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Opinión | Voces contra la reforma de la Carta Magna

Di no a esta reforma constitucional

Cuando tanto se habla de la modificación del artículo 135 de la Constitución española, ese que entre otras cosas pretende poner un techo al límite de endeudamiento del Estado, surgen por doquier numerosas voces que denuncian la alevosía y estivalidad con que se ha tomado esta decisión, de espaldas al Pueblo y sin contar con su opinión.

Maribel Martínez
Sábado 3 de septiembre de 2011.
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No a la reforma constitucional

A las ya conocidas voces de numerosos políticos, algunos de ellos parlamentarios, entre los que destaca por su coherencia Antonio Gutiérrez del PSOE -ya ven que no todos son ajenos a PP y PSOE, también entre éstos ha habido opiniones discordantes-, o la de personajes de reconocido prestigio como José Luis Sampedro, se unen ahora a ellas las de organizaciones sociales, sindicatos y ONG. Todos alzan su voz contra esta reforma de “tapadillo”.

Ciertamente la actuación de José Luis Rodriguez Zapatero y Mariano Rajoy ha sido vergonzosa. Acordar la modificación de nuestra Constitución mediante una llamada telefónica, como si de dos “compadres” se tratara, abochorna e indigna a cualquier ciudadano de este país. El desprecio hacia la ciudadanía demostrado por estos dos políticos, tomando decisiones que nos atañen a todos, y más cuando de lo que se trata es de modificar los pilares sobre los que se basa nuestro Estado de derecho, demuestra de manera clara y palmaria la nula importancia que los ciudadanos tenemos para los políticos que nos gobiernan y representan.

VOCES DISCORDANTES

Contra esta alevosa reforma se han levantado las voces de quienes exigen que los cambios que se pretenden introducir se hagan mediante un referéndum. Estos días hemos asistido a numerosas concentraciones de rechazo encabezadas por IU, CHA, los sindicatos CCOO y UGT, el 15-M y Democracia Real Ya. Pero también, y tras comprobar lo fácil que puede modificarse nuestra carta, se han escuchado las de aquellos que vienen pidiendo lo que desde hace años es un clamor popular: que se reforme de una vez por todas y sin necesidad de más parches, una constitución que se ha quedado vieja y anclada en otra época, la de su creación hace 33 años.

Así, tras la carta urgente que el escritor José Luis Sampedro dirigió al Presidente Zapatero o el artículo del jurista, magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, comisionado de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra), manifestando su rechazo a esta reforma exprés, es ahora Amnistía Internacional quien pide la reforma de la Constitución a los dos partidos. Esta prestigiosa organización, a la que no se le puede acusar de casarse con nadie, ha puesto el dedo en la llaga de lo que realmente importa cuando de la Carta Magna hablamos. Ha puesto voz a ese clamor popular que dice que nuestra Constitución ya no sirve, que no recoge los avances y las necesidades en materia política y social de esta España del siglo XXI.

Como sucede en otros muchos ámbitos, la Justicia entre ellos, nuestra Constitución va por detrás de los ciudadanos. En tan solo unos pocos años se ha quedado trasnochada y caduca, necesitada de una buena reforma -algunos piden hacer borrón y cuenta nueva- que recoja esos rápidos y vertiginosos cambios sociales que han transformado al país.

Amnistía Internacional (AI) reclama que dos derechos fundamentales como son la salud y la vivienda, que ya vienen recogidos en la Carta Magna puedan ser exigidos en los tribunales. Ahora que la crisis económica y social golpea tan duramente, estos dos derechos se han visto relegados cuando no olvidados para una parte significativa de los hombre y mujeres que vivimos en este país. Más de nueve millones de pobres lo atestiguan, entre ellos abundan los emigrantes, las familias monoparentales y aquellas en las que no trabaja ningún miembro.

Para AI, el derecho a la vivienda y a la salud, tal y como se reconoce en la Declaración Universal de Derechos Humanos, deberían figurar en la Constitución bajo el título de derechos fundamentales, siendo por tanto, en su caso, exigibles en un juicio. Pretende AI que gocen de un mismo rango, equiparándose con otros como el derecho a un juicio justo o a la libertad de expresión.

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Socialistas hartos e incomprendidos por sus reformas
Autor: Carlos Azagra

Señala esta organización que en el contexto de la crisis económica son muchas las personas que han perdido su vivienda -los incontables deshaucios dan muestra de ello-, o las otras miles que viven en infraviviendas. En cuanto a la Sanidad, hasta hace poco uno de los mayores logros socialista y orgullo para muchos de nosotros, es patente su deterioro e incluso su privatización en aquellas comunidades donde manda el PP. Destaca AI que según la Organización Mundial de la Salud, OMS, y con datos de 2008, España se encuentra a la cola de los países europeos en recursos destinados a la atención de la salud mental.

Desde AI se pide que de esa deseada reforma constitucional desaparezca para siempre la mención a la pena de muerte que se mantiene en nuestra Constitución en el artículo 15 y para tiempos de guerra. Un país que se presume democrático como el nuestro, que comparte espacio dentro de la Unión Europea, no debería permitir su aplicación, prohibiéndolo expresamente y mediante un artículo que lo recoja.

Expresemos pues un no rotundo y contundente a esta medida, exijamos a nuestros políticos, esos que hemos elegido para que nos representen, que con sus votos impidan su aprobación. Tan solo hacía falta que 35 osados diputados o 26 incorruptibles senadores dijeran que no para que esa reforma no saliera adelante y se inste un referéndum como único medio para modificar nuestra Carta Magna.

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