunciando organizaciones de DD HH y comunidades, detrás se esconde un grupo armado de contrainsurgencia, que actúa impunemente en este Estado del sureste mexicano, para debilitar a las bases de apoyo zapatistas y para aterrorizar a los campesinos.
La estrategia de los últimos meses se repite : “Miembros de la OPDDIC llegan con los habitantes de las comunidades, les dicen que si quieren tener más tierras se sumen a ellos, pero cuidado si no quieren porque les quitan la tierra en la que están viviendo”, explica Ernesto Ledesma, coordinador del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE). La Junta de Buen Gobierno Corazón del Arcoiris de la Esperanza aclara que “el Gobierno quiere que nos enfrentemos entre indígenas. Tenemos ahorita el problema con hermanos indígenas de la OPDDIC, que son paramilitares. Pero no es nuestra tirada enfrentarnos entre indígenas. Lo que queremos enfrentar es a los de arriba, a los malos gobiernos federal y del Estado”.
Desde el año pasado campesinos han denunciado ya varios asesinatos, detenciones ilegales, agresiones a mujeres, golpes, desalojos violentos, robos, disparos al aire y destrucción de sembrados, cometidos por los paramilitares. Y la tensión va en aumento. La implicación gubernamental es manifiesta. Por ejemplo, un funcionario de la Secretaría de Reforma Agraria es abogado particular del grupo paramilitar. Según denuncian los zapatistas, el Ejército mexicano proporciona armas, cobertura y entrenamiento a estos grupos.
Ledesma confirma que en Chiapas se vive “un recrudecimiento del hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas y es una clara disputa por el control del territorio, con todos sus recursos naturales”. Según el CAPISE es probable que se intenten próximamente despojos de miles de hectáreas en los municipios de Olga Isabel, Altamirano y Ocosingo.
Además, la policía desaloja, por supuestos motivos medioambientales, a pobladores zapatistas de la reserva de Montes Azules. El último fue el 18 de agosto, cuando seis helicópteros fueron enviados para desalojar a los poblados de San Manuel y de Buen Samaritano. Expulsaron a las familias lejos de estas tierras y se llevaron a todos los hombres, según denuncia la Junta de Buen Gobierno Hacia La Esperanza. En estos operativos, apoyados por el Ejército, denuncian que “sacaron a la gente de sus casas de manera violenta. Sin previo aviso, sin mostrarles ningún documento y sin explicación alguna, sin permitirles cargar pertenencia alguna”. Y avisan de que otros poblados están igualmente amenazados. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) añade : “Nosotros los indígenas, cuidamos y amamos a nuestra madre tierra y lo hemos demostrado por siglos. Nunca en la historia, los pueblos indígenas campesinos hemos hecho ningún daño grave a la madre tierra : nunca”.
Mientras que las administraciones federal y estatal declaran no saber nada, las empresas trasnacionales farmacéuticas, agroquímicas, madereras y turísticas se frotan las manos, a la espera del preciado botín de la biodiversidad de estas tierras, según diferentes ONG.
Para Miguel Ángel García, de Maderas del Pueblo, más allá de la conflictividad agraria, la provocación busca generar un enfrentamiento armado y acabar con el EZLN y los defensores de DD HH, cosa que preocupa también a diversas organizaciones : si el EZLN actúa con las armas para defender su tierra, entonces el Gobierno tendría la excusa perfecta para activar al Ejército mexicano. Así las comunidades autónomas zapatistas son el objetivo de la represión, y la comandancia del EZLN ha expresado últimamente que de seguir en aumento la agresión paramilitar responderá “defendiendo la tierra y el territorio con la sangre”, aunque aún optan por la vía pacífica. “Pero esto no quiere decir que hayamos renunciado a nuestras armas. De esta manera, seguimos armados, pero sobre todo de justicia y de dignidad como pueblos”.
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