Culpables por decisión mediática

IÑAKI DE JUANA CHAOS. Cartel por Inaki en Bilbo (Bilbao)./Joseba Barrenetxea

En el verano de 1997, la prensa destapó una supuesta red internacional de pederastia en el barrio barcelonés del Raval. La primera denuncia que desencadenó todo el proceso judicial procedía de una vecina, que se basó en rumores y habladurías ; después la investigación policial incriminaría como sospechosos y acusados a un amplio número de familias y algunos colectivos. Entre estos últimos se encontraba la asociación Taula del Raval, que se oponía a la demolición y a la expropiación de viviendas en el barrio. El primer juicio sobre este caso, en 1999, absolvió a la mayor parte de los acusados por falta de pruebas, y la supuesta red internacional de pederastia quedó reducida a dos acusados con cargos graves. Sin embargo, el seguimiento mediático del proceso judicial del Raval tuvo efectos gravísimos : antes de que se celebrara el primer juicio, los medios de comunicación habían ya criminalizado y estigmatizado a la mayor parte de los sospechosos, difundiendo a la opinión pública datos relevantes de su vida privada y laboral ; la asociación Taula del Raval cayó en descrédito y perdió las demandas presentadas contra la política de demoliciones del barrio del Raval iniciada por el Ayuntamiento barcelonés. Los principales acusados sufrieron un acoso mediático tan brutal que, cuando se celebró el segundo juicio en el año 2001 tuvieron a toda la opinión pública en contra. El veredicto fue de culpabilidad en ambos casos. ¿Se puede decir que los medios no influyeron en la decisión de condenarles ?

Juicios paralelos

El caso del Raval -de cuyo segundo juicio hizo un estupendo documental Joaquím Jordá (De Nens)- fue uno de los primeros síntomas de lo que se ha convertido ya en una tendencia generalizada en los últimos meses : los juicios paralelos que están emprendiendo los medios de comunicación, en particular en prensa y radio, contra acusados en procesos judiciales abiertos o en curso. El derecho a la información y a la opinión que tienen los periodistas colisiona con dos derechos básicos de cualquier acusado : el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la privacidad. El primero se refiere a que hasta que no haya una sentencia firme dictada por un tribunal, el acusado tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de su inocencia y, por tanto, de ser absuelto ; el derecho a la privacidad apela a que cualquier individuo tiene derecho a no revelar información personal si no es con su consentimiento.

Sin embargo, ciertos juicios mediáticos están vulnerando constantemente estos dos derechos, hasta el punto de que algunos periodistas, de hecho, promueven un veredicto antes no sólo de conocer la sentencia, sino incluso mucho antes de iniciarse el juicio. A finales de diciembre de 2006, ante las acusaciones desmedidas e infundadas contra los detenidos acusados por la muerte de cinco prostitutas en Ipswich, una pequeña localidad inglesa, Lord Goldsmith, un magistrado británico, recordó a los periodistas la responsabilidad de su trabajo, y uno de los fiscales encargados del caso, Michael Crimp, afirmó que “todo acusado tiene derecho a un juicio justo”. Una regla básica del derecho que muchos medios británicos, sin embargo, estaban vulnerando.

En España, en los últimos juicios que han recibido la atención mediática, parece que tampoco los medios están obligados a cumplir ni a respetar la regla de que “todo acusado tiene derecho a un juicio justo”. La investigación sobre el 11-M, por ejemplo, comenzó a ser cuestionada incluso pocas semanas después del atentado. El Mundo, la COPE y Libertad Digital no sólo han establecido un juicio paralelo al proceso judicial, sino que algunos periodistas han insultado y han llegado a tildar de “incompetente” al instructor del caso, Juan Del Olmo. Víctor Sampedro, profesor de Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y autor de un libro sobre el 13-M, es concluyente : “Todo el llamado periodismo de investigación de El Mundo no ha podido aportar ni una prueba al sumario del 11-M”, ni a la acusación fiscal. Sólo ha servido para que tres miembros de ETA- sin vinculación con el atentado, como reza el sumario- sean llamados a declarar no como imputados, sino como testigos de la defensa de Jamal Zougam”. Cuando el 23 de enero se conoció que estos tres miembros de ETA serían llamados a declarar algunos diarios vieron en ello una confirmación de las teorías conspiratorias que vinculaban el 11-M con ETA. Han olvidado que las acusaciones hay que demostrarlas con pruebas, y no con conjeturas.

El 15 de febrero comienza el juicio sobre el 11-M. Es una buena ocasión para abrir el debate sobre el daño que pueden ocasionar los juicios mediáticos sobre la legitimidad de los dictámenes judiciales y sobre los propios acusados, aunque para muchos sólo quede apelar a la propia responsabilidad profesional.

Sobre el caso de Ipswich, Mark Lawson escribía en The Guardian que tan grave como una sentencia judicial es una acusación mediática sin pruebas, pues “es como suponer que los acusados no tienen derechos en absoluto : una actitud propia del proceso de Guantánamo que tendrá, si no tiene ya, consecuencias terribles”.

‘Guantánamos’ de quiosco

El caso más extremo de la pérdida de la presunción de inocencia ha sido, sin embargo, el de Iñaki De Juana Chaos. Más allá de todas las opiniones morales que uno pueda tener, muchos medios omitieron que no se le está juzgando por el asesinato de 25 personas (condena que ya ha cumplido al beneficiarse de la reducción de penas del Código Penal de 1975), sino por la publicación de dos artículos por los que se le acusa de un delito de amenazas de muerte, y que por tal cargo lleva dos años en prisión preventiva, a la espera de que dicte sentencia el Tribunal Supremo. Cuando a finales de enero, los miembros de la Audiencia Nacional se reunieron para discutir su caso, varios medios iniciaron una campaña contra la posibilidad de que De Juana Chaos mantuviera su huelga de hambre bajo un arresto domiciliario. Una vez más el acoso mediático podría haber erosionado las condiciones para que De Juana Chaos recibiera un “juicio justo”.

Otro caso claro es la causa penal iniciada el 31 de enero contra el lehendakari Juan José Ibarretxe por reunirse con Batasuna y que ha chocado con la oposición de numerosas instituciones vascas, aunque, al tiempo, ciertos medios han iniciado una campaña de acoso contra el lehendakari, imputándole acusaciones gravísimas sin ningún fundamento, como la colaboración con ETA.