
La conferencia sobre cadenas globales de cuidados de la economista y feminista Amaia Pérez Orozco y la inauguración de la exposición dependencias mutuas, con Rafaela Pimentel, de Territorio Doméstico, hicieron de marzo un mes ajetreado en Zaragoza. Y es que, siguiendo a Amaia Pérez Orozco, es necesario ampliar el análisis para comprender las cadenas globales de cuidados en su complejidad: a la exploración de los procesos estructurales –los sistemas de desigualdad global– es imprescindible incorporar las cuestiones micro –o cotidianas–. Además, como explica Pérez Orozco, huyendo de concepciones estáticas y reduccionistas podremos buscar los puntos de fuga y por ejemplo, apreciar que las motivaciones económicas provocadas por las crisis de reproducción social de los países de origen no son las únicas que impelen a las migrantes a partir de sus hogares, sino que las razones tienen también que ver con propósitos de vida personales y con la apertura de horizontes vitales. Del mismo modo, de las cadenas también surgen movimientos de liberación de mujeres, “no toda migrante empleada de hogar es una madre inmolada o no sólo es una madre inmolada”.
Para analizar lo micro, Amaia Pérez propone entender cómo son los hogares insertos en las cadenas globales de cuidados: el hogar de origen, al que la mujer migrante transfiere responsabilidades de cuidados al marcharse; el hogar empleador, en el que ésta se inserta recibiendo el cargo de cuidados de otra mujer que a su vez estará empleando diversos recursos para organizar el sostenimiento del hogar; y el hogar que la migrante crea en el país de destino. En el hogar de origen se generan nuevas identidades de cuidadoras: abuelas con maternidad expandida y madres adolescentes que implican la disolución de la frontera entre persona cuidadora y cuidada. Las realidades de gestión de los cuidados de los hogares de destino son múltiples, aunque prima el ajuste entre los servicios públicos, los trabajos no remunerados y el empleo del hogar.

Algo parecido ocurre con los hogares migrantes: como advierte Amaia Pérez Orozco, en ellos las mujeres tienen los mismos problemas que las autóctonas, pero con muchos menos recursos para resolverlos y con estrategias que, en muchas ocasiones, se vuelven en su contra, como sucede a menudo cuando la interna reagrupa a sus hijos e hijas en el hogar de destino. A esta dificultad se suma la doble condición que recae sobre las mujeres que migran: la de cubrir el trabajo derivado de las fallas de los regímenes de bienestar y la de migrantes, que conlleva un estatus de ciudadanía inferior.
Un ejemplo, Tramalena Aminata, senegalesa, quiere saber cuáles son sus derechos: es interna y en principio fue contratada para cuidar a una anciana. Ahora, por el mismo sueldo, está cuidando de dos; sus empleadores prescindieron de la cuidadora del segundo anciano y le doblaron el trabajo sin contraprestación a cambio. Bessie, de Nigeria, también es interna y sólo sale los domingos por la tarde. Se encuentra muy nerviosa, angustiada y con frecuentes cambios de humor.
El 20% de las usuarias del centro zaragozano de formación para mujeres en riesgo de exclusión social Tramalena son migrantes sin papeles,en parte porque allí pueden realizar cursos sin estar regularizadas, hay guardería, las actividades se realizan en horario escolar, y la asistencia es flexible según los tiempos de cada una. Isabel y Esther, trabajadoras del centro, explican que en 2008 detectaron cambios en la actitud de las usuarias: una gran necesidad de acceder al mercado laboral y de información sobre las prestaciones a las que tienen derecho.

Isabel y Esther denuncian la desigualdad que generan los propios servicios sociales: muchas veces depende del o la profesional que las mujeres puedan tramitar las ayudas existentes. Ambas creen que el sistema de servicios sociales no estaba preparado para esta crisis: ni en recursos económicos ni en volumen o calidad de sus profesionales.
Además, advierten que el certificado de profesionalidad que se quiere implantar con la Ley de Dependencia revalorizará la experiencia laboral y permitirá acceder a módulos de FP, pero segregará nuevamente a las mujeres que no puedan regularizarse o tengan un nivel de formación reglada más bajo.
Tras el encuentro mantenido en Tramalena el pasado febrero con Rafaela Pimentel, de Territorio Doméstico de Madrid, la Red de Apoyo a Sin Papeles de Zaragoza ha convocado encuentros entre trabajadoras domésticas y personas interesadas en su problemática. El objetivo es construir un espacio de relación, información, desahogo, apoyo mutuo, denuncia y diversión desde el que poder impulsar transformaciones, visibilizar las condiciones del empleo doméstico, reivindicar su mejora y buscar trabajo sin intermediaciones.
Artículo aparecido en el número 151 de Diagonal (26 de mayo de 2011).
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El empleo doméstico está actualmente regulado por el Decreto 1424/1985 del 1 de agosto, una norma discriminatoria que permite jornadas de trabajo muy superiores a las 40 semanales y salarios por debajo del mínimo interprofesional. La Asociación de Trabajadoras del Hogar de Valladolid cree que la reforma de este decreto debe incluir la obligatoriedad de que se establezcan contratos escritos, en los que consten la jornada y el horario de trabajo; jornadas máximas de 40 horas semanales, y descansos obligatorios de un día y medio por cada semana trabajada.
Boletín Radiofónico DIAGONAL 139