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¿Y si el juez da la custodia a un abusador?
Julia Gas (Madrid)
- Foto: David Fernández
Raquel es una madre que está luchando por la custodia de sus hijos. Pero si los jueces siguen como hasta ahora, su hija Noelia podría ser entregada a la familia de su progenitor, que, presuntamente, ha abusado de ella. Es un caso más de la aplicación del mal llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP) por tribunales españoles en litigios por la custodia de menores cuando se ha denunciado violencia de género o, incluso, abusos sexuales por parte de uno de los progenitores.
Tal supuesto síndrome –cuyo nombre original fue “síndrome de la madre maliciosa”– consiste en culpar a la madre de lavar el cerebro al menor para que rechace estar con el progenitor. Para contrarrestar dicha manipulación, sus apologetas incluso recomiendan al tribunal dejar al menor bajo la custodia del acusado de abuso.
El inventor de esta teoría fue Richard Gardner, un psiquiatra estadounidense, acusado de pederastia, que se suicidó en 2003 antes de ser condenado. Aunque el SAP no ha sido reconocido como trastorno –por ejemplo la Organización Mundial de la Salud o la Asociación de Psicólogos Americana, instituciones de referencia internacional, lo ignoran–, algunos jueces españoles le han dado validez. No sólo aceptan informes en los que se alega la existencia del SAP, sino que, en base a éstos, llegan a retirar la custodia a las madres.
Esta vez es Raquel la “madre maliciosa”. Se quedó embarazada, explica, durante una relación que mantuvo a escondidas debido a que ella ya era madre soltera y la familia de él muy conservadora. Cuando su pareja supo del embarazo, decidió poner fin a la relación y no reconocer a Noelia como hija. Cuando la niña tenía dos años, Raquel consiguió que las pruebas genéticas le dieran la razón y él tuvo que asumir su paternidad. Firmaron un convenio regulador con régimen de visitas y pensión de manutención.
Un año más tarde Noelia empezó a quejarse de infecciones vaginales y anales que fueron achacadas entonces a la falta de higiene en el baño del colegio. Cuando la niña tenía cinco años le contó a Raquel que su padre la tocaba.
“Sácame de aquí”
Fue en un hospital de Madrid donde recomendaron a Raquel que lo denunciara en el Grupo de Menores de la Policía Nacional (Grume). Desde ese momento, Raquel, que prefiere no dar su apellido, comenzó a incumplir el régimen de visitas para proteger a su hija. Por estos desacatos a la decisión judicial ha tenido que hacer frente a numerosas multas económicas.
Pese a las declaraciones de la niña y de las infecciones tras su estancia con su padre, el juzgado decidió imponer un régimen de visitas tuteladas en un Punto de Encuentro Familiar (PEF). Al principio Noelia entraba obligada, pero con el tiempo se negó en rotundo a asistir a esos encuentros.
Al cabo de treinta minutos, la niña salió del edificio corriendo y gritando “vámonos, sácame de aquí”
El domingo 25 de septiembre, Noelia debía ser entregada a la abuela paterna, aunque el tribunal impuso la condición de que el progenitor no pernoctara bajo el mismo techo. Una decisión judicial que no sólo implicaba la separación de la madre, sino también separarse de su hermana mayor, cambiar de colegio, de grupo de amigas y de psicóloga. Para solidarizarse con Raquel y Noelia un grupo de unas 30 personas se concentraron junto a la puerta del Punto de Encuentro Familiar. Noelia entró nerviosa de la mano de su hermana y de su tía, pero al cabo de 30 minutos la niña salió del edificio corriendo y gritando “vámonos, sácame de aquí”.
Finalmente pudo regresar a casa a la espera de una nueva notificación, pero ahora ésta ya tiene fecha: el 9 de octubre. Al cierre de esta edición Raquel desconocía si es para una visita o para la entrega definitiva.
Hasta el día de hoy, las denuncias por los abusos sobre la menor han sido archivadas de manera provisional tanto por un Juzgado de Primera Instancia como por la Audiencia Provincial. Y el abogado del progenitor, por su parte, seguirá utilizando el SAP para explicar el rechazo de la niña a ver su padre. Aunque el juzgado, en sus autos, no nombra específicamente dicho trastorno, lo menciona con eufemismos como “graves interferencias de la madre”.
Fátima Urzanqui, una de las psicólogas que fue a la concentración de solidaridad, destaca que “al no permitir pernoctar al progenitor en la misma casa, se puede entender de forma tácita que es un riesgo para la menor; pero no se puede controlar si duerme o no”. Y remacha, “además, es absurdo pensar que los abusos sólo se pueden producir de noche”.
El pasado noviembre cuatro mujeres con circunstancias similares protagonizaron un encierro de protesta en Madrid y realizaron diversas actividades para sensibilizar y visibilizar esta situación. Pero “el sufrimiento y el desgaste que este tema produce evita que pueda haber la unión necesaria entre las mujeres afectadas”, se lamenta una de ellas que prefiere ocultar su nombre. Sin embargo, siguen teniendo fuerzas. Las tres decenas de personas que apoyaron aquel domingo a Raquel y a Noelia fueron convocadas sin organizaciones intermediarias.
Raquel y Noelia siguen en la cuerda floja, al igual que los –al menos– 200 casos de menores más en el Estado español en cuyas sentencias se aplica el SAP, según los últimos datos del informe del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. “Pero –se interroga Urzanqui– ¿cómo va a reparar el sistema judicial el daño causado a estos menores?”
“CONSTRUCTO PSEUDOCIENTÍFICO”
Tras el encierro el pasado noviembre en Madrid de varias mujeres para llamar la atención sobre su situación, sus propuestas “no se han conseguido“, confirma Teresa —nombre ficticio de una de las madres que participó en él—.
Reclamaban, entre otras cosas, incluir en la Ley contra la Violencia de Género a los menores como víctimas directas de tal violencia, “la retirada de la patria potestad al maltratador” tras sentencia firme y que no se admitan teorías acientíficas en procedimientos judiciales de malos tratos o abusos.
Por su parte, el extinto Ministerio de Igualdad comenzó una investigación que terminó publicando el Ministerio de Sanidad, llamada “Informe sobre el supuesto Síndrome de Alienación Parental”.
Este trabajo, realizado por expertos y profesionales en temas psicológicos y jurídicos, pretende “desbrozar el intrincado constructo pseudocientífico que tanta repercusión está teniendo en la vida social”.
A modo de conclusión, presenta una serie de recomendaciones dirigidas entre otros al Ministerio de Justicia, a quien sugiere dar formación a equipos forenses y psicosociales.
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