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Los ecologistas denuncian la situación del vertedero de Las Canteras
Ecologistas en Acción
Las estepas del sur de Zaragoza albergan un patrimonio natural de alto valor ecológico, especies ornitológicas en peligro de extinción como el rocín o muy amenazadas como el sisón, la ganga o la ortega, que todavía pueden observarse en estos parajes. El avance urbanístico, el tercer y cuarto cinturón, el paso del AVE e industrias como Sudismin SL o el polígono Empresarium han ido mermando los valores naturales de la zona. El propio Ayuntamiento de Zaragoza tiene previsto declarar esta zona como un parque natural de las estepas del sur de la ciudad, similar al declarado para el galacho de Juslibol.
Los grupos ecologistas consideran que la actividad de Sudismin "es razonable", al tratarse de la recogida y reciclado de escombros de la construcción, pero plantean que el vertedero se traslade al Parque Tecnológico de Reciclado, que cuenta con gran superficie y ha sido creado para estas actividades. Por eso han solicitado la ejecución efectiva de las diferentes sentencias judiciales denegatorias en su actual ubicación, conformes a la decisión final del Gobierno de Aragón de no autorizarla, y la restauración ambiental de las estepas que albergan especies en peligro de extinción.
Antecedentes
En 2001 la Comunidad de Montes de Torrero cedió a la empresa Sudismin SL la explotación del vertedero conocido como “Las Canteras”, sin licencia de actividad por parte del Ayuntamiento de Zaragoza por incompatibilidad con el plan urbanístico de la ciudad, que prevé un parque natural. Tampoco lo autorizó el Gobierno de Aragón (DGA) ese mismo año por idéntico motivo.
Aun con todo, la DGA aprobó en 2003 un plan de acondicionamiento de las instalaciones, cuya vigencia terminaba en 2009.
En 2006 la empresa solicitó al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) la modificación del plan de acondicionamiento y la ampliación de la tipología de residuos a admitir en el vertedero -ambas denegadas- y el juzgado de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ratificó en 2008 la posición de la DGA.
El año pasado, ante la complejidad administrativa del expediente, se sometió a la Comisión Jurídica Asesora (COJA) para garantizar la máxima seguridad legal. El acuerdo final, que fue elevado al Consejo de Gobierno, desestimó la solicitud de autorización.
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