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La alcaldesa de La Muela sale de la cárcel en libertad bajo fianza
Maribel Martínez
Once imputaciones judiciales por graves delitos contra la hacienda pública, cohecho, malversación de caudales públicos,... cuatro meses en prisión preventiva y una fianza de 800.000 € -una bagatela para quién maneja millones-, eso es todo lo que le ha costado a María Victoria Pinilla (PAR), la alcaldesa de La Muela, volver a la vida pública como si no hubiera pasado nada.
Que cosas como éstas puedan suceder demuestra que las leyes actuales no sirven para proteger a una institución, la Alcaldía, y a todos los ciudadanos de un pueblo, La Muela, de aquellos que siendo elegidos para administrar y defender los intereses de una localidad, hacen un uso más que dudoso de ese privilegio.
No es por ello de extrañar que parte de sus habitantes se sientan escandalizados y molestos por esta situación. Máxime cuando resulta que hay un buen número de muelanos que celebran con fiestas de alto postín, cohetes y tracas la libertad de la alcaldesa.
Conocidos los detalles de la instrucción judicial y las imputaciones que por parte del juez de La Almunia pesan sobre la señora Pinilla, y otros concejales y empresarios, no parece de recibo que estas mismas personas vuelvan a desempeñar esos cargos. Y lo que es peor, dispongan de las oportunidades y el poder para seguir cometiendo delitos como aquellos por los que estan imputados.
No hay duda de que la ley permite vericuetos que conducen a finales tan vergonzosos como éste, pero parece que asumir eso por parte de la ciudadanía exige unas “tragaderas” que muchos no estan por admitir.
Es por ello que resulta escandalosa la posibilidad, aun con la asumible presunción de inocencia de los acusados -siguen frescas en la memoria las miserias y vergüenzas millonarias conocidas en las escuchas telefónicas-, de volver a ver a María Victoria Pinilla en su sillón.
Sobre todo si su permanencia en prisión no ha servido para rebajarle algo su soberbia, ni por lo que parece hacer examen de conciencia sobre las acusaciones que penden sobre ella, y pretenda seguir como si nada hubiera pasado, disponiendo del Ayuntamiento de la misma manera que hacía hasta que fue detenida.
Si la Ley de Régimen Local permite que alcaldes o ediles imputados sigan ejerciendo sus cargos en tanto que los juicios a los que deban someterse no se resuelvan y queden en su caso exonerados de toda culpa, es evidente que hay que cambiar la ley.
Mientras tanto la mejor medida, como piden IU y la Plataforma por la dignidad de La Muela, sería disolver el Ayuntamiento, hay motivos más que suficientes a pesar de lo que diga el señor Biel, y dejar su regencia en manos de una coordinadora. Es seguro que peor que lo han hecho hasta ahora no lo van a hacer.
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