Rodrigo Lanza, una historia interminable de injusticia

Rodrigo Lanza fue detenido, acusado de intento de homicidio y condenado tras los incidentes que en la noche del 4 de febrero de 2006 terminaron con un policía municipal gravemente herido en el exterior de una casa del barrio de la Ribera de Barcelona, donde se celebraba una fiesta. En su detención fue torturado junto a dos amigos latinoamericanos, Alex Cisterna y Juan Pinto, por la Guardia Urbana de Barcelona y los Mossos, en cuyas dependencias recibió golpes, amenazas e insultos racistas. Sus denuncias fueron investigadas por la misma juez que le condenó por agresión, quien llegó a asegurarle personalmente a Rodrigo que "aunque vengan mil más como usted, yo voy a creer a la policía".

En junio de 2007, representantes de la División de Asuntos Internos de los Mossos d’Esquadra indicaron a una delegación de Amnistía Internacional que no se había abierto ninguna investigación interna sobre lo ocurrido. Todas las pruebas de haber sufrido "graves malos tratos físicos" de este joven estudiante de Historia en Barcelona, conocido y apreciado también entre los movimientos sociales de Zaragoza, fueron rechazadas sistemáticamente y sus recursos posteriores desestimados, dándose por terminadas las investigaciones en 2008, cuando la Audiencia Provincial de Barcelona estimó que los agentes habían hecho uso de la mínima fuerza necesaria y habían obrado de manera legítima.

Imparcialidad judicial

Inicialmente, el 15 de enero de 2008, la misma Audiencia Provincial de Barcelona declaró culpable a Rodrigo y le condenó a cuatro años y seis meses de cárcel por un delito de atentado, una falta de lesiones dolosas y un delito de lesiones imprudentes. Además, se le condenó a indemnizar con 1.070.000 euros al policía local herido y a su familia. Alex y Juan también fueron declarados culpables de un delito de atentado y de una falta de lesiones dolosas, y se les impusieron sendas penas de tres años y tres meses de cárcel y una multa de 240 euros. Pero quedaron en libertad de inmediato porque ya habían cumplido más de la mitad de la condena como presos preventivos y Rodrigo fue excarcelado el 2 de febrero de 2008. Amnistía Internacional consideró motivo de preocupación el hecho de que fueran juzgados por el mismo tribunal que había confirmado el archivo de las denuncias por torturas y otros malos tratos y desestimado los recursos contra la no admisión de pruebas de descargo por el juzgado de instrucción, ya que se vulneraba así el derecho de todo imputado a ser juzgado por un tribunal imparcial, tal y como se establece en el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y en el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).

El juicio de Rodrigo Lanza en la Audiencia Provincial fue seguido por amigos, periodistas, políticos, personalidades en calidad de observadores como el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) de la Universidad de Barcelona, la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona (CDDP) del Colegio de Abogados de Barcelona, la ONG Justícia i Pau, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de Chile y representantes diplomáticos de Chile y Argentina en España. Tras finalizar el proceso, el OSPDH y la CDDP dieron a conocer sus conclusiones en sendos informes en los que se expresaba una honda preocupación por numerosas violaciones del derecho a un juicio justo. Sin embargo, la maquinaria judicial arrolló cualquier posibilidad de libertad. Incluso se denunció que los jueces protegían a la policía implicada en el caso reservándoles una sala para que conversaran los testigos antes y después de atestiguar, a pesar de que esto está terminantemente prohibido en cualquier proceso judicial. Por parte del OSPDH, su informe señaló que las declaraciones de los policías fueron idénticas hasta en la forma de expresarse.

También se hizo caso omiso en dicho juicio a los exámenes médicos que descartaban la tesis de los policías o la incongruencia evidente entre los informes periciales existentes. Cuatro peritos médicos llamados a declarar en el juicio negaron la hipótesis de que las lesiones del agente hubieran sido causadas por el impacto de una piedra que le hizo caer hacia atrás, afirmando que dichas lesiones no eran compatibles con esa posibilidad. En su opinión, la causa más probable de las lesiones había sido algún tipo de objeto que había impactado en la cabeza del agente desde arriba. Hasta la enfermera que atendió al policía herido en la calle declaró que había trozos de macetas rotas en el suelo en torno a su cuerpo. El día siguiente a los hechos, el entonces alcalde de Barcelona, Joan Clos, afirmó públicamente que una maceta caída desde un edificio había causado la lesión del agente. En el segundo día del juicio, el ex alcalde reiteró esta declaración en una entrevista televisada y señaló que se había basado en información procedente de un informe policial que le habían facilitado cuando se produjeron los hechos; un informe realizado por los mismos policías que luego acusaron a Rodrigo de lanzar una piedra contra el policía herido. El tribunal rechazó la petición de la defensa de que Joan Clos compareciera como testigo y de que se presentase como prueba el informe policial al que se refería. Este informe como tantas otras pruebas exculpatorias desaparecieron del caso.

