“El Gobierno chileno silencia el uso de la tortura”

HÉCTOR LLAITUL, dirigente mapuche.

Para los funcionarios chilenos, Héctor Llaitul, encarcelado el 21 de febrero acusado de “incendio terrorista” es un “preso especial”. Pero no lo consideran un preso político, ellos prefieren denominarle como “comunero mapuche”. De hecho, Llaitul es uno de los muchos dirigentes encarcelados de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) -grupo que aglutina las Comunidades mapuche en conflicto- calificada por el Estado y los medios de comunicación chilenos de “asociación ilícita terrorista” y, como tal, perseguida.

Llaitul enuncia el montaje judicial en su contra : acusado de incendiar maquinaria propiedad de la Forestal Mininco, en diciembre de 2006, el proceso se sustenta en un único testimonio arrancado bajo tortura, prueba suficiente para ser condenado a una pena de cárcel que va de los cinco a los once años. “En base a mi prontuario”, relata aludiendo a sus seis procesos anteriores, “me consideran como muy peligroso. Tengo un abogado de oficio asignado, no quiere saber nada de nada, ni siquiera denunciar el tema de las torturas”. En diciembre tendrá la primera de media docena de audiencias. “El testigo, Roberto Painemil (actualmente encarcelado en Lautaro), fue detenido y torturado por un grupo de civiles ; le golpearon la cabeza con una barra de hierro y le aplicaron la picana. No fue llevado al servicio médico legal y fue obligado a declarar ante un fiscal y no ante un juez, como corresponde en estos casos. También fue advertido de que, en caso de denunciar estos hechos, sería su familia la que sufriría las consecuencias. Nos gustaría que denunciara las torturas pero se encuentra solo y amedrentado”.

Vencer ese miedo, el cerco mediático impuesto por el Gobierno y los medios de comunicación, es condición indispensable para que esto suceda. “Tenemos confianza en los medios alternativos, en gente como ustedes para dar a conocer todos estos hechos. El Gobierno socialista, que se declara democrático, silencia el uso de la tortura (común en la lucha contra la Nación Mapuche), dicen que es algo del pasado, de tiempos de la Dictadura”. Como Héctor señala, el papel de los medios de comunicación chilenos es fundamental al respecto : “los medios de comunicación están en manos de la derecha y actúan en connivencia con el Estado ; éste y los propietarios de los medios tienen los mismos intereses económicos que las forestales, las fábricas de celulosa y las energéticas. No es sólo la tortura lo que silencian : callan la presencia de paramilitares y la utilización sistemática de los testigos sin rostro, que por dinero declaran lo que los carabineros les señalan”. Otra tarea de los medios es criminalizar la lucha buscando su desprestigio y la pérdida de apoyo popular.

Vuelve Héctor al enfrentamiento con las forestales por la recuperación de sus tierras : “La Forestal Mininco (junto a la hidroeléctrica ENDESA, uno de nuestros principales adversarios) ha cambiado de política. Ya no es el mero uso de la violencia, de los paramilitares. Están diversificando la represión : estudian las zonas donde funcionan y disponen planes adaptados a cada zona (propaganda, cursos, etc.), muchas veces financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo con el fin de crear un círculo de seguridad en torno a sus fundos.

Arman a los campesinos parceleros y a los clubes de caza y pesca para que formen comités de vigilancia (legales en el país) con los que defenderse de los “malos vecinos”, de los “vecinos violentistas”. Intentan aislar a los luchadores”. Héctor Llaitul tiene tiempo de transmitir un mensaje optimista : “A pesar de todo hemos conseguido que las Comunidades sigan peleando y la CAM ha conseguido mantener su vínculo con ellas. Para nosotros la recuperación de las tierras es indispensable para, desde ellas, reconstruir la identidad de la Nación Mapuche. En eso estamos”.