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LA REFORMA DE LA LOU, UN RETOQUE DE MAQUILLAJE

L. C. (REDACCIÓN)
Jueves 29 de marzo de 2007. Número 51
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NO A LA LOU. Manifestación contra la reforma del PP el 17 noviembre de 2005.

El pasado 21 de marzo el Senado aprobó el Proyecto de reforma de modificación de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) con el voto a favor de todos los partidos menos del PP. La norma no dista mucho de la que ellos propusieron hace seis años. Aunque sólo represente un pequeño retoque de las injerencias externas y los ataques a la autonomía universitaria que incluía el proyecto original del PP, su trámite parlamentario llega al final de la estación y el 29 de marzo el Congreso votará su ratificación definitiva.

Los cambios introducidos a su paso por la Comisión de Educación del Senado (337 enmiendas) incluyen modificaciones que tienen en cuenta las lenguas oficiales que coexisten en el Estado español, o la devolución al Consejo de Gobierno de las competencias que hasta ahora estaban en manos de los Consejos Sociales (en la mayoría de los casos, controlados por el poder político y los lobbies empresariales).

Sin embargo, el modelo de Cabrera tiene no pocas imprecisiones y puntos oscuros: no especifica el registro de titulaciones que prevé en sustitución a un catálogo cerrado, y apunta a una universidad a la carta, al estilo de las televisiones (el nuevo Real Decreto de los estudios de Postgrado prevé la extinción de los programas de doctorado a partir de 2008). El claustro sigue formado en su mayoría por ‘funcionarios doctores’ y mantiene la discriminación del resto de profesorado, personal de administración y servicios y estudiantes.

En lugar de garantizar la representación estudiantil en los órganos de gobierno, la reforma impone la creación de un consejo vertical de estudiantes (la idea de crear un Consejo Estatal de Estudiantes, al que el movimiento estudiantil no institucional se oponía, está congelada). La reforma de la LOU pone en el mismo nivel becas, ayudas y créditos-préstamos para el alumnado. Mantiene un sistema de becas mermado al que se suma la concesión y devolución de créditos no vinculados siquiera a la renta del estudiante. Tampoco se especifican los mecanismos de coordinación entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas para la distribución territorial de los fondos para becas.

Una iniciativa positiva es el cambio en los baremos de renta familiar para acceder a las becas según CC AA. Sin embargo, el énfasis se pone sobre los préstamos. Las universidades, a través de ciertas entidades financieras, van a otorgar préstamos de hasta 22.600 euros para estudiar másters oficiales (dentro del currículum formativo), a devolver sin intereses cuando el estudiante alcance unos ingresos anuales de 22.000 euros. Para el curso 2007-2008, el Gobierno prevé 6.000 préstamos para cursar un máster u otros estudios de postgrado, que los graduados con nacionalidad española o de un país de la UE podrán solicitar a partir del 1 de septiembre. Un préstamo no reembolsable si “uno se lo gana” y cuya deuda, 15 años después, quedaría extinguida.

Sin embargo, STES reivindica que el sistema de ayudas sea el mismo que en licenciatura, becas sin compromiso de devolución, según un criterio de justicia distributiva en el que las clases más desfavorecidas tengan las mismas oportunidades para acceder a estudios superiores. La reforma no viene acompañada de un plan de financiación que ponga en marcha las estructuras que requiere el teórico Espacio Europeo de Educación Superior. Se trata, por tanto, de una reforma vaga, impulsada por un PSOE que ha olvidado sus críticas a la normativa y su participación en las movilizaciones de 2001. Para la izquierda universitaria, supone una nueva frustración y resulta insuficiente.

Los colectivos estudiantiles de la izquierda no institucional también denuncian -aunque por razones diametralmente opuestas a la derecha- que la universidad, como espacio de pensamiento crítico y accesible a todos, es “la gran ausente” en la reforma. Los tres ejes más críticos son la mercantilización encubierta, el mantenimiento histórico de jerarquías y el aumento de las desigualdades de acceso a través de la nueva estructura (3 + 2 años) y financiación (becas-préstamo) de los estudios universitarios. A diferencia de las protestas contra la LOU del PP, que traspasaron el ámbito universitario para convertirse en un movimiento ciudadano, ahora los estudiantes están más bien solos.

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