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A propósito del debate sobre una posible reforma fiscal
Javier Gimeno
En las últimas semanas ha irrumpido en el debate público la propuesta del Gobierno sobre una posible reforma fiscal. La crisis económica ha reducido de manera drástica los ingresos del Estado vía impuestos (tanto directos como indirectos), y a la vez ha obligado a las diferentes administraciones, sobre todo la central, a incrementar el gasto público con el fin de estimular la economía (Plan E, ayuda para la compra del automóvil, etc.) así como para hacer frente a las prestaciones por desempleo. Este incremento del gasto se ha visto acrecentado además por medidas como el "regalo" de los famosos 400 euros. Como resultado de esta ecuación (más gasto y menos ingreso) se ha disparado el déficit público, que ya alcanza el 9% (el límite para acceder al euro era del 3%), lo que obliga al Gobierno a modificar los factores de la ecuación, es decir, a reducir gastos y a incrementar ingresos.
Antes de analizar la actual, y nada concreta, propuesta de reforma fiscal del Gobierno encaminada a incrementar los ingresos, hagamos un repaso de la política fiscal realizada hasta el momento por el ejecutivo de Zapatero. España es uno de los países con menor presión fiscal de los países de la OCDE, y desde luego se encuentra a años luz de los países nórdicos, que son los que mejores servicios sociales tienen y, “casualmente” también, los que mayor presión fiscal soportan (aunque a la vista de los resultados la palabra correcta sería ’disfrutan’). A pesar de esta realidad, desde su llegada al Gobierno el PSOE ha reducido significativamente el impuesto que grava a los más ricos, puesto que ha reducido el impuesto de sociedades, que pasó del 45% al 42%, ha bajado los tipos máximos de IRPF y ha eliminado el impuesto de patrimonio. Es decir, la política fiscal del gobierno “socialista” hasta la fecha se ha basado en bajar los impuestos a los más ricos. Y puesto que el Estado requiere ingresos para hacer frente a sus gastos, se han incrementado los ingresos vía impuestos indirectos. Es decir, se han reducido aquellos impuestos que gravan más a los más ricos y se han incrementado aquellos que, con independencia de nuestros ingresos, pagamos todos por igual.
Y ahora resulta que, con un discurso en apariencia “progresista”, nos dice el Gobierno que hay que incrementar los impuestos para que los que más tienen sean solidarios con los que más están sufriendo la crisis. Sorprende este anuncio cuando hasta ahora ha hecho lo contrario, por lo que la pregunta que uno puede hacerse es: ¿dará un giro de 180 grados en su política fiscal? Es pronto para saberlo, pero la propuesta de incrementar del 16% al 18% el IVA indica lo contrario, es decir, que se seguirán incrementando los impuestos indirectos.
Es preciso defender el papel del Estado como redistribuidor de la riqueza. Jamás el sistema capitalista podrá ser justo, pero al menos el Estado puede reducir las desigualdades e injusticias que produce el mercado. Un Estado Social que garantice unos servicios universales, públicos, gratuitos y de calidad debe ser financiado a través de una fuerte presión fiscal que grave más a los que más tienen. El debate nunca ha sido sobre si bajar o subir los impuestos, como pretenden hacernos creer, sino sobre quién tiene que pagarlos.
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