DESALOJADOS. Moradores de las chabolas días antes de ser desalojados./Archivo Diagonal

Pese al frío y la falta de alojamientos alternativos, el 13 de diciembre la policía municipal desalojaba a algunas de las familias del poblado chabolista sito en un descampado junto a la Plaza 6 de Diciembre, en el madrileño barrio de Carabanchel Alto.

Para sorpresa de la comisión judicial del juzgado número 17, responsable del desalojo, y del mando de la policía municipal que supervisaba el amplio operativo, los servicios sociales no acudieron al desalojo, como es su responsabilidad. Ante la falta de recursos de los moradores de las chabolas, varios de ellos con graves enfermedades o con severas minusvalías, su intervención era muy necesaria. Al ser telefónicamente requeridos, adujeron no estar avisados del desalojo, lo que las familias allí presentes denunciaron como falso, ya que ellas mismas avisaron a la trabajadora social con la que trataban. El único trabajador social que se pasó, un mediador intercultural, declaró: “Mi trabajo terminó hace tiempo, vengo como observador”. Servicios Sociales, con anterioridad, había ofrecido a algunas de las familias plazas en los campamentos creados por el programa APOI para la “integración de poblaciones inmigrantes nómadas”. Los pobladores se quejan de que “en esos campamentos no hay nada. Están muy lejos, mal comunicados, y eso hace más difícil ir a buscar trabajo, y no nos dejan reciclar chatarra, con lo cual, ¿de qué vamos a vivir?”.

La orden judicial sólo se refería a la mitad del solar donde se asienta el poblado, por lo que, ante el desamparo en el que quedaban las familias desalojadas, la propia comisión judicial y la policía acordaron que éstas se trasladaran a otra parte del terreno, dejando algunas chabolas sin derribar.

El desalojo del poblado, habitado por familias españolas (algunas residiendo ahí desde hace diez años), rumanas y búlgaras, fue solicitado por la promotora inmobiliaria Cabarrus SL, propietaria del solar. Pero era apoyado por la asociación de vecinos, ya que según miembros de la policía municipal, el vecindario estaba harto de que algunos de los chabolistas robaran coches y cables de las farolas de alumbrado público del barrio.

El hostigamiento policial contra el poblado ha sido constante, en ocasiones con ‘visitas’ hasta dos veces a la semana. Por ejemplo, el 29 de noviembre, unos 40 agentes realizaron una redada, llevándose a todos los varones para identificarles.