El encarcelamiento de la activista social de Girona, tildado ya por las asambleas de apoyo como “secuestro preventivo”, ha entrado en una deriva política, social y mediática en Cataluña que se dirime jurídicamente en la Audiencia Nacional.
A finales de marzo, el juez Juan del Olmo decidió levantar el secreto de sumario y mantener la prisión preventiva para Núria Pòrtulas, acusada ahora de un único delito genérico de integración en banda armada. La activista fue detenida en base a una triple orden cursada por los Mossos d’Esquadra, sin embargo dos de aquellas acusaciones- entre ellas, tenencia de explosivos- se desvanecieron tras el registro de su domicilio. Dos meses después, el Departament d’Interior no ha sido capaz de presentar pruebas adicionales en su contra. Tampoco ha determinado la “banda armada” en la que Pòrtulas estaría integrada, ni ha aclarado el difuso delito de “terrorismo” que se le imputa. Y eso a pesar de disponer también de todas las llamadas efectuadas desde su móvil en los últimos dos meses y haber clonado y rastreado sus ordenadores. Paradójicamente, tras la petición retroactiva de control de llamadas hecha por los Mossos, ha quedado acreditado que el móvil de Pòrtulas ya estaba siendo intervenido por la Guardia Civil desde hacía tres meses, sin que la investigación del cuerpo desembocara en acción penal.
Una libreta azul
El único elemento utilizado por el Area d’Informació Interior de la policía catalana como indicio en el primer y único informe remitido a la Audiencia Nacional, son las direcciones postales de tres administraciones públicas, que tenía Pòrtulas y que los investigadores de los Mossos consideran blanco de futuras acciones. Las tres direcciones presentadas como “objetivos sujetos a vigilancia” estaban recogidas en una libreta personal azul, requisada a Pòrtulas en un control de tráfico en Besalú (Girona) -de carácter “rutinario” según la policía autonómica-, y que està siendo utilizada para mantenerla presa. El resto es sabido: esta joven es una reconocida activista social que participó desde diciembre pasado y hasta su detención en la articulación de la campaña de solidaridad con Juan Surroche, vecino de su pueblo detenido el 21 de diciembre y extraditado a Italia para cumplir una condena de siete años de cárcel por el incendio de un vagón de Trenitalia en una protesta contra la deportación de inmigrantes.
Para una formación que durante 25 años se ha posicionado reiteradamente contra la legislación antiterrorista, contra la excepcionalidad penal y contra la política de dispersión penitenciaria, la detención de Pòrtulas por la policía que está bajo su dirección política desde el pasado noviembre no ha pasado inadvertida, ni dentro ni fuera. A la sorpresa y malestar interno en las bases que ya generó la asunción de la máxima responsabilidad policial en el nuevo Gobierno tripartito -y que fuentes conocedoras de las negociaciones atribuyen a las presiones del PSC para frenar el ascenso electoral de la formación ecosocialista- cabe añadir el malestar suscitado por el ‘caso Pòrtulas’. Algunos dirigentes de ICV están negando la responsabilidad de la formación en el caso, aduciendo -falsamente- que todo es competencia de la Audiencia Nacional, y han tildado de “fascistas y radicales” el siliconado de ocho sedes.
Mientras, las protestas semanales frente a las sedes de ICV se han extendido desde Girona hasta Barcelona, Vic o Lleida. El Ayuntamiento de Vilafranca del Penedés también ha aprobado una moción con idéntica reivindicación. El último concierto de Lluis Llach también acogió la solidaridad: todos los asientos de los 5.000 asistentes disponían del manifiesto unitario que reclama su libertad, y en el transcurso de la actuación los familiares de la encarcelada salieron al escenario exigiendo su libertad.
Desde la cárcel de Soto del Real, Pòrtulas ha remitido una carta de agradecimiento por la amplia solidaridad recibida.
Manual policial contra ‘okupas’
El semanario catalán Directa ha hecho pública la existencia de un manual específico contra el movimiento social de ocupaciones realizado por el Sindicat Autònom de Policia (SAP), organización presente en los Mossos d’Esquadra y las policías locales catalanas. El manual, de 60 páginas, con numerosas faltas de ortografía y en un tono a menudo soez, está especialmente dirigido también a los agentes antidisturbios de la Brigada Móvil del cuerpo autonómico. En él, los policías, además de banalizar y ridiculizar las denuncias por malos tratos, cataloga, criminaliza y ataca la okupación e incluso incluye un ‘kamasutra’ de las movilizaciones, describiendo las posturas adoptadas por los manifestantes.
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