Parapetadas entre montañas, las minorías étnicas -y, entre ellas, el pueblo uigur- sobreviven como pueden al acoso del Gobierno central, víctimas de un “genocidio físico y cultural”. Los entrecomillados son de Justin Wintle, autor de la Rouge Guide History of China. Sólo él, un puñado de activistas pro derechos humanos y algún sinólogo concienciado se han atrevido a penetrar en uno de los agujeros negros del gigante asiático, que ha hecho del secretismo una práctica habitual en todos sus asuntos internos políticamente incorrectos.
“Los taxistas no recogían a los clientes uigures, para viajar en autobús necesitaban el carné de identidad, los soldados les pedían continuamente los documentos y había gente que incluso les escupía en la cara. Nunca había visto tanta discriminación en mi vida”, explica a DIAGONAL una inglesa vinculada al mundo universitario que prefiere no desvelar su nombre.
La ‘nueva frontera’
La discriminación y la represión viene
de lejos, pero se generalizó tras
la guerra civil que llevó al Partido
Comunista al poder. Históricamente,
Xinjiang, la Nueva Frontera, fue
sometida al capricho del invasor de
turno, pero la importancia de este
territorio desértico se multiplicó con
el descubrimiento de recursos minerales
y energéticos. El oro, la plata,
el carbón o el petróleo espolearon
la voracidad del Gobierno chino,
que -ante la URSS- también se
percató de su importancia estratégica
y geopolítica.
Desde 1949, los pueblos del lugar sufrieron una campaña colonizadora y de militarización que provocó que los indígenas turquíes, principalmente musulmanes, se convirtieran en ciudadanos de segunda clase. Casi tres décadas después, la región contaba con 17 millones de habitantes, pero la presencia de uigures -la minoría más numerosa- tan sólo representaba un 47% de la población, frente al 42% de chinos, casi todos de la etnia han. Las estadísticas, en todo caso, son poco fiables y en este momento el porcentaje de chinos podría ser mucho mayor, mientras que la presencia de kazakos (7% en 1997), kirguís, tayikos o uzbekos sería casi anecdótica.
Las discriminaciones a las que los uigures se enfrentan cada día son múltiples: los puestos de trabajo son ocupados por chinos, la lengua uigur es vilipendiada en el ámbito laboral y educativo, la política de natalidad “una pareja, un hijo” vulnera sus teóricos privilegios como minoría, el derecho de reunión no existe y la práctica del islam es perseguida.
Según un informe de Amnistía Internacional, el Gobierno chino ha calificado como “actividades separatistas étnicas” las peticiones de mayor autonomía para la región y el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión, asociación y religión. “Desde mediados de los años ‘90, han sido ejecutados varios cientos de uigures y miles más han sido detenidos, encarcelados tras juicios sin garantías y torturados”. Para comprender la invisibilidad de este pueblo y el silencio de la comunidad internacional, habría que tener en cuenta dos factores: China como (futura) superpotencia y la onda expansiva del 11 de septiembre.
En primer lugar, el ansia de mantener relaciones comerciales con el país asiático, cada vez más abierto al capitalismo, ha llevado a muchos países -y multinacionales- occidentales a pasar por alto la poca atención que el Gobierno chino presta al respeto de los derechos humanos.
No menos importante es el efecto 11-S, que le ha servido al Gobierno para establecer relaciones entre el terrorismo islámico y los grupos independentistas locales, así como para reforzar la represión contra toda forma de disidencia en la zona. Amnistía Internacional critica que países como Nepal o Pakistán extraditasen a varios acusados de actividades “separatistas” o “terroristas”, aún habiendo sido reconocidos como refugiados ante el “peligro de sufrir torturas y ser ejecutados”. El problema, según AI, es que el término “organización terrorista” no está definido en la ley china y, dado su carácter ambiguo, podría englobar a la “oposición política pacífica o a grupos religiosos”.
El profesor de la Universidad Libre de Bruselas Roland Lew, citando a Vincent Fourniau, apuntaba en Le Monde Diplomatique otra razón de la escalada represiva: los efectos desarticuladores de la reconversión económica y estructural del país habían sido camuflados por el gobierno de Pekín, a finales de los años ‘90, bajo una capa de fervor patriótico y de un marxismo-leninismo vacío de contenido. “Se encuentra esta postura ferozmente nacionalista en la política, particularmente represiva, ejercida contra las gentes no pertenecientes a la etnia han, irredentistas, muy especialmente en el Tíbet y en Xinjiang”.
Hace apenas un lustro, Christian Tyler devolvió a la actualidad el conflicto de la región autónoma con la publicación de Wild West China: The Taming of Xinjiang, donde critica con dureza la “domesticación” a la que se ven sujetos los nativos y explica que, en el último medio siglo, unos doce millones de chinos ocuparon el territorio, a menudo bajo coacciones, para disgusto de la población uigur.
Delicious
Menéame
