“No existe ningún Dispositivo Móvil de Emergencia para drogodependientes”, respondía el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, ante la pregunta que le transmitía el Grupo Parlamentario del PSOE en la Asamblea de Madrid. El consejero alegó después una supuesta imprecisión en la denominación del dispositivo.
La pregunta se refería al programa conocido hasta ahora como MAPI (Móvil de Atención en Proximidad Integral), que tiene la peculiaridad de su ubicación geográfica en los propios poblados de los alrededores de Madrid. Su objetivo es contactar, captar y tratar a la población drogodependiente para su posterior derivación a las redes normalizadas de asistencia al drogodependiente, a las que ha enviado a más de 1.400 usuarios desde su creación.
“Estamos hablando de población drogodependiente que vive en el poblado de Las Barranquillas, situado a cinco kilómetros del centro de Madrid, con más de 400 personas en tratamiento con metadona, un 30% de la población con VIH, 10% con sida, 60% con hepatitis C, donde las tasas de tuberculosis multiplican por 50 las tasas de la población normalizada, habiendo casos de tuberculosis vertebral e infantil. Esta población no accede a los recursos situados en la ciudad”, puntualizaba en su intervención el diputado Eduardo Sánchez, del PSOE.
La reducción presupuestaria decidida por la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid plantea dejar de suministrar metadona y otros medicamentos a más de 200 personas en un avanzado grado de deterioro físico. Estos medicamentos tratan diversas enfermedades infecto- contagiosas adquiridas tras años de toxicomanías y difíciles condiciones de vida en los poblados. También previenen contagio al resto de la población. La Agencia limita además a dos meses el tiempo que una persona puede permanecer en el programa. “Yo por experiencia sé que nadie sale en dos meses de las drogas y de estar tirado en el poblado”, afirma Carlos, usuario del programa. “En un año es cuando empiezas a ver las cosas claras”, precisa Benito, otro usuario.
A pesar del incremento del 7% en la partida para el conjunto de programas de atención a drogodependencias, la atención a las personas en situaciones más desfavorables se ve drásticamente reducida con respecto a años anteriores. El presupuesto de este recurso que acerca la atención sociosanitaria allí donde es más necesaria pasó de casi 1.260.000 euros en 2006 a contar con 972.400 euros tanto para 2007 como para 2008. Esta reducción en torno al 30% es esquivada por el responsable de la Consejería. “Le pido también que no me responda que va a aumentar el presupuesto para la atención de población drogodependiente en otros recursos, ya que la población que vive en el poblado Barranquillas no accede a ellos”, le advirtió el diputado Sánchez en la sesión del 14 de diciembre. La respuesta de Lamela desató la indignación de la plantilla de Madrid Positivo presente en la sala. Las trabajadores y trabajadores están convencidos de que se van a producir más fallecimientos como consecuencia de la falta de asistencia que produce el recorte presupuestario, y aseguran que le irán comunicando estas muertes al consejero una por una.
Concurso delator
La alarma saltó cuando el 31 de julio se hizo público el pliego de condiciones técnicas que iba a regular el concurso para la adjudicación del servicio. La Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, dependiente de la Consejería de Salud y Consumo, no presta los servicios que tiene encomendados de forma directa, sino que, al igual que otras muchas Administraciones públicas, los privatiza. Convoca lo que se llama el contrato de gestión de servicios públicos, donde la Administración describe qué quiere y a qué precio.
Si se comparan las condiciones del pliego con la información que la propia Agencia Antidroga ofrece en su sitio corporativo sobre los recursos que dedica al programa MAPI, el organismo considera que va a dejar de necesitar un médico, cuatro enfermeros, cuatro trabajadores sociales y tres educadores, además de los monitores, terapeutas, personal de gestión, administrativo y de servicios auxiliares que afirma tener trabajando en este programa.
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