Un grupo paramilitar que actúa bajo la cobertura del gobierno federal de Oaxaca ha atacado a una caravana de defensores de los derechos humanos en el municipio autónomo de San Juan de Copala, con el resultado de dos muertos, varios heridos y numerosos desaparecidos.
La relatora especial para los Derechos Humanos del Alto Comisionado de Naciones Unidas define a un defensor de los derechos humanos como «la persona que individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger esos derechos. Se les conoce sobre todo por lo que hacen, y la mejor forma de explicar lo que son consiste en describir sus actividades y algunos de los contextos en que actúan».
Conquistados con muchÃsmos esfuerzos y sangre, el respeto de los derechos humanos es un indicador fiable y garantista de que los paÃses que los observan están en la senda de la democracia y de promover y proteger los derechos civiles y polÃticos y en lograr la promoción, la protección y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales.
En Europa el respeto de estos derechos es algo consustancial a nuestras constituciones, su observancia está contemplada en todas ellas. Por eso valoramos altamente y en su justa medida las innumerables ventajas y prestigio que su respeto confiere a los paÃses que los observan. Damos por sentado que a más cultura, educación, gobierno democrático y civilidad, más fácil y más ineludible es el cumplimiento de esta premisa.
Evidentemente, no siempre es asÃ, y cuando vemos paÃses instalados en el grupo de los llamados del «primer mundo» que no cumplen con este mandato, no podemos sino mostrarnos irritados, atribulados y sentirnos impelidos a exigir a quienes los vulneran su inmediato cumplimiento y en su caso las responsabilidades penales y sociales necesarias para garantizar la rendición de cuentas y el fin de la impunidad.
México es un paÃs con una sólida democracia fuertemente asentada, seguramente el segundo tras Brasil con un mayor peso especÃfico de toda Centroamérica y Sudamérica. Sin embargo, desde hace años tiene un «mal ganado» puesto entre los paÃses que aunque en teorÃa disponen de una fuerte y amplia organización defensora de los derechos humanos, peor uso hace de ella. Y asà pese a su elevado número de funcionarios, no hay resultados contundentes como lo evidencia el Informe Anual 2008 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En estos momentos México ocupa el tercer lugar de este vergonzoso ránking latinoamericano, solamente precedido por Perú y Colombia. Solo en 2008 se tramitaron 1900 denuncias frente a las 437 de diez años atrás.
A la vista de estas cifras no sorprende que continuamente se conozcan noticias sobre vulneraciones de los derechos humanos en este paÃs. La última de ellas el pasado 27 de abril, cuando se conoció la muerte de dos defensores de los derechos humanos, Bety Cariño y Juri Jaakkola, integrantes de una caravana formada por maestros, colectivos sociales, periodistas y observadores internacionales de derechos humanos de Finlandia, Italia, Bélgica y Alemania, que fue atacada a tiros por un grupo de hombres armados. Los atacantes se identificaron como pertenecientes a la organización paramilitar UBISORT. Varias personas de esta «caravana de paz» resultaron heridas y otras desaparecidas, tanto mexicanas como internacionalistas.
Este grupo paramilitar cuenta con la cobertura y protección del gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, y desde hace ya varios meses se dedican a hostigar a la población del municipio autónomo de San Juan Copala y otros municipios cercanos de la región de Triqui. Este hostigamiento responde a las protestas de la población de este municipio que carece de luz eléctrica, agua o médico. Dado que las clases están suspendidas desde el mes de enero, esta caravana tenÃa entre sus objetivos el intentar la vuelta de los maestros a clase, asà como denunciar la terrible situación que viven los pobladores de esa localidad.
Han tenido que pasar tres dÃas para que el 1º de mayo, por fin, y tras inmumerables presiones de Alemania, Francia, Bélgica, Finlandia y otros paÃses, entraran en la zona fuerzas del ejército al objeto de rescatar a los heridos y localizar a los desaparecidos, ya que hasta ese dÃa el gobernador Ulises Ruiz se negó en todo momento a intervenir aduciendo que los muertos, heridos y desaparecidos no se sabÃa si eran extremistas, traficantes, turistas u otras personas. Afirmación vergonzosa que demuestra el nulo interés del representante del gobierno federal en aclarar lo sucedido y, sobre todo, buscar a los culpables, un grupo paramilitar que actúa bajo la complacencia del gobierno del estado de Oaxaca.
Desde aquà quiero recordar al nefasto gobernador del estado de Oaxaca y al gobierno mexicano el artÃculo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice: «Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión polÃtica o de cualquier otra Ãndole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición polÃtica, jurÃdica o internacional del paÃs o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un paÃs independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanÃa.»
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