La entrada en el año 2007 sigue dejando teñidas de sangre las obras, las fábricas y demás puestos de trabajo por todo el Estado español. “Los accidentes y enfermedades derivados del trabajo son una fuente continua de sufrimiento humano. Además, suponen un gran coste económico para la sociedad”, según el informe de la sección de Salud Laboral de CC OO.
Las cifras más conservadoras hablan de un balance de 937.063 accidentes con baja en el puesto de trabajo el año pasado, 977 de ellos mortales. CNT no acepta estos datos. El sindicato libertario cifra en más de 7.000 los fallecidos en relación con el trabajo dentro del marco del Estado español. Los anarcosindicalistas reconocen así también a los inmigrantes muertos en su trayecto a Europa y Canarias, “ya que vienen en busca de empleo”.
La gestión de la salud de los trabajadores viene condicionada por un sistema de mutuas. Empresas privadas sanitarias que “suelen gestionar bastante mal todos los casos, están más preocupadas en ocultar y en librarse de los accidentes, que de que realmente ocurran; de forma sistemática los recurren para que queden fuera de las estadísticas y no les suponga un gasto”, explica la Secretaría Nacional de Salud Laboral de LAB. Para el sindicato abertzale la única diferencia cuando el accidente es mortal es que resulta más difícil esconderlo, se suele declarar con mayor celeridad que en el caso de otros accidentes. Así, los accidentes graves están subestimados en torno a un 28%.
La compensación del salario durante el tiempo que dura la baja, es decir, la recuperación del estado de salud del trabajador, es financiado mayoritariamente por las mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Hablando en plata, 7.194 millones de euros en costos; más de 12 millones de trabajadores cubiertos por las mutuas.
Pelear con la mutua
Según fuentes médicas consultadas por DIAGONAL, en referencia a las enfermedades profesionales se produce un claro subregistro. El reconocimiento de un deterioro sistemático de la salud por motivos laborales supone un gasto para las mutuas que tratan de evitar, según médicos del sistema sanitario público. En estos casos, el trabajador cansado de no poder resolver su problema de salud vuelve sus ojos hacia la Seguridad Social. En ese momento acude a su médico de cabecera, quien acaba por determinar una enfermedad común, con lo que la mutua se ahorra mucho dinero. “Es un error, hay que batallar con la mutua para lograr que reconozca la enfermedad profesional y acceder a las prestaciones sociales a las que tenemos derecho”, argumentan en Salud Laboral de CNT. En LAB también señalan que incluso la legislación más reciente al respecto es deficiente. Aunque se han incluido algunas enfermedades, sigue habiendo deficiencias ya que han dejado fuera todas las patologías derivadas de los factores de riesgo psicosocial. Éstas no aparecen en todo el cuadro y son las grandes olvidadas.
CC OO aporta datos que hablan de que al menos un 16% de los procesos del sistema público de salud por contingencia común tienen un origen laboral; los cuales no son reconocidos por las mutuas. Esto supone un cargo de más de 2.200 millones de euros a cuenta de las arcas públicas, que salen de los bolsillos de todos a través de los impuestos. Comisiones Obreras propone que los trabajadores puedan decidir a qué mutuas acudir para discriminar a aquellas que no proporcionen un servicio adecuado.
En CNT apuestan por abolir la mercantilización de la salud de los trabajadores. La central anarcosindicalista acusa a las mutuas de presionar de forma continuada a los trabajadores de baja para que se reincorporen cuanto antes a su puesto de trabajo, llegando en algunos casos al mobbing o acoso laboral.
Trabajo a destajo
El trabajo a destajo, las ETT y la precariedad contractual son algunos de los principales factores que generan cifras tan escalofriantes de siniestralidad laboral en el Estado español. “El nivel de productividad que se le exige a un obrero de la construcción es inversamente proporcional al nivel de seguridad que necesita”, señalan desde CNT. El sindicato considera a los muertos en accidentes laborales como víctimas del “terrorismo patronal”. La CNT exige que la legislación vigente en materia de seguridad laboral se cumpla, pero señala que no hay ni medios ni voluntad, y que por lo tanto resulta papel mojado con el actual modelo económico.
Las escandalosas cifras de la vergüenza
El Parlamento europeo, en su último ejercicio, reconoce que alrededor de 350.000 personas tienen que cambiar de trabajo en el Estado español a consecuencia de un accidente laboral, 300.000 tienen varios grados de incapacidad permanente, y otros 15.000 han quedado excluidos del mercado de forma permanente. La cifra total de accidentes laborales ha registrado en 2006 un incremento del 3,3% con respecto al año anterior. En el caso de la pequeña empresa, entre uno y nueve trabajadores, supone un 20% más que la media. La muerte en estos centros de trabajo llega a ser un 60% más que la media. Los accidentes de tráfico con resultado de muerte han bajado un 14%, y sólo ha descendido un 1,1% los obreros que han fallecido camino del tajo. Las sanciones por Inspección de Trabajo recaudan el 1% del total de los costes que generan accidentes laborales y enfermedades profesionales. Tanto CNT, como LAB y CC OO coinciden en calificar de muy deficientes y precarios los medios con los que opera la Inspección de Trabajo. Para todas las obras de la M-30 hay tres inspectores y han muerto seis obreros.
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