CONTRA LOS RECORTES SOCIALES. El 15 de noviembre decenas de personas se manifestaron en la ciudad sueca de Malmo./Johanna Isaksson

El 17 de septiembre pasado Suecia eligió por tercera vez en tiempos modernos un Gobierno de la derecha. La última vez fue entre 1991 y 1994. La mayor diferencia esta vez es que los cuatro partidos de derecha, el partido Moderaterna, el Partido de Centro, el Partido Popular y los democristianos se juntaron en una alianza ante las elecciones, con un programa único.

La mayoría de los comentaristas están convencidos de que el tema del empleo, tradicionalmente socialdemócrata, fue decisivo para estas elecciones. La derecha lo subrayó todo el tiempo: “Mayor facilidad para contratar a personal y para crear una empresa” y “tiene que ser rentable para poder trabajar” fueron dos de las consignas más utilizados en la campaña electoral.

La Alianza quiere bajar los impuestos en 1.100 millones de euros. Pero no son, según ella misma ha dicho, las personas de bajos ingresos las que van a ganar con esa reforma. Quienes ganan 4.000 euros al mes gozarán de una reducción de 110 euros en impuestos, mientras a un trabajador con un ingreso de 1.000 euros al mes sólo se le rebajarán 35 euros. Para financiar este proyecto están planeando un sacrificio de las cajas de desempleo (el seguro de paro que es administrado por los sindicatos, y que ahora da un 80% del sueldo en caso de paro). Éste es el gran tema en la lucha sindical de Suecia este otoño.

Golpe a los sindicatos

La cuota mensual que paga cada trabajador por la participación en el seguro va a aumentar hasta 50 euros. El subsidio de desempleo se reducirá del 80% a un 70% después de 200 días de paro y a un 65% desde el día 301. Además, el nuevo Gobierno quiere hacer obligatoria la participación en el seguro de desempleo. Un investigador en el Arbetslivsinstitutet (Instituto de la Vida Laboral) ha estimado que el sindicato mayoritario LO va a perder hasta 20% de sus afiliados en cuatro años si el proyecto se lleva a cabo; el equivalente a 370.000 afiliados.

El proyecto se ha recibido con una extensa crítica, en particular de los sindicatos. Pero también de los partidos de la oposición. El Partido de Izquierda lo ha denunciado ante la comisión de la Constitución para examinarlo, ya que opina que el proyecto es antidemocrático y anticonstitucional. El sindicato TCO va a recurrir el proyecto a la Comisión Europea, con el argumento de que va en contra de la directiva de igualdad de trato por afectar más duramente a las mujeres.

Entre las centrales sindicales no hay ningún consenso sobre el carácter de las protestas en contra del proyecto. El sindicato mayoritario LO organiza manifestaciones en todo el país, pero no piensa recurrir a ninguna medida de lucha sindical. Al contrario, advierte a los trabajadores para que no sigan la huelga de SAC [central anarcosindicalista de 7.000 afiliados] que fue convocada para el día 15 de noviembre (ver recuadro), ya que no consideran la huelga como “un arma eficaz en la lucha sindical”, sino un peligro para los trabajadores individuales. También otros sindicatos han rechazado la oferta por parte de la SAC. LO llegó a amenazar a sus propios afiliados si la secundaban, cosa que hizo que SAC unos días antes del paro retirara la parte de la convocatoria que afectaba a otros sindicatos. Pero aunque LO ataca a SAC por su huelga, muchos de los sindicatos de base en LO piden a la misma central que convoque una.

Aunque el tema del seguro de desempleo es el más importante, la Alianza tiene varios proyectos reaccionarios en su agenda. Las formas del empleo precario van a aumentar, una desgravación fiscal se introduce para trabajos domésticos (es decir, asistencia doméstica subvencionada para la clase alta) y hay una propuesta de castigar a los parados ‘inactivos’. La autoridad de protección de los animales que instauró el anterior Gobierno ya se ha desmantelado. Los temas de igualdad e integración pierden prioridad ya que Suecia hoy tiene una ministra para esos temas que niega que exista una opresión estructural. También hay propuestas de reducir el derecho de aborto, más policías y la introducción de una disciplina más dura en los colegios. La política medioambiental es además totalmente inexistente.