Y la calle se nos fue...

Pasada la media noche las calles y plazas de Sevilla van quedando desiertas. No queda nadie, ya que las rondas de la policía no permiten detenerse. Se ha de circular. En tiempos la ciudad hervía, ahora hay grupos dispersos vagando sin posibilidad de confluencia. Los más, agotan resquicios escondiéndose en callejones y soportales por el centro de la ciudad, se apiñan en locales no acondicionados y con horas de cierre inauditas o salen por los territorios baldíos de las periferias. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Hace tres años, el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía. Era una ley clonada de otras que, como un virus, se propagan cerrando los intersticios de nuestro sistema de libertades y derechos. Se presentó al vulgo como respuesta a “la botellona”, que llevaba un tiempo siendo el agujero en el saco de las pequeñas preocupaciones ciudadanas: ebriedad, drogadicción, disolución de la moral y las buenas costumbres, falta de autoridad, quiebra de valores, fallo de las instituciones de socialización, contaminación, vandalismo, desorden público, inseguridad ciudadana o deterioro crítico de la convivencia entre un largo etcétera. Este “problema” venía arrastrándose legislatura tras legislatura, siendo una singular herramienta de gobierno pues servía, entre otras aplicaciones, como piedra de toque para una gestión eminentemente securitaria de la fiesta y la vida en la calle. Pero ya entonces, en la entrada del invierno del año 2006, las problemáticas implicadas bajo ‘la botellona’ estaban en trance de desactivarse, gracias al éxito de las políticas represivas. La ley no vino sino a celebrarlo y sellar el terreno conquistado. Para saber de qué hablamos, baste su artículo 3. “Prohibiciones. a) La permanencia y concentración de personas que se encuentren consumiendo bebidas o realizando otras actividades que pongan en peligro la pacífica convivencia ciudadana fuera de las zonas que el Ayuntamiento haya establecido como permitidas”. Únicamente por medio de su aplicación conoceremos hasta dónde llega la ley, y cuáles son esas “actividades” peligrosas.

Dinámicas heredadas
En otros territorios del Estado se habían restringido los encuentros interpersonales en los espacios públicos y encauzado ciertos fenómenos tumultuosos, pero en Andalucía la fuerza de la vida de calle constituyó un ejemplar desafío para las autoridades, siendo tan modélica su actuación como restrictiva la ley, que sobresale por ello entre las normativas análogas.

Hasta 2006, la Junta de Andalucía se había negado a prohibir “el consumo de alcohol en la calle”, medida propia de una autoritaria derecha. La vía trazada era otra –modificaciones de la Ley de Drogas y la Ley de Espectáculos Públicos–, y daba buenos frutos. Pero las dinámicas heredadas –tras cada fin de semana teníamos el mismo espectáculo representado por un reaccionario movimiento ciudadano, vigilantes medios de comunicación, la oposición política de turno y la autoridad, compitiendo unos y otros por mostrarse los más firmes– impidieron que “la botellona” desapareciese del debate público. El PSOE y la Junta de Andalucía, ante un asunto que, reducido a su mínima expresión no debería ser difícil de erradicar, calibraron positivamente la rentabilidad de abandonar anteriores posiciones antiprohibicionistas y de dar unos pasos más.

El momento llegó con la insólita jornada del 17 de marzo de 2006, cuando fue alentada desde los medios de comunicación una competición a escala estatal por la mayor “macrobotellona”. Ante la inducida alarma social, el sentido común aprobaría cualquier medida: el grueso del trabajo estaba hecho, años apuntando en la misma dirección. Salvando el revuelo orquestado, fue un viernes cualquiera, los jóvenes salieron de marcha. Allí donde estaban prohibidos estos agrupamientos en los espacios públicos la ocasión cobraba especial significación, pero únicamente en Barcelona y Zaragoza se dieron los previstos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, protagonizados en los medios de comunicación por jóvenes “radicales”. Se confirmaba la gravedad de la amenaza contenida en “la macrobotellona” y la necesidad de ajustes. El Parlamento andaluz, por su parte, comenzó a tramitar por vía de urgencia una nueva ley.

Saldría sin obstáculo alguno seis meses después. El grupo parlamentario de IU llamó a la desobediencia civil el mismo día de su aprobación, pero para su posterior aplicación en los municipios será preciso su concurso. Todos festejaban el anuncio de la solución final ¿Y los directamente implicados, “los jóvenes”? Pese a lo arraigado de los modos de estar en la calle puestos en la picota, no se dieron incidentes dignos de mención, más allá de los repetidos excesos cometidos por las fuerzas de seguridad. Solamente se enfrentaron a la ley quienes tenían una trayectoria de lucha, un porcentaje mínimo entre los jóvenes pero que podían haber sido el necesario catalizador. No lo fueron. El sector de la juventud más politizado se había mantenido al margen, mientras los más fueron, año tras año, acosados en sus espacios y tiempos de ocio. Los primeros no intervinieron porque eran sus modos de esparcimiento distintos y porque, resumiendo, no tenían nada que ver los unos con los otros. Cuando, con la aprobación de la ley llega la definitiva torsión legal y una ofensiva policial sin precedentes, tomaron conciencia de cuánto estaba en juego pero ya con la partida prácticamente perdida. Se constituyen asambleas y plataformas en defensa del espacio público, ejecutando las habituales escenificaciones de la protesta, las “reclamaciones de la calle” que palidecen ante la envergadura de las anteriores subversiones callejeras que se registraban espontáneamente cada fin de semana. Nunca se pretendió la movilización del grueso de la juventud, “niñatos de la botellona”, pero ¿hubiera sido posible? La oportunidad se perdió, y al poco hubo que hacer frente al siguiente recorte de libertades, de unas movidas pasamos a otras, son tiempos oscuros. La ley llegó cuando estábamos maduros, tras años de calculado trabajo, para otra vuelta de tuerca más. Lo relevante no es ni sus detonantes, ni el cuerpo legal existente ni los cambios que son introducidos, sino que hay que recordar, una vez más, que casi todo debe ser perseguido y que se puede ir tensando a la población llevándola al máximo de represión que en cada momento pueda soportar.