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El respeto a los cascos antiguos, a la voluntad de los vecinos y el rechazo a la supremacía del coche son los motores de esta lucha. En Salamanca, el conflicto en torno al aparcamiento de la Plaza de los Bandos sigue abierto. Un conflicto prototipo : restos arqueológicos que desaparecerán, aumento del tráfico hacia el centro histórico, dificultad en los accesos, proximidad de monumentos declarados, ausencia de motivación suficiente para su construcción...
Pese a la recogida de más de 19.000 firmas, varias concentraciones de denuncia y numerosos recursos legales, el Ayuntamiento, espoleado por la Cámara de Comercio, sigue con su proyecto de párking subterráneo justo en el límite del centro histórico (ver DIAGONAL nº 45). El futuro aparcamiento, de 364 plazas distribuidas en tres plantas, vio sus obras empezar el 4 de diciembre, con los estudios arqueológicos. El alcalde, Julián Lanzarote, del PP, afirma que no cederá ante las reclamaciones vecinales.
Según la Plataforma Ciudadana Los Bandos Sin Aparcamiento -que agrupa a unos 30 colectivos-, además de las movilizaciones, el tema se dirimirá en los juzgados, a través de informes y de todo lo que rodea el tratamiento que Salamanca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad tiene. La Plataforma ha solicitado el amparo de la ministra de Cultura ya que es la garante de la conservación del Bien “Ciudad Vieja de Salamanca” declarado por la Unesco, un título sobre el que responde el Estado parte y que conlleva a consultar toda modificación del bien.
En Valladolid, el 15 de diciembre de 2006, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León paralizaba las obras -iniciadas en abril- de un párking subterráneo en la Plaza de Portugalete, solicitada por Ecologistas en Acción y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valladolid. En la zona monumental más importante de la ciudad, el Ayuntamiento planeaba construir un párking rotatorio de 300 plazas que, según los grupos denunciantes, generaría en un entorno muy delicado más de 3.000 desplazamientos diarios de automóviles por un entramado de calles estrechas, aumentando considerablemente la contaminación. El Ayuntamiento sigue pendiente de elaborar un Plan Anticontaminación, exigido por la legislación vigente al superar en 2003 y 2004 los niveles admisibles de partículas y ozono en la ciudad y su entorno.
El TSJ ordena al alcalde de Valladolid, del PP, la paralización inmediata de las obras, hasta que se resuelva el recurso judicial en curso. Las organizaciones denunciantes e IU resaltan que el Ayuntamiento no haya podido beneficiarse de la lentitud de la Justicia, como sí ocurrió en el caso de los aparcamientos de la Plaza de España y Zorrilla, declarados ilegales tras haber entrado en funcionamiento.
En León, el 15 de junio de 2006, el TSJ de Castilla y León ordenaba la paralización de las gestiones y obras del aparcamiento de la Plaza de la Inmaculada, de 459 plazas, tras apreciar “la especial urgencia” solicitada por la asociación de comerciantes, profesionales y vecinos contraria al proyecto. Ésta, con el apoyo de Ecologistas en Acción, denuncia que el Ayuntamiento ha incurrido en una vía de hecho sin adoptarse las resoluciones administrativas preceptivas. Carlos González-Antón, abogado de la plataforma que se opone a la obra, declaró a la prensa que “todo queda ahora pendiente del procedimiento que se sigue en el juzgado de León, que debe decidir sobre la legalidad o no de este proyecto”. Pese al revés judicial, el alcalde Mario Amilivia, del PP, mantiene su voluntad de construir el párking en cuanto se levante la restricción judicial, y tiene previstos otros dos aparcamientos, en la Plaza de las Cortes Leonesas y de los Hospitales.
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