Peligra el mayor servicio social de las bibliotecas

Dibujo: Roc Albalat Gimeno

Parece un disparate, pero no lo es. El derecho de acceso a la cultura tiene un precio a partir de ahora, ya que la nueva Ley acata la Directiva 92/100 del Consejo de la Unión Europea. Dicha norma establece una remuneración económica para los escritores por cada préstamo de sus obras realizado en entidades públicas, argumentando que ello les impide percibir el importe que cobrarían por derechos de autor si se tratase de una venta. La Directiva permite a los estados miembros eximir de este canon a “determinadas categorías de establecimientos”, excepción a la que se acogió el Ministerio de Cultura “por entender que la situación bibliotecaria de nuestro país arrastra un déficit importante” (tanto el presupuesto para adquisiciones como el índice de préstamos son cinco veces inferiores a la media). Pero en octubre de 2006 el Tribunal de Justicia de la UE condenó a España por aplicar esa exención a “la práctica totalidad [...] de establecimientos”, lo que ha desembocado en la situación actual.

La pertinencia de esta Directiva, así como su aplicación, están en tela de juicio en otros países como Italia y Portugal, donde han surgido movimientos de oposición similares a la Plataforma Contra el Préstamo de Pago (www.noalprestamodepago.org), que lucha por defender la esencia misma de la biblioteca en el Estado español. Durante años, el grupo de profesionales bibliotecarios y personas afines que forman la Plataforma ha reunido un buen número de razones para rechazar esta nueva muestra de abuso mercantilista escudado en la protección de la propiedad intelectual. Los derechos de autor ya se pagan al comprar un libro. No es de recibo cobrar dos veces por el mismo concepto. Los autores, por su parte, percibirán una cantidad ínfima, puesto que el grueso del canon irá a parar a las arcas de las editoriales y de la entidad de gestión encargada de recaudarlo, aunque los titulares de periódico hayan dicho que la cantidad recaudada se destinará en un 70% a los autores. La promesa de que el canon no repercutiría en los lectores, sino en la Administración, es una falacia: toda la ciudadanía sufraga los gastos públicos con los impuestos. Así, el consiguiente recorte en los presupuestos de las bibliotecas incidirá directamente en la adquisición de nuevos libros.

Como consecuencia, miles de obras perderán su oportunidad de formar parte del privilegiado escaparate y depósito que es la estantería de una biblioteca. El derecho fundamental del autor a ser leído pervive gracias a la labor de promoción y conservación de las bibliotecas, que no han sucumbido a la voraz lógica del mercado que ya está acabando con las librerías.

Apoyos múltiples
Todos estos argumentos se han ganado el apoyo de los usuarios, con 200.000 firmas recogidas para el Defensor del Pueblo, que estimó su petición. También de los autores: hace dos años, unos 400 rechazaron servir de coartada; esta vez, en menos de un mes, ya hay más de 100 adhesiones. Asimismo, 600 profesores universitarios han firmado su propio manifiesto, mientras que asociaciones, como CECU o ATTAC, y editores, como Traficantes de Sueños o Kalandraka, han mostrado su apoyo. Las bibliotecas, en todo el Estado, se han volcado en exigir al Congreso, mediante postales enviadas por sus propios lectores, que frene la inclusión de la Directiva en la redacción de la nueva Ley. La lucha por los libros libres acaba de empezar.

Municipios en contra
Además de los diferentes manifiestos y los cientos de miles de firmas en contra del canon, en muchos ayuntamientos (Lugo, Teruel, Granada, Gipuzkoa, Oviedo, Guadalajara, Mallorca) se han presentado mociones contra el canon a las que se unen las Proposiciones no de Ley aprobadas en la Asamblea de Madrid, las Cortes Valencianas y las Cortes de Castilla-La Mancha.