MADRID // LA MALA GESTIÓN DE LA COMUNIDAD PONE EN RIESGO ESTE DERECHO FUNDAMENTAL
Los abogados del turno de oficio se movilizan por la justicia gratuita

Los abogados y abogadas del turno de oficio
de la Comunidad de Madrid están defendiendo
su caso más importante: la dignidad
de su labor. Desde hace meses se están
movilizando para plantar cara a la
Consejería de Presidencia, Interior y
Justicia a la que acusan de pretender la
privatización indirecta de un derecho fundamental
como es la justicia gratuita. En
juego, la asistencia legal en comisarías y
juicios para quienes no tienen ingresos suficientes
para un abogado particular.

- La privatización del servicio de traducción judicial

12/04/11 · 8:30
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“El modo en que se ejercen las competencias
autonómicas sobre Justicia
dice mucho del lugar en que cada
Comunidad sitúa valores claves para
la convivencia social: el principio de
igualdad, la tutela judicial efectiva, el
derecho a la Justicia Gratuita. (...)
Madrid gestiona sus competencias
sobre la justicia con una indolencia y
un desinterés que no tienen parangón
”.

Este es el duro diagnóstico que
nueve jueces de la Comunidad de
Madrid hicieron público, el 10 de
marzo, en un artículo de opinión publicado
en un diario madrileño. Entre
otras críticas afirmaban: “El turno de
oficio es uno de los peores gestionados
y los afectados no son sólo quienes
ejercen la abogacía y tardan meses
en cobrar sus servicios: la calidad
de la justicia gratuita se devalúa progresivamente
en un camino con
pocas posibilidades de retorno y plagado
de amenazas de recortar derechos
ciudadanos”.
Precisamente en defensa del sistema
de Justicia Gratuita los abogados
y abogadas del turno de oficio llevan
meses de protestas.
Protestas que se
dirigen contra la Comunidad de Madrid
(CAM) y contra su consejero de
Interior y Justicia, Francisco Granados.
Protestas en las que que se
mezclan tanto reivindicaciones económicas
como sociales.

“Mercantilización del derecho”

Respecto a las reivindicaciones económicas,
Silvia Hervás, coordinadora
de la comisión del turno de oficio
de la Asociación Libre de Abogados
(ALA), explica que básicamente son
“cobrar por nuestro trabajo, actualizar
los baremos, que llevan congelados
desde 2003; y que nos paguen
actuaciones que ni siquiera están
cuantificadas”.
La Comunidad lleva varios años
retrasándose en el pago de las cantidades
destinadas a sufragar el trabajo
de los más de 4.000 abogados del
turno de oficio madrileño. Mientras,
estos letrados han trabajado y siguen
trabajando sin cobrar. Los retrasos
han alcanzado, “un año entero y en
teoría nos tienen que pagar a trimestre
vencido”, asegura Hervás.

La CAM, que llegó a deber 30 millones
de euros a los abogados
, pagó el pasado
24 de febrero el 90% de esta
deuda. Pero a fecha de hoy todavía
no ha pagado el 37,44% pendiente
del cuarto trimestre de 2010.
Otra de las reivindicaciones es la
actualización del IPC en los baremos
–lo que significaría un incremento
del 23,4% de los honorarios–, junto
al pago de determinadas actuaciones
profesionales que no se tienen en
cuenta como, por ejemplo, los desplazamientos.
Los abogados de turno
de oficio se quejan de que en
Comunidades como Cataluña o el
País Vasco se pagan actuaciones que
en Madrid no se pagan, o si se hace,
existen unas diferencias económicas
importantes. Por ello, una de sus reclamaciones
es que se equiparen sus
retribuciones a las de la Comunidad
vasca, que el pago sea puntual y que
la Administración abone intereses
por la demora.

A este respecto, Luz
Molano, abogada del turno de oficio
de Extranjería, sostiene que la CAM
les acaba de pagar porque “van a ser
las elecciones. Pero ya sabemos que
todo lo que hagamos este 2011 no lo
vamos a cobrar porque ya no hay
presupuesto
, se lo han gastado todo
en pagarnos lo atrasado”.
Pero sus reivindicaciones no sólo
son económicas. Denuncian que la
Consejería de Justicia está llevando
a cabo una externalización del servicio
,
lo que supone una forma indirecta
de privatización. Una manera
de hacerlo, por ejemplo, es a través
de “franquicias como Legálitas”, según
Hervás, “o a través de asesorías
que la CAM pone como gratuitas para
migrantes o víctimas de violencia
de género”. María Jesús Monjas,
también del turno de oficio, asegura
que con la excusa de que la justicia
gratuita “sale muy cara”
, se está recurriendo
a “grandes despachos con
abogados sin ninguna experiencia
[“a becarios”, interviene Molano], a
los que les pagan poco”.

