La enfermedad de la privatización sanitaria

LA FUNDACIÓN. Inmueble de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Se espera que el fondo de inversiones de capital riesgo Apax Partners se haga con éste y otros 13 hospitales en el Estado español (ver recuadro): todo un desembarco del capital financiero./José Alfonso

Selección de pacientes por criterios de rentabilidad, oscurantismo en la publicación de los indicadores que regulan el sistema sanitario, ausencia de garantías suficientes de seguridad: son algunos de los síntomas que delatan la paulatina privatización del sistema sanitario público en la Comunidad de Madrid, según CAS Madrid, una coordinadora formada por los sindicatos libertarios CGT, CNT y Solidaridad Obrera, junto con la Plataforma Sindical de la EMT. Los ocho nuevos hospitales del SERMAS (Servicio Madrileño de Salud) van a estar diseñados, construidos, poseídos y gestionados por grupos de empresas privadas.

“Los trabajadores realizaremos nuestro trabajo bajo mucha presión para que maximicemos los beneficios, lo cual me parece muy peligroso”, explica Carmen, médico del SERMAS, quien prefiere no facilitar su apellido por temor a represalias. Estudios científicos internacionales han demostrado que los hospitales privados tienen tasas de mortalidad más altas que los centros públicos. “Se planifica en favor del beneficio de las empresas y en contra de los intereses de los pacientes. Las camas, la tecnología sanitaria y todos los servicios de los hospitales quedan sujetos a intereses meramente económicos, sólo tienen que dar cuentas a sus accionistas”, denuncia CAS Madrid.

El precedente británico

En el Reino Unido, donde estos mismos criterios llevan en funcionamiento desde hace años, multinacionales norteamericanas van a construir cerca de 100 nuevos hospitales. Cabe añadir que en el Reino Unido el gasto medio del contribuyente en sanidad ha aumentado un 72%, en cambio el Sistema Británico de Salud está prácticamente desmantelado y en la prensa se reproducen las noticias de ciudadanos desasistidos. La situación ha llegado al punto de que según informes recientes, alrededor de 100.000 pacientes británicos al año contraen infecciones en los hospitales. Otras experiencias similares en Australia o Canadá arrojan resultados parecidos. En estos países se han registrado importantes movilizaciones ciudadanas en contra de esta situación.

En el la Comunidad Valenciana, donde el PP ha sido pionero en impulsar esta política de privatización, hubo que reflotar el Hospital de Alzira con dinero público, unirle centros de salud de la comarca y sanearlo para posteriormente volver a cedérselo al grupo de empresas que lo gestionaba. “Los pacientes comienzan a darse cuenta de que ellos son lo último en lo que piensan los políticos cuando toman sus decisiones”, opina Álvaro, médico del SERMAS. CAS Madrid denuncia que los modelos de gestión privada no mejoran el funcionamiento de la sanidad e incrementa las desigualdades en el acceso. Además de señalar la importación de técnicas de gestión empresarial, primas por prestación de servicio rápido y contratación a tiempo parcial de personal sanitario suficiente. “Quien vende servicios sanitarios en un mercado quiere beneficios económicos. Están dispuestos a recortar presupuestos, y a seleccionar a aquellos individuos que suponen una menor utilización de recursos”, argumenta Antonio Gómez, trabajador del SERMAS.

CAS Madrid exige que tanto la gestión como la construcción de estos centros sean públicos para poder garantizar la solidaridad y la equidad en el servicio. “Nos parece muy grave que exista un pacto de silencio entre partidos políticos y sindicatos mayoritarios para ocultar todo esto que está ocurriendo”, señala Antonio.

En la misma línea, la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM) ha publicado a principios de mes un demoledor informe sobre la política sanitaria del Gobierno de Esperanza Aguirre. El documento presenta como maniobras políticas decisiones aparentemente técnicas como el cese en la publicación de las memorias anuales de actividad del servicio de salud, en idéntica política a la del Gobierno ‘popular’ del País Valenciano. “El Partido Popular”, denuncia el informe, “oculta el número de camas, quirófanos, urgencias, consultas e intervenciones, así como la distribución de la población y del presupuesto económico por capítulos”.

Los propios planes de control de calidad que usa la Consejería de Salud, destaca la ADSPM, están copiados de los estándares marcados para la industria por la Fundación Europea de Gestión de Calidad, “pensadas para el lucro empresarial” y no para la mejora del servicio público. La ADSPM relaciona la implantación de este modelo con un progresivo deterioro del sistema de salud, desde la atención primaria hasta los grandes centros de salud.