“ADSL 6 megas por 0 euros”, “ADSL
20 megas y 2 regalos”, “ADSL 3 megas
por 3 euros”, y así podríamos llenar
páginas. A diario nos desbordan
ofertas de servicios de ADSL: publicidad
en radio y televisión, televenta,
etc. Nos prometen las conexiones
más rápidas y al mejor precio.
Sin embargo, desde diversas instituciones
llevan años denunciando que
el ADSL en el Estado español es el
más caro de la Unión Europea. La
última, en un informe publicado por
la OCDE en el mes de julio: se sitúa
el precio más bajo en el Estado español
para la banda ancha en 32,75
euros, casi cinco veces más que el
precio más bajo en Suecia: 7,89 euros.
También por debajo de nuestros
precios, encontramos las conexiones
en Francia (11,87), Italia
(12,79) o Alemania (19,99), a pesar
de que en todos estos países, el nivel
de renta es muy superior al del
Estado español.
Este es sólo un botón de muestra de las condiciones a las que las operadoras someten a los usuarios. Según la organización de consumidores FACUA, “ONO oferta un paquete por ‘9 euros, todo incluido, sin costes sorpresa’, siendo el precio real de 65,53 euros a partir de septiembre, con una penalización de 133,40 en caso de baja antes de un año”. Ya.com, por su parte, ofrece un ADSL a tres Mbps por tan sólo tres euros.
Parece un buen precio, pero se trata de una cuota promocional durante los dos primeros meses, siendo la cuota a partir del tercer mes de 24,11, además con la obligación de permanecer con el servicio durante un plazo mínimo de un año, cobrándose en caso de baja anticipada una sanción de 133,40, exactamente la misma que ocurre con ONO.
¿Competencia?
¿Podemos hablar de competencia? En 1997 se liberalizó el mercado de las telecomunicaciones: Telefónica perdía su condición de monopolio y tendría que competir con otras empresas... o no. Porque si bien Telefónica dejó de operar en situación de exclusividad, sí que mantuvo la propiedad sobre la red instalada en todo el Estado, forzando al resto de empresas a utilizar su red. Por tanto, las ofertas de cualquier otro operador siempre quedarían supeditadas a la red de Telefónica.
Así las cosas, las demás operadoras tienen un abanico limitado de opciones a la hora de ofrecer productos propios, ya que, por lo general, dependen de la infraestructura, antes estatal, ahora privada, de Telefónica. Y esta limitación se extiende también al precio, puesto que las operadoras tienen que pagar a Telefónica por el uso de su red, por lo tanto, difícilmente pueden lograr tarifas más bajas.
Aun a pesar de esto, las operadoras utilizan como gancho ofertas promocionales de duración determinada, precios sin IVA, regalos y todo tipo de incentivos y facilidades, empezando con el alta: es común que para contratar una nueva conexión nos atiendan con números gratuitos, pudiendo solicitar el servicio incluso a través de internet, mientras que para incidencias técnicas o bajas de servicio encontramos prefijos 902 de alta tarificación.
En telefonía móvil la situación es muy similar: la competencia entre las tres operadoras principales no se traduce en una bajada de las tarifas. Así, FACUA denunció el pasado mes de enero a Telefónica, Vodafone y Orange ante el servicio de defensa de la competencia del Ministerio de Economía por encontrar “indicios de pacto de tarifas”, después de que las tres operadoras anunciaran aumentos de un 25% en sus tarifas en el espacio de dos semanas.
Ofertas trampa
Para la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), “el supuesto acuerdo tiene como objeto mantener el statu quo de las tres operadoras”, eliminando así toda posibilidad de competencia real. Además, desde la organización de consumidores, recalcan que esta subida es “injustificada y abusiva”, puesto que la “Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones aplicó recientemente una reducción de los precios de interconexión entre operadoras” (llamadas desde un operador a otro).
Esta denuncia se suma a otras ya presentadas por FACUA por publicidad engañosa y ofertas trampa: “el pasado mes de junio Vodafone, imitando a Telefónica, lanzó una tarifa con trampa, con bajos precios por minuto a números de la misma compañía, pero compensados con desproporcionados importes cuando se llama a clientes de otras operadoras”.
Desde la federación denuncian también que las tarifas de telefonía móvil en el Estado español superan a las del resto de Europa “hasta en un 293%. Si un consumo medio para un usuario de Vodafone se sitúa en unos 33 euros mensuales, para un usuario de Sonofon en Dinamarca, el gasto medio estaría en unos ocho”.
El alquiler de líneas
El producto estrella, ‘ADSL más llamadas nacionales’, oculta la trampa de la preasignación: casi todas las líneas son propiedad de Telefónica, y el usuario paga un alquiler por ella. Todas sus llamadas pasan por Telefónica, a menos que el usuario las desvíe a otro operador, usando un prefijo. Al contratar un ADSL más llamadas, nuestra línea queda preasignada con esa operadora, de forma que todas nuestras llamadas pasan por su red, a teléfonos fijos a coste cero, a teléfonos móviles a coste desconocido, ya que las operadoras no informan de esos precios a los usuarios.
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