En estas mismas páginas y en otros medios atentos a las amenazas contra los derechos humanos hemos podido leer advertencias sobre los peligros que nos acechan tras esa novedad tecnológico- administrativa del DNI electrónico: la sombra del Gran Hermano informático es alargada. La incorporación de un chip al tradicional documento de identidad abre toda una serie de posibilidades aún por explorar. Pero, ¿por qué sólo considerar las que implican un mayor control estatal?
Como siempre, la tecnología está al servicio de la ideología dominante. Por ello, su uso está encerrado en los límites del Real Decreto 1553/2005 que lo puso en marcha y que, básicamente, se orientan a facilitar trámites administrativos y comerciales por vía electrónica. Pero pensemos por un momento en las posibilidades que abre y que no están expresamente en esa ley: “Todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, reconocerán la eficacia del documento nacional de identidad electrónico para acreditar la identidad”.
Es decir, en teoría serviría para permitir la identificación electrónica en un proceso de votación telemático. Si nos apoyamos en esa validez para darle un uso político al DNI digital, podríamos abrir las compuertas de la presa que mantiene hoy en día como ‘inviable’ la democracia directa, ya que cualquier debate en torno a dicho sistema de gobierno ciudadano choca tarde o temprano con quienes alegan que no es factible estar organizando referendums cada semana para que los ciudadanos puedan decidirlo todo. La existencia de redes ubicuas como internet y la telefonía móvil, unida a este arma democrática en que podemos convertir el DNI electrónico, desmontaría ese argumento. Con esta nueva herramienta entonces, ¿nos controlará el Estado a nosotros, o nosotros a él?
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