El 3 de junio de 2009, el Tribunal Supremo vio los recursos presentados por los cinco acusados principales y algunos más. El tribunal confirmó las condenas y aumentó la pena de cárcel de Rodrigo Lanza, Alex Cisterna y Juan Pintos. A consecuencia de esto, Rodrigo volvió a ingresar en prisión en la cárcel Quatre Camins, donde continua cumpliendo condena desde el lunes 28 de diciembre de 2009.

Persecución carcelaria

Pero la persecución de Rodrigo no acabó con su encarcelamiento. El 18 de octubre de 2010, la sección 21ª de la Audiencia Provincia de Barcelona rechazó la petición de su abogado fundamentada en el art. 100.2 que permitiría a Rodrigo poder salir a trabajar de lunes a viernes. La jueza Teresa de la Concepción Costa Vayá negó la petición y no contenta con ello argumentó: “… se trata de un individuo de ideología anti-sistema en general, con una total falta de asunción delictiva, que en ningún momento de su trayectoria ha reconocido su actividad delictiva…”.

Por otra parte, la dirección de la cárcel sancionó a Rodrigo con un “parte” por el que no puede beneficiarse de permisos para salir de la cárcel a trabajar, y que según declaraciones de los Servicios Penitenciarios es un parte totalmente sobredimensionado.

Ya desde que ingresó en prisión en diciembre de 2009, Rodrigo fue clasificado automáticamente en la categoría D, la más baja para poder acceder a cualquier benéficio penitenciario. Según relata Mariana Huidobro, la madre de Rodrigo, "ha hecho todo lo que le ha aconsejado la Junta de Tratamiento compuesta de psicóloga, tutor, educadora, jurista y asistente social. Le aconsejaron que pagara una gran cantidad de dinero a la familia del policía, con la promesa de que haciéndolo salía en una semana máximo y se hizo; ya sabemos que no sirvió de mucho. Se le dijo que trabajara en la cárcel, y tiene uno de los mejores trabajos: es el jefe de limpieza del polideportivo, y tiene jornada completa. Tengo que decir que esto le impide estudiar, que es lo que nosotros queríamos que hiciera. También participa en el grupo de teatro, en baloncesto y en música los sábados. Cada una de las actividades debiera darle puntaje para la calificación, que debiera ser A por el solo hecho de tener trabajo. Rodrigo nos decía que hasta los que trabajan para él, están calificados con A y que lo peor es B. Nadie se explica que tenga una D, ni los otros presos, ni tampoco su tutor ni su psicóloga, según lo que le han dicho. Nos queda claro que no importa lo que hagamos, lo que haga o deje de hacer Rodrigo, lo que se hable o con quien se hable, en definitiva no dejarán salir nunca a Rodrigo, por uno u otro motivo, por errores de computadores o partes inventados… o hasta imagino que le pondrán droga en los bolsillos… es claro que lo quieren mantener dentro".

Ideales contra corrupción

Los cinco acusados han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que aún no ha examinado el caso. El abogado defensor de Rodrigo ha sido advertido de que si Rodrigo no reconoce el delito, será muy difícil que salga de la cárcel. Pero la madre de Rodrigo afirma: "Lo que esta gente no sabe es que mi hijo tiene principios, tiene fuerza y coraje, y que sus ideales van mucho más allá de toda la corrupción que hemos visto. No va a jugar el juego podrido que quieren que juegue".

Mariana, a través de una carta hecha pública, cuenta: "Estoy orgullosa de él, pero lloro todos los días, escribiendo esto y recordando durante la semana su mirada a través de los vidrios durante las dos medias horas de los fines de semana. Lloro porque no sé qué más hacer, a quién recurrir, porque, si es tan claro que es inocente, está preso. Lloro porque todo esto ocurrió cuando tenía apenas cumplidos sus 21 años, estudiaba, era feliz… y acaba de cumplir 25 y le quedan aún dos de condena. Y se le va a ir los veinte años encerrado… ¿para qué? ¿por qué? Lloro y tengo impotencia, rabia (algo que jamás antes sentí), amargura, un dolor que me explota en el pecho. Todo esto se debe saber. Todo esto hay que gritarlo al mundo.