MADRID. Sala del Tribunal Permanente de los Pueblos, el 16 de junio. En primer plano, Adelso Gallo, uno de los testigos.

“Hasta mediados de los años ‘80, Arauca (Colombia) era una región desconocida para el Gobierno y para las compañías multinacionales. Pero el descubrimiento del campo petrolero de Caño Limón modificó la vida en el departamento. Provocó la desaparición de la laguna de Lipa, el desplazamiento de los indígenas guahibos, la militarización de la zona y la destrucción del ecosistema”. Dicho campo, operado por la transnacional estadounidense Oxy y en el que participa Repsol YPF, es un ejemplo de lo que ha significado para Arauca el desarrollo: “La destrucción de muchas cosas para construir menos cosas”.

Así relataba Adelso Gallo, miembro de las Organizaciones Sociales de Arauca, los efectos que ha tenido en esa región colombiana la llegada de las multinacionales petroleras. Éste y otros testimonios pudieron escucharse el pasado sábado 16 de junio en Madrid, en el transcurso de una audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos que estuvo dedicada a juzgar simbólicamente a la empresa multinacional española Repsol YPF por los efectos negativos de su presencia en Colombia y en el resto del mundo. En dicha audiencia tomaron la palabra miembros de diversas asociaciones, investigadores sociales, ecologistas, documentalistas, defensores de los derechos humanos y personas afectadas por la presencia de la petrolera en su territorio, que coincidieron en acusar a Repsol de contribuir a la destrucción ambiental del planeta y al desplazamiento de diferentes poblaciones indígenas, fomentar el robo de recursos en países del Sur y operar en lugares donde se cometen violaciones de los DD HH.

Colombia: campo de pruebas
La audiencia, aunque trató abusos a lo largo del planeta, se centró de forma específica en el caso colombiano. Como contó César Carrillo, ex presidente de la Unión Sindical Obrera (USO) de Colombia, ése es “un país con inmensos recursos naturales... que están en poder de las compañías multinacionales”. Por ello, compañías transnacionales como Oxy, BP, Texaco y Repsol YPF, entre otras, son las que dominan la explotación de los hidrocarburos, en una nación en la que el petróleo representa el 25% del total de las exportaciones legales. Eso sí, en Colombia, que es escenario del conflicto armado más antiguo de América Latina y, como dijo Carrillo, “es donde más sindicalistas se asesinan de todo el mundo”, la presencia de las multinacionales petroleras está relacionada con la persecución a los movimientos sociales, el deterioro de los ecosistemas y el hostigamiento a las culturas indígenas. Las zonas de Colombia que poseen recursos valiosos, como el petróleo, son las más militarizadas y las que tienen un mayor índice de violaciones a los derechos humanos.

En este contexto, Repsol ha centrado sus actividades en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, donde está presente en casi todos los campos que cubren la región. Como, por ejemplo, en el citado Caño Limón, en el que, por su participación del 35%, Repsol ha adquirido una corresponsabilidad en crímenes de lesa humanidad al prestar apoyo al Ejército norteamericano y financiar a unidades militares que acumulan denuncias en materia de derechos humanos.

Entre ellas, la Brigada XVIII que, tal y como afirmó Germán Suárez, dirigente de la USO, tenía el cometido de “vigilar a los trabajadores petroleros para evitar que crearan sindicatos”.

O también en la zona del pozo Capachos, que, después de que Repsol anunciara la existencia de crudo en 2002, sufrió el auge del paramilitarismo en los dos años siguientes.

Y, en 2005, tras el incremento de los crímenes contra la población civil y de los niveles del desplazamiento forzado, Repsol comenzó a producir petróleo. Por último, qué decir del campo Catleya, en el que Repsol está tratando de asegurarse nuevas reservas de hidrocarburos crudo sin tener en cuenta que esa área de exploración se superpone con resguardos indígenas u’was.

En definitiva, como se encargó de recordar Adelso Gallo, “la represión a las organizaciones sociales y a la población civil ha sido muy fuerte en Arauca” y, por ello, “en los últimos años, la región ha batido todos los registros de asesinatos y violaciones a los derechos humanos” de toda Colombia. Y, en todo ello, “la responsabilidad es compartida entre las multinacionales petroleras y el Estado colombiano”, como dijo Suárez, ya que “no podrían haber acabado con los pueblos indígenas y los ecosistemas locales sin el entreguismo de los sucesivos gobernantes que ha habido en el país”. De lo que se trata es de que, como recoge la sentencia final del tribunal, “en el caso de Colombia se ha venido constatando que las empresas trasnacionales han operado en un contexto de violencia estructural y violaciones constantes de los derechos humanos, del que no sólo no se han desmarcado sino que, en muchos casos, han contribuido a favorecerlo”.