La construcción de la prostitución como cuestión social ha sufrido importantes modificaciones a lo largo de la historia reciente, llegando en nuestros días a estar en el origen de un intenso debate en torno a qué respuesta jurídica debe dársele. Debate avivado en estos días por el reciente debate parlamentario, que sigue abierto: el informe aprobado por PSOE, PP y CiU ha sido votado en contra por IU-ICV, ERC y Grupo Mixto, quienes disponen de unos días para presentar sus votos particulares hasta la emisión del informe definitivo el 17 de abril. Había de entrada pocas razones para el optimismo, porque ésta es la tercera vez que se estudia la prostitución en el Parlamento (1999, 2002 y 2006). La primera terminó con un informe y la segunda se cerró sin conclusiones que, aunque hubiesen existido, tal vez habrían servido de poco al carecer de carácter vinculante.

Seguimos igual

La profecía que aconsejaba no ser optimistas se ha visto cumplida. El informe preliminar vuelve a dejar las cosas como estaban: ni apuesta por una ley que reconozca los derechos ni por una ley abolicionista. En su lugar se conforma con una tibia recomendación de no regular la prostitución en España que decepciona a todas las partes, tanto a los sectores del PP, PSOE e IU que apostaban por la abolición de la prostitución a imagen y semejanza del modelo sueco, como a las personas que dentro de los mismos partidos, y especialmente dentro del grupo IU-ICV, consideraban que ésta era una oportunidad de oro para reconocer los derechos de las prostitutas.

Sin embargo, las grandes perdedoras han sido, una vez más, las prostitutas demandantes de derechos. El informe ni siquiera las nombra a pesar de que representantes de varias asociaciones, entre ellas el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo en Murcia, expusieron sus reivindicaciones en dicha ponencia. Frente al silencio, es imprescindible recordar que estas trabajadoras, lejos de ser un grupúsculo puntual, forman parte de un movimiento creciente e imparable a escala internacional. Si se presta atención, se comprueba que día tras día llegan noticias de acciones a favor de sus derechos organizadas por grupos de prostitutas desde Argentina hasta India, de Francia a Perú, de México a España. Se les hace, por cierto, una enorme injusticia a estos grupos cuando se les asimila al juego de intereses de la patronal de la industria del sexo. Las prostitutas han creado un movimiento de corte sindical que lucha, como antes hicieron otros grupos, por conquistar la ciudadanía de pleno derecho.

En el escenario recién creado, los partidos que votaron en contra preparan sus argumentos con la intención de que el informe definitivo incorpore la recomendación de reconocer los derechos laborales de las prostitutas. De las cuatro posibles respuestas jurídicas, sólo una contempla esta opción. En orden cronológico es la última.

Historia

La primera dominó hasta finales del siglo XIX y abordaba la prostitución como una cuestión de orden policial. Con ese fin, se sometía a las prostitutas a inspecciones arbitrarias, a durísimos controles sanitarios y se les obligaba a ejercer en las zonas señaladas por las autoridades. El conjunto de estas normas y la configuración de la prostitución como un mal menor, moralmente tachable pero necesario, se conocía como reglamentarismo. Modelo que ha sido en varias ocasiones reformulado hasta la concepción actual en la que el Estado se inhibe o suaviza el control sobre las prostitutas, pero ni se pronuncia sobre sus derechos ni las acepta como interlocutoras válidas en la defensa de los mismos.

Esta modalidad inspira hoy muchas normativas y es la que se destila del informe preliminar de la última ponencia. Sin embargo, el reglamentarismo actual dista de la crueldad con la que se trataba a las prostitutas en la Inglaterra de finales del siglo XIX, donde un grupo de mujeres preocupadas por la crudeza de las condiciones de las prostitutas originó un movimiento de reacción: el abolicionismo. Éste introducía un nuevo paradigma en el que la prostitución dejaba de considerarse un fenómeno necesario para conceptualizarse como una forma de dominación de los hombres sobre las mujeres, como una forma de esclavitud.

Dentro del abolicionismo, la corriente hoy más visible es la que solicita la persecución y castigo de los responsables de la prostitución a quienes llama “prostituidores” y el rescate de las mujeres, para quienes se emplea el término “mujeres prostituidas” con el fin de acentuar su posición de víctimas. Bajo este paradigma, se considera que las prostitutas organizadas para la defensa de sus derechos constituyen una minoría y que en todo caso, el daño sufrido apenas les permite evaluar qué les conviene. El tercer modelo de respuesta jurídica es el prohibicionismo. Este régimen legal halla su justificación en la criminología positivista de finales del siglo XIX, cuyos postulados situaban a la prostituta dentro del campo de la delincuencia, la marginación y la transmisión de enfermedades, prohibiendo tanto la oferta como la demanda de servicios sexuales. Dada esta negativa connotación, son escasos los Estados que se atreven a reconocer que se rigen por leyes prohibicionistas. Este modelo no da cabida a ningún tipo de organización de prostitutas.

Legalización

El cuarto y último modelo presente en el debate es el del reconocimiento de derechos, éste se centra en la defensa de la legalización de la prostitución como trabajo. La génesis del movimiento por la legalización de las prostitutas se sitúa alrededor de los años ‘70 del siglo pasado, tanto en San Francisco, donde comenzó un movimiento autoorganizativo, como en Francia, donde en 1975 algunas prostitutas ocuparon iglesias para reclamar sus derechos. Desde esta postura, se entiende que las personas que ejercen las prostitución deben formar parte activa del debate y que el Estado ha de reconocer sus derechos, no por ser un trabajo como otro cualquiera, sino precisamente porque se trata de una actividad bajo el peso del estigma.

La experiencia nos muestra que, desde hace varias décadas y al margen de la opinión de las prostitutas, se han probado al menos dos de estos modelos (reglamentación y abolición), se han creado tres comisiones de estudio y se ha visto cómo varios intentos locales (Madrid, Barcelona, Reus) y uno regional (Cataluña) naufragan. Por el momento, y ésa es la buena noticia, las prostitutas están conquistando el espacio público. La intuición nos dice que no se saldrá del atolladero en el que encuentra la prostitución hasta que no se ponga en práctica el cuarto modelo, hasta que no se reconozcan los derechos laborales de las prostitutas.