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El derecho a una muerte digna

El anuncio de que el Gobierno de Aragón a través del Servicio Aragonés de Salud (SALUD) va impulsar el Testamento Vital, desburocratizando los trámites para su cumplimiento, abre vías de esperanza para los pacientes que agonizan en los hospitales aragoneses y sus familiares. Este proyecto de ley aprobado ya por el Gobierno aragonés, debe pasar ahora el trámite parlamentario. De ser ratificado deberá modificarse la actual Ley de Salud de Aragón para que se adapte a la nueva ley.

MARIBEL MARTINEZ
Miércoles 9 de diciembre de 2009.

Cuenta el estupendo periodista José Luis Trasobares su dolorosa experiencia personal acompañando en la última fase de la enfermedad a su compañera y sobre la necesidad urgente de la aprobación de una ley que regule los cuidados paliativos que se otorgan a los enfermos en los hospitales, reconociéndoles su derecho a una muerte digna, y cumpliendo de esta manera lo expresado tanto verbalmente como en un testamento vital.

Derecho a una muerte digna

Pocos son los que no han padecido como él y muy de cerca este problema que los hospitales, sus médicos y enfermeras abordan de diferente forma pero simpre amparándose en una legislación obsoleta que penaliza y castiga al médico que utiliza sus conocimientos para acortar el sufrimiento. Aún tiemblan los galenos cuando se menciona el «caso Leganés». Su postura se revela muy lejana al sentir del paciente y su familia, y muy condicionada por una religión y una filosoía basada en el sufrimiento terrenal como vía para la redención y la identificación con su dios.

Por ello se hace necesario y urgente -nos va en ello el sufrimiento y la larga agonía de miles de pacientes- la aprobación e implantación decidida y unánime de la ley que regule el Testamento Vital.

Este espinoso asunto debe de ser tratado por los partidos, instituciones y la sociedad en su conjunto. No podemos seguir delegando en los médicos la decisión sobre cómo debe ser abordado el tramo final de la vida de un paciente. No podemos dejar para otro momento la discusión de un problema que más pronto que tarde nos afectará a todos.

Tampoco podemos guiarnos exclusivamente a la hora de tomar esta decisión en la tradición, las posiciones de la Iglesia Católica o los partidos políticos. Debe ser una decisión de todos, que no solo sirva para acallar conciencias, salvar las posibles responsabilidades éticas y jurídicas de los médicos que las apliquen; sino lo más importante, deben estar guiadas a paliar, acortar y minimizar el sufrimiento y la agonía de aquellos pacientes que libremente decidan, decidamos, que no quieren que nuestro tránsito a la otra vida, si es que la hay, se convierta en la expiación y el dolor en la que algunos pocos han decido que se convierta.

Si la jerarquía católica y algunos partidos políticos lo quieren así, libres son de ejercer ese derecho, aunque sus consecuencias quedan patentes todos los dias. Todos recordamos el sufrimiento de una enferma terminal reflejado magistralmente por Javier Fesser en la película Camino. Pero la mayoría de los ciudadanos exigimos, ejerciendo tambien nuestro derecho a ello, el inalienable derecho a no sufrir más de lo necesario, a recibir cuidados paliativos, a no alargar la vida de un paciente cuando está clara la irreversibilidad de su enfermedad, en definitiva, el derecho a una «muerte digna».

El Testamento Vital que el Gobierno de Aragón pretende aprobar, recogería todo estos derechos. ¿Acaso es algo tan dificil de conseguir en estos tiempos?

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