Según sostiene una portavoz de la
Consejería de Justicia “desde 2003
–año en que la CAM recibió las transferencias
en esta materia–, el coste
de la justicia gratuita se ha multiplicado
por cinco”. Y el presupuesto ha
pasado de nueve a 50 millones de euros.
Según la misma fuente, ese incremento
se debe, “entre otras cosas”,
a la asignación “por premura”
de un abogado de oficio, “tengas o
no tengas ingresos suficientes”, en el
caso, por ejemplo, de los juicios rápidos
de tráfico. Por eso, sostiene, la
CAM quiere cambiar esta situación:
“ahora mismo, no se está exigiendo
que demuestren si tienen ingresos o no”. Paradójicamente, quien toma
la decisión final de la designación o
no de un abogado de oficio es la Comisión
de Asistencia Jurídica Gratuita,
un órgano de la Comunidad
de Madrid, en base a los trámites
del Colegio de Abogados. En este
sentido, para Endika Zulueta, abogado
con más de 20 años de experiencia
en el turno de oficio y miembro
de ALA, el argumento del aumento
del gasto “hace que puedan
concluir que el sistema no funciona
y haya que buscar una alternativa:
la privatización”. Pero Zulueta declara:
“su proyecto [el de la presidenta
de la Comunidad, Esperanza
Aguirre] es mercantilizar un derecho
fundamental”.

Nuevas movilizaciones

Los letrados del ámbito de extranjería
añaden a las peticiones una
muy concreta: que el tratamiento
jurídico sea diferente para realidades
diferentes
; es decir, que a una
persona sin papeles no le obliguen
a acreditar una documentación y
una vida laboral que no puede documentar.
Al respecto, la portavoz
de la Consejería niega un trato injusto
y sostiene que se le exige lo
mismo “a cualquier ciudadano del
mundo; nosotros no hemos dicho
‘en el caso de los inmigrantes sin
papeles’”.

Sin embargo, Juana
Malca, presidenta de la Asociación
Profesional de Abogados de Extranjería
de Madrid (APAEM),
considera este requisito “xenófobo
e incongruente, por vulnerar
los derechos al tratar igual a los
[jurídicamente] desiguales”.
Malca considera una “contradicción”
exigir estos papeles “porque,
normalmente, son extranjeros con
un expediente de expulsión por
carecer de documentación”. Como
no pueden cumplir con estos requisitos,
no se les designa ningún
abogado a pesar de que “la Ley de
Extranjería establece la asistencia
de un letrado”. Así se ha reducido
un 42% la asistencia jurídica gratuita
para inmigrantes.
Además los abogados del turno
de oficio, no perciben honorarios
si consiguen que el inmigrante sin
papeles no ingrese en el Centro de
Internamiento (CIE)
, ya que es innecesario
interponer recurso de
apelación. Si, por el contrario, el
juez decreta el encierro, tampoco
les pagan las visitas que realizan.

Los abogados del turno de oficio
de la Comunidad de Madrid
llevan protestando desde hace
años, pero desde febrero han intensificado
sus movilizaciones.
Han protagonizado concentraciones
frente a la sede de la CAM o
ante los Colegios de Abogados de
Madrid y de Alcalá de Henares. El
15 de marzo se encerraron en la
sede colegial de Madrid. Inicialmente
ese día 15 tenían previsto
suspender el turno de oficio.
El inicio por parte de la CAM de
una negociación frenó la protesta.
Sin embargo, para Hervás, “entendemos
que no se han cumplido
todas las reivindicaciones, aunque
nuestro Colegio ha decidido no
suspender el servicio. Pero estamos
aquí para recordarles que no
han cumplido”.
Sobre la actitud del Colegio, Zulueta
destaca: “en la Junta del Colegio
no hay ningún abogado que
pertenezca al turno de oficio y ello
implica también una falta de sensibilidad
respecto al problema”.
Aún así, se muestra decidido en la
defensa de la justicia gratuita, y
sentencia: “Las personas que creemos
firmemente en el derecho de
defensa para todos los ciudadanos,
incluyendo los pertenecientes
a las clases sociales económicamente
más desfavorecidas, no vamos
a permitir esta privatización.
Es una lucha de todos. Los abogados
vamos a aguantar el envite.
Que no lo duden”.

El fantasma de la privatización
Según denuncian los abogados, el fantasma que planea detrás de la estrategia de asfixia del Turno de Oficio no es otro que la privatización de este servicio público. Pese a que el consejero de Justicia, Francisco Granados, ha negado la intención privatizadora por parte de la Comunidad de Madrid, hay datos que demuestran lo contrario.
En 2009, la Comunidad firmó un convenio  -que no se sacó a concurso público- con uno de los grandes despachos de abogados de Madrid, Cremades & Calvo-Sotelo, para impartir cursos sobre derechos de los inmigrantes a pesar de que existe un servicio prestado, además de por algunas asociaciones y colectivos de barrio, por el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) a Extranjeros del Colegio de Abogados de Madrid.
Otro indicio fue lo sucedido con el SOJ de Mayores, que fue sacado del servicio de Justicia Gratuita para concedérselo a la empresa de abogados Legálitas, conocida por brindar un servicio irregular de asistencia telefónica. Ese acuerdo de privatización del SOJ de Mayores fue paralizado gracias a las movilizaciones de los abogados de oficio en febrero de 2009.

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