Global
Territorio
Diners y Treballo
Libertades y derechos
Fotonoticias
Cuerpo
Saberes
Culturas
La Cadiera-Opinión
Humor
Buzón de la Lectora
aragon@
diagonalperiodico.net
¿Adónde nos conducen las sucesivas reformas penales?
Pedro Santisteve
Y esto a pesar del estrepitoso fracaso de estas tesis en un ámbito –el financiero– en el que los expertos se erigían como auténticos gurús: confiando todo a la propia autorregulación del mercado, y reduciendo el Estado del Bienestar al mínimo con la privatización de los servicios públicos, por una presunta (no demostrada) ineficacia de la gestión pública.
- Uno de los carteles colocados en la Marcha a Zuera, que convoca cada año la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles. Foto: Primo Romero
Las prácticas neoliberales en relación a las políticas criminales rehabilitaban de algún modo tesis ya superadas para los expertos en este ámbito por lo menos desde los años 30 del pasado siglo en EEUU: la reaparición de parámetros retribucionistas en la aplicación de las penas, la invocación de los sentimientos de las víctimas para apoyar medidas de segregación punitiva, las tesis de carácter vindicativo (“el que la hace la paga”), son ideas contrarias a ese principio orientador en el cumplimiento de las penas que prescribe nuestra vigente Constitución de 1978: la rehabilitación y/o reinserción social del infractor.
Algunos expertos califican esta época de “encarnizamiento punitivo”, dado que se puede afirmar que en nuestro país existe una cadena perpetua encubierta más dura que en otros países europeos que reconocen su existencia. La prisión, la privación de libertad como pena “reina” del sistema penal resurge de nuevo. Y ello a pesar de que los estudios sociológicos realizados en el ámbito penitenciario en los últimos años prueban que a más tiempo de prisión más posibilidades de reincidencia, o lo que es lo mismo: a mayor desarraigo social y desestructuración personal y familiar causados por la prisión, más posibilidades de que el sujeto realice en el futuro actos considerados antisociales o delictivos.
Pero esto de ir contra lo que marca la razón práctica no es casual: en estos tres lustros la clase política se ha percatado de los réditos político-electorales que se obtienen manipulando los miedos, creando alarmas sociales que, en ocasiones, desvían la atención de otros temas, o dando una falsa imagen de seguridad, al tratar cada problema mediático que surge a golpe de reforma legislativa. Atribuir a las leyes aprobadas virtualidad suficiente como para modificar la realidad es una necedad cuando éstas no vienen acompañadas de una adecuada reflexión y/o suficientes medios materiales y humanos para su aplicación.
La aplicación de esa doctrina ha causado estragos en los segmentos más débiles de la estructura social: los inmigrantes y la gente pobre en general. Si nuestro país en los años 80 se encontraba situado en octavo o noveno lugar en cuanto a tasas de encarcelamiento por número de habitantes, en la actualidad, al calor de la difusión de esa ideología plenamente punitiva, se ha conseguido que las cárceles españolas, pese a las políticas de construcción de macrocárceles (escasamente rehabilitadoras pero de pingües beneficios para algunos) vuelvan a estar al borde del colapso.
EL PAÍS EUROPEO CON MÁS PRESOS
En veinte años hemos pasado de tener 33.000 reclusos (en 1990) a cerca de 78.000 y ello pese a que España tiene una de las tasas de criminalidad violenta menores de Europa. La política de “tolerancia cero” iniciada en la “era Aznar”, sobre todo hacia la llamada delincuencia callejera, fue la que trajo consigo este aumento de personas encarceladas. Ya somos el país europeo con mayor índice de presos por número de habitantes (166 por cada 1000.000, frente a los 63 de Noruega). Además, las reformas legales aprobadas a partir de 2002 propiciaron un aumento de la cuantía de las penas, y un aumento del tiempo efectivo de cumplimiento o de estancia en prisión, al eliminarse legalmente beneficios que suponían acortamiento de la pena, o al dilatar en el tiempo el acceso al régimen abierto o tercer grado y por tanto retrasarse la libertad condicional a la que se tiene derecho en el último tramo de la condena.
Los análisis sociológicos efectuados en ese período apuntan a que ha habido un proceso de criminalización de la pobreza. Aquellas personas más indefensas, con menos recursos económicos (para defenderse), educativo-culturales (de conocimiento del complejo entramado judicial- penal-penitenciario) y sociales (apoyos para eludir la privación de libertad por penas más benignas) son las que mayoritariamente han ingresado en prisión.
Que el derecho, también el penal, es igual para todos es una afirmación incuestionable propia de cualquier Estado constitucional; ahora bien, cuestión distinta es el paso que hay de la elaboración a la aplicación de las leyes: éstas son aplicadas por un cuerpo de expertos como los policías o los jueces, cuyas vidas discurren bien alejadas de aquellos que, tal vez por estas razones, son objeto de selección por el sistema penal y pasan por un conjunto de filtros que desembocan indefectiblemente en la privación de libertad. De este modo el derecho penal, en principio igual para todos, cuando pasa a su fase ejecutiva (la de aquellos que efectivamente cumplen la pena con privación de libertad) se muestra radicalmente clasista.
Así observamos cómo en estos tiempos de la especulación, del dinero fácil, quienes han hecho su agosto, quienes han sido los causantes de esta grave crisis que estamos pagando todos, se han librado de la investigación y de la persecución de los graves delitos cometidos: abuso de funciones propias del cargo, alteración del precio de las cosas, estafa, quiebras fraudulentas, blanqueo de capitales, evasión de impuestos, contrataciones ilegales, imposición de acuerdos abusivos y un larguísimo etcétera. El ingreso en prisión en el caso Madoff en EEUU no deja de ser más que una anécdota en ese maremágnum depredatorio al que nos han sometido miembros de las élites financieras.
La situación descrita debería tomar un cambio de rumbo. Algunos expertos en nuestro país ya lo han apuntado: la recién creada plataforma “Otro Derecho Penal es posible” apunta las líneas de acción que un Estado que se denomina Social y de Derecho debería seguir: explorar otro tipo de respuestas (por ejemplo, la mediación), difundir los efectos del sistema penal sobre la vida de las personas (ya sean acusados o víctimas), racionalizar y humanizar el funcionamiento de las agencias policiales, judiciales y penitenciarias para que generen la mínima imprescindible violencia, se garantice el respeto a los derechos humanos de los infractores y se protejan los intereses de las víctimas.
Esto no se puede hacer si no existe un auténtico debate ciudadano, un análisis y toma de postura por parte de la ciudadanía sobre un tema al que no puede estar por más tiempo ajena, dado que los altísimos costes en términos culturales (de percepción de la vida social, del papel del Estado…), sociales (políticas de inclusión/exclusión) y económicos (más cárceles, más inversión en “seguridad”) que comporta el mantenimiento del actual sistema, los pagamos todos.
Pedro Santisteve es abogado penalista y profesor de Derecho de la Universidad de Zaragoza.
*Artículo publicado en el número 87 de la revista La Calle de Todos.
Delicious
Meneame
Facebook
TwitterPortada en papel nº 171
Boletín Radiofónico DIAGONAL 139
RSS