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El Gobierno de Aragón estudia sancionar a la ARMH por exhumar una fosa
Redacción Aragón
La Dirección General de Patrimonio, dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón, remitió una carta a finales del pasado mes de julio a la ARMH solicitando un informe con las actuaciones realizadas en la fosa común de Valdearnero, en la localidad de Calatayud, para valorar si se había cometido una infracción. Los hechos denunciados se refieren a la exhumación llevada a cabo por la ARMH, el 16, 17 y 18 de julio, de los restos de Jaime Teófilo Tabuenca Pinilla y Daniel Quintana, dos sindicalistas, uno de ellos también concejal del Ayuntamiento de Calatayud, que fueron asesinados en agosto de 1936.
- Exhumación de la fosa de Calatayud, en julio de 2009. Foto: ARMHA
El protocolo de exhumación de restos humanos de la guerra civil, elaborado por la Dirección General de Patrimonio, considera "restos arqueológicos todos aquellos susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, como es el caso de las fosas comunes con restos humanos".
El vicepresidente de la ARMH, Santiago Macías, que coordinó la exhumación, señala que es la primera vez que les ocurre algo parecido en los nueve años que llevan realizando esta actividad. "No ha ocurrido ni en autonomías donde gobierna el PP", remarca. Además, denuncia que hay otras asociaciones en Aragón que han querido exhumar restos y llevan esperando más de un año la autorización, "tiempo suficiente para que algunos de los familiares, que ya son mayores, mueran".
Aragón no dedica ni un sólo euro a financiar las exhumaciones de las fosas de la guerra civil, pero en cambio dispone de un detallado protocolo de actuación. "Lo que piden es para estar una semana preparando documentación. No somos una empresa de arqueología, sino una entidad sin ánimo de lucro", defiende Santiago Macías. "Entendemos que puedan exigir requisitos las comunidades autónomas que subvencionan la exhumación, ¿pero cómo pueden sancionarnos por hacer algo que ellos deberían hacer y no hacen?", añade.
Otras comunidades sí que financian, y en el caso de Catalunya por ley, las exhumaciones. El 17 de junio, el Parlamento catalán aprobó la pionera Ley de Fosas, que obligará a la Generalitat a gestionar y financiar la apertura de fosas cuando los familiares de desaparecidos y las asociaciones de recuperación de la memoria histórica lo soliciten.
LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL
Según la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, este "está integrado por todos los bienes materiales e inmateriales relacionados con la historia y la cultura de Aragón que presenten interés antropológico, antrópico, histórico, artístico, arquitectónico, mobiliario, arqueológico, paleontológico, etnológico, científico, lingüístico, documental, cinematográfico, bibliográfico o técnico, hayan sido o no descubiertos y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o bajo la superficie de las aguas”.
Para la ARMH es lamentable que el Gobierno de Aragón quiera tratar la exhumación de una fosa común, promovida en este caso por la hija de uno de los fusilados, Esther Tabuenca, como si se tratara de un resto arqueológico anónimo que no fuera consecuencia de un delito permanente; uno de los más graves que se recogen en el derecho internacional humanitario. "Hay diferentes tipos de actuaciones arqueológicas. Cuando nosotros trabajamos, detrás están mirando los hijos. No se trata de patrimonio cultural, sino humano".
Para Santiago Macías, “la ley del patrimonio aragonés engloba un importante número de intereses pero no cita los dos más importantes con respecto a las fosas de los desaparecidos bajo la represión franquista: el interés humano, de ayudar a familiares que han padecido maltrato por parte de las instituciones que no les ayudan; y el interés por hacer justicia y reparar el daño que causaron los asesinos. Querer tratar una fosa con seres humanos, con hijos que quieren darles a sus padres una sepultura digna, como si fueran teselas de un mosaico, es una falta de humanidad”.
La carta firmada por el director general de Patrimonio, Jaime Vicente Redón, solicita a la ARMH un informe de la exhumación llevada a cabo en la localidad de Calatayud con “el fin de valorar la posible incoación de un expediente sancionador”. La realización de labores arqueológicas sin autorización se considera una infracción grave que puede estar castigada con sanciones desde 60.000 a más de 300.000 euros. El 30 de julio, la ARMH solicitó a la Consejería de Cultura del Gobierno de Aragón una reunión para tratar este asunto, proponiendo la posibilidad de elaborar juntos un nuevo protocolo más eficaz, pero no han obtenido respuesta.
DERECHOS HUMANOS
La ARMH considera que el Gobierno de Aragón está incumpliendo su propio Estatuto, que en su artículo 6, correspondiente a los derechos y libertades, asegura: “Los derechos y libertades de los aragoneses y aragonesas son los reconocidos en la Constitución, los incluidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los demás instrumentos internacionales de protección de los mismos suscritos o ratificados por España, así como los establecidos en el ámbito de la Comunidad Autónoma por el presente Estatuto”. La legislación humanitaria que trata del compromiso de las instituciones democráticas con la erradicación de las desapariciones forzadas es numerosa: Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, Resolución de Naciones Unidas 47/133 sobre Desaparición Forzada, de 18 de diciembre de 1992, etc…
"Los familiares de los desaparecidos bajo la represión franquista en Aragón carecen de la protección de su Gobierno autónomo y por eso se ven obligados a acudir a colectivos que organicen la búsqueda de los desaparecidos", señala la ARMH. Esta asociación ha llevado a cabo cerca de 150 exhumaciones, varias de ellas en Aragón (Arándiga, Illueca y Calatayud, de donde se han recuperado en total los restos de 28 personas).
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