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Medio Ambiente reconoce la existencia de afectados por transgénicos

Por primera vez de forma pública, el Ministerio del Medio Ambiente ha reconocido explícitamente la existencia de personas y de empresas que han sufrido los efectos de la política de transgénicos llevada a cabo por el Ejecutivo español.

Amigos de la Tierra, COAG, Ecologistas en Acción y Greenpeace
Jueves 22 de octubre de 2009.

En el orden del día de la segunda reunión del Grupo de Trabajo sobre Organismos Modificados Genéticamente (OMG) del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), convocada el pasado martes 21 de octubre por el Ministerio del Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), aparece un punto en el que se dice textualmente: “Coexistencia de maíz modificado genéticamente con maíz convencional y ecológico. Experiencias de agricultores afectados”.

En la reunión del pasado 21 de octubre, una vez más, se rechazó tratar los asuntos que las organizaciones ambientales y agrarias llevan años poniendo sobre la mesa y que se había solicitado fueran parte del orden del día. Por ejemplo, la falta de transparencia, la ausencia de registros públicos de los cultivos transgénicos, las irregularidades en el etiquetado de los alimentos transgénicos, los reiterados casos de contaminación, etc.

El lobby transgénico en el Gobierno

Estos efectos sociales y económicos de la presencia de maíz transgénico en España llevan siendo denunciados por las organizaciones ecologistas y agrarias desde hace una década. Sin embargo, los niveles de irresponsabilidad política en el Gobierno han alcanzado cotas muy preocupantes. Por ejemplo, en una reciente reunión con los colectivos ambientales y agrarios, el director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Jesús Casas, reconocía que las empresas como Monsanto “realizan una constante labor de lobby en el Ministerio” y que “los casos de contaminación por transgénicos son indignantes”. Sin embargo, Casas afirmaba también que votaba siempre a favor de los transgénicos en el Consejo Interministerial de OMG (Organismos Modificados Genéticamente) del Gobierno español, a pesar de reconocer el mismo que no entiende sobre transgénicos.

Pero a pesar de la existencia de este punto en el orden del día de la reunión de ayer, y de las afirmaciones de Casas, tanto la presidencia de la reunión como los responsables del MARM presentes en ella defendieron que los transgénicos son una opción y que el Gobierno de España no va a frenarlos. Asimismo, calificaron de acto político de dudosa validez científica aquellas prohibiciones que se están disparando en la UE.

Otra muestra de irresponsabilidad, que ha sido percibida como una afrenta histórica contra las posturas críticas con los transgénicos y contra el conjunto de la sociedad civil, ha sido la ausencia del propio Casas (quien convocó la reunión pero finalmente “por motivos de agenda” prefirió no estar presente). No obstante, fueron convocadas en bloque un conjunto de asociaciones sectoriales como ASEBIO, ANOVE, FIAB, CESFAC (algunas de las cuales se considera que ejercen como lobby de las multinacionales de los transgénicos) a pesar de no ser miembros de pleno derecho del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA). La empresa Monsanto, por ejemplo, principal responsable de las contaminaciones genéticas en el mundo y cuyo historial está plagado de escándalos, tenía varios representantes en dicha reunión, bajo siglas de al menos dos organizaciones empresariales.

La UE, ¿zona libre de transgénicos?

El sábado 10 de octubre la coalición que gobierna Irlanda publicó un acuerdo en el que especifica que se “declarará a la República de Irlanda Zona Libre de Transgénicos, libre del cultivo de cualquier planta modificada genéticamente”.

Irlanda se suma así a Francia, Austria, Grecia, Luxemburgo, Hungría, Italia, Polonia y Alemania que ya mantienen algún tipo de prohibición sobre el cultivo de organismos modificados genéticamente.

En marzo, 22 estados miembros (entre ellos España) rechazaron la propuesta de la Comisión para abolir las prohibiciones existentes en Austria y Hungría.

Sin embargo, el Gobierno sigue tolerando el cultivo a gran escala de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en territorios del todo el estado en contra de la tendencia de la Unión Europea (UE) y de la mayoría de estados miembros.